La interpelación del señor Bouvier

Natalia Buira

La interpelación del señor Bouvier

El 9 de octubre el señor Jean Michel Bouvier dirigió una carta abierta a las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales de la Provincia de Salta. En esta carta anuncia su próxima estancia en la provincia a partir del 15 de diciembre, cuando llegará con exigencias.
Pide la reapertura del caso del femicidio de su hija Cassandre y de Houria Moumni. Expresa que si la Provincia de Salta se empeña en no actuar hace saber que está dispuesto a dejar de confiar en la Justicia y aceptar la justicia personal haciendo referencia al francés André Bamberski quien en 2009 organizó el secuestro del médico Dieter Krombach, casado con la exmujer de aquel y que había aplicado un medicamento letal que causó la muerte de su hija adolescente, Kalinka Bamberski. El dolorido padre hizo traer por la fuerza y en forma privada al padrastro desde Alemania a Francia con el fin que fuera juzgado y condenado en Francia. Bouvier aclaró que poco le importa terminar encarcelado de por vida para que se le haga justicia a su hija.
Interpelación
Esta carta abierta no sólo interpela a los tres poderes de la Provincia: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino también al Ministerio Público Fiscal y a la opinión pública salteña en general. Cuando una persona como Jean Michel Bouvier -que demostró durante más de 4 años, sólidos principios morales y republicanos en su correcta forma de proceder, que no persiguió nunca la venganza sino la justicia- dice que frente a la inercia e indolencia de la Justicia salteña puede llegar a recurrir a la justicia por mano propia, debe mover a una reflexión seria sobre el estado de la Justicia en Salta y se debe actuar en consecuencia de tal reflexión. No solo debe interpelar la carta del señor Bouvier sino deben hacerlo los más de cuatro años de las marchas contra la impunidad que todos los viernes llevan adelante los familiares de víctimas de delitos aún impunes alrededor de la plaza principal de la capital salteña justo frente a la Iglesia Catedral.
En una democracia real, no sólo formal, no bastan para constituirla elecciones periódicas y limpias -cualidad últimamente bastante ausente en nuestro país- que constituyen lo que se llama "accountability" (1) vertical, sino que hace falta la existencia de un verdadero "accountability" horizontal: la plena vigencia de instituciones estatales de control que llegan a sanciones legales, procesamientos a otros agentes del Estado por acciones u omisiones de los mismos, incluso el procesamiento de altos funcionarios públicos previo el correspondiente juicio político.
El eficiente funcionamiento de estas instituciones de contralor es fundamental en una provincia como la nuestra en la que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están dominados por el mismo partido y en regímenes personalistas también como el nuestro, que están dominados por la misma persona.
De todas las agencias estatales de contralor, el Poder Judicial es la principal agencia, ya que es el último resorte al que pueden acudir los ciudadanos frente a los avasallamientos al Estado de Derecho.
También es sumamente importante el rol del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa en este contralor de los actos y omisiones de los poderes políticos del Estado.
Pero para que puedan cumplir ambos -Poder Judicial y Ministerio Público- con su rol constitucional fundamental de contralor de los poderes políticos del Estado (Poder Ejecutivo y Legislativo) deben ser independientes y eficaces, es decir no deben ser influenciables por los poderes políticos.
Cuando fallan la independencia y la eficacia de la Justicia, aparece la posibilidad que los ciudadanos recurran a la justicia por mano propia, lo cual nos indica la existencia de una situación extremadamente grave del estado de la Justicia, de allí la importancia de una Justicia independiente, eficiente y justa para todos los sectores de la población.
Una superestructura distorsionada
En Salta se ha creado una superestructura con el Ministerio Público Fiscal, no así en cuanto al Ministerio Público de la Defensa, que al parecer hasta ahora solo ha servido para archivar causas referidas a funcionarios públicos denunciados por corrupción o por incumplimiento de los deberes de su cargo. En cambio, no ha garantizado los derechos de los familiares de las víctimas de delitos y esto a pesar de las manifestaciones públicas de todos los viernes desde hace 4 años respecto de la impunidad y de la falta de sanción a autores de delitos.
El Ministerio Público y el Poder Judicial no son los únicos organismos de contralor pero al igual que los restantes se encuentran absolutamente controlados por el poder político. Cabe preguntarse entonces ¿a quién sirven si están controlados por quienes deben ser controlados por ellos? Pues a los ciudadanos no sirven al poder político, ya que han decidido prescindir de ejercer su esencial función constitucional. Es entonces que la ciudadanía se encuentra desamparada y desprotegida. En este contexto político, social e institucional es en el cual el señor Bouvier ha llegado a la grave situación de contemplar la posibilidad de recurrir a la justicia por mano propia, no implicando la actitud asumida por el padre de Cassandre una apología de la justicia privada sino un severo llamado de atención a la Justicia y a las instituciones salteñas sobre su muy precario estado y abandono de las funciones constitucionales encomendadas.
Quisiera terminar esta nota de opinión instando a las autoridades de la Iglesia Católica de Salta -frente a cuya Catedral los familiares de víctimas de delitos aún impunes se manifiestan hace más de cuatro años- actora fundamental de la vida en comunidad de la sociedad salteña a que reclame y exija públicamente mediante un documento a las autoridades de la Provincia una Justicia independiente y eficiente que acabe con la impunidad reinante con la sanción a los autores de delitos cometidos; este justo reclamo y exigencia se lo deben a las víctimas y a sus familiares pero también a la sociedad toda.
(1) La palabra accountability no tiene un solo equivalente en español, pero su significado se asemeja a la responsabilidad de rendir cuentas. Se puede interpretar como "responsabilidad de transparencia".

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