La Policía Federal brasileña abrió una investigación preliminar y minuciosa para verificar supuestas irregularidades en la campaña electoral que culminó en octubre pasado con la reelección de la presidente brasileña, Dilma Rousseff, para un nuevo mandato de cuatro años, informó la red de televisión Globo. Además se comentó que el nexo entre la mandataria y la empresa petrolera Petrobras, sería el expresidente Lula da Silva, quien habría mantenido los contactos con fuertes empresarios para que el dinero pueda llegar a las manos de Rousseff. La investigación fue abierta el 7 de octubre por la Policía Federal por determinación del magistrado Gilmar Mendes, uno de los miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE), según fuentes policiales consultadas por Globo. El objetivo es establecer si Rousseff y su vicepresidente, Michel Temer, incurrieron en abuso de poder para reelegirse en octubre del año pasado y si la campaña electoral fue financiada con recursos desviados de la petrolera estatal Petrobras. En una petición que envió en agosto pasado a la Fiscalía y a la Policía Federal, Mendes pidió que se esclarezca si la campaña electoral de Rousseff se benefició de dinero procedente de la red de corrupción que desvió cerca de 2.000 millones de dólares de Petrobras. El magistrado Mendes citó una declaración de un empresario preso por su participación en las corruptelas de Petrobras, que colabora con la investigación a cambio de la reducción de sus penas, y quien dijo haber donado 7,5 millones de reales (unos 1,9 millones de dólares) a la campaña electoral de Rousseff procedentes de los desvíos. Además pidió que se investiguen posibles irregularidades en los pagos a una empresa que recibió euros de la campaña electoral de la presidenta y que fue creada solo dos meses antes de ser contratada para servicios que no aclaró. Las posibles irregularidades en las cuentas de campaña electoral de la jefa de Estado son señaladas por la oposición como posible justificación para abrir un juicio político con fines de destitución contra la mandataria. La oposición busca iniciar un juicio político contra Dilma Rousseff. Los sectores de la oposición que defienden la apertura de un juicio político contra Rousseff esperan que el tribunal electoral pueda declarar irregular alguna de las cuentas de campaña para poder utilizar esa justificación en su proceso. El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que tiene el deber constitucional de aceptar o rechazar las peticiones de juicio con fines de destitución que sean presentadas contra el jefe de Estado, ha rechazado hasta ahora 11 peticiones de la oposición en ese sentido por considerar que no tie nen peso jurídico.
Dilma, obligada a negociar
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ahora en su segundo mandato con respaldo mayoritario en el Congreso, contará con menos oficialistas, un mayor número de partidos y la tradicional infidelidad partidaria del país.
Si la jefa de Estado ya era rehén del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la mayor fuerza electoral del país y que en el primer mandato le cobró por su apoyo cinco de los 30 ministerios y cientos de cargos públicos, en su segundo mandato pasará a depender de negociaciones con más formaciones, según los analistas.
La fuerte polarización de las elecciones presidenciales, que dejó a Brasil dividido en dos y a la oposición fortalecida pese a la derrota, también dificultará el apoyo al Gobierno en el Congreso. El número de diputados de partidos oficialistas caerá de los actuales 339 a 304 en la próxima legislatura, cifra que aún supera con holgura la mitad de 513 escaños.

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