Como era previsible, la mayoría oficialista de la Cámara de Diputados aprobó con 45 votos la intervención a la intendencia de Coronel Moldes, con la oposición de Salta nos Une y el Partido Obrero, a quienes se sumó el oficialista Tomás Rodríguez. De ese modo, Osvaldo García será reemplazado por el interventor designado, Rodolfo Antonelli, quien entregará el mando al candidato que surja de las elecciones que se celebrarán el año que viene, junto con las legislativas.
El debate se prolongó por más de tres horas y empezó con la denuncia de Carlos Raúl Zapata, quien recibió una amenaza telefónica de origen incierto por "meter los bigotes donde no te corresponde". Zapata fue uno de los más firmes opositores a la intervención, por considerar que no estaban verificadas las condiciones de "gravedad institucional" ni acefalía que ordena la Constitución provincial. Con distintos matices, la misma posición expresaron sus compañeros de bancada, Guillermo Martinelli, Alejandro San Millán, Lucas Cisnero. Todos exigieron mayor información y documentación sólida.
Por el Partido Obrero, Claudio del Plá y Julio Quintana pusieron de manifiesto que la crisis de Moldes es el resultado de la política provincial, que forzó -dijeron- unos 20 mil nombramientos en los municipios, para disimular el desempleo, y que ahora tienen resuelto "un ajuste que van a pagar los trabajadores".
Los voceros del oficialismo, Manuel Godoy y Mario Alberto Vilca, sostuvieron la necesidad de intervenir el municipio por la "gravedad institucional, la falta de prestaciones de servicios y la inminencia de la crisis social.
De este modo se cerró un largo capítulo. Osvaldo García ganó tres veces la intendencia, siempre acompañado por el senador Jorge Soto y el diputado Esteban Amat. A pocas semanas de haber asumido, ambos legisladores solicitaron la intervención cuando los empleados municipales que reclaman sueldos atrasados ocuparon la sede comunal y la deuda de García por adelantos de coparticipación había trepado a más de 12 millones de pesos.
La intervención aparece como otra muestra de la crisis financiera de los municipios, convertidos en caja de empleo frente a la recesión. Justamente, a García se le reprocha haber designado empleados que, al parecer, habían quedado sin trabajo en la actividad tabacalera. Los fondos que se distribuyen entre los 60 municipios equivalen al 8 % del presupuesto provincial.
En diputados, más que en el Senado, quedó en claro que apenas comience el período ordinario tratarán de debatir una nueva ley de coparticipación y, tal como lo anticipó Godoy, otra de municipios.
Quien quedó en deuda, otra vez, es el Ministerio Público. El fiscal Gabriel Portal no adoptó ninguna medida legal para garantizar el orden alterado por la protesta gremial en Moldes.

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