Otra polémica en Gemes. El mismo día que se desató la hecatombe en el Concejo Deliberantes de General Gemes, tras el tratamiento del polémico presupuesto para el año que viene (ver página 18), la Justicia falló contra los concejales y el Ejecutivo municipal, en el caso de la jueza de faltas de la localidad, que fue reemplazada por decreto y sustituida por el secretario del municipio.

El caso estalló en septiembre cuando el intendente, Daniel Segura, había nombrado "en forma provisoria" en el cargo, a su secretario de Gobierno, Dante Giménez Guevara, luego de que la jueza titular, Débora Ramírez, solicitara una licencia tras la pérdida de un embarazo, certificado por un médico psiquiatra. La polémica medida, según la Justicia, es irracional y ordenó suspender los efectos de la resolución municipal y la ordenanza resuelta por el Concejo Deliberante, que seguía el argumento del Ejecutivo municipal. "Me quieren hacer pasar por loca por haber pedido licencia tras haber perdido un embarazo, derecho que le asiste a toda mujer", dijo la jueza removida "temporalmente".
"Por todo lo expuesto... por las razones precedentemente marcadas, la irrazonabilidad de los actos administrativos señalados... ordenar la suspensión de los efectos de la resolución municipal 737/15 y la ordenanza municipal 461/15, esta última condicionada al supuesto de verificarse pronunciamiento expreso por parte del Ministerio Público Fiscal que avale y justifique la condición de imputada descripta en la norma", dice el fallo de la jueza en lo contencioso administrativo, Silvia Longarte.
La medida cautelar suspendió la resolución del intendente y la ordenanza del Concejo contra la jueza de Faltas Débora Ramírez. La jueza dijo ayer a El Tribuno que el municipio y el Concejo no acataron la orden judicial. "Cuando fui el jueves con el fallo para ver cuando me restituían en el cargo apareció el comisario y me dijo que el intendente no estaba de acuerdo con la sentencia y que él no iba a dar cumplimiento. Me dijo que haga la denuncia que corresponda porque él no iba a hacer nada", aseguró Débora Ramírez.
Las normas municipales marcan que el juez de faltas no puede estar imputado en causas penales. Ese es uno de los argumentos del oficialismo municipal, que consigna que Ramírez no puede estar en el cargo por haber sido denunciada penalmente por el intendente, que luego de removerla por decreto la denunció por supuestas actitudes de la jueza consideradas "agraviantes". "No surge recriminación alguna fehaciente en contra de la doctora...que implique una real y efectiva situación de imputada...para que resulte pertinente la suspensión en sus funciones", dice el fallo judicial al respecto. "Es insólita la denuncia en mi contra por parte de Daniel Segura. El intendente me denuncia por abuso de autoridad cuando es de público conocimiento que no puedo ejercer mi cargo ¿Como voy abusar de la autoridad si no tengo cargo para ejercer autoridad?", planteó la jueza desplazada.
"Ahora frente al juzgado hay patrulleros. Yo no voy a ir a exponerme a la violencia. Voy a ir cuando demuestren voluntad de restituirme y cumplir con la orden judicial. No vuelvo a Gemes hasta que pase toda esta locura, porque da miedo", aseguró Débora Ramírez.
El reemplazante opina
"Ramírez, deberá enfrentar una junta médica, porque en un cargo como éste, se requiere de un estado emocional equilibrado. Así lo expresa la ordenanza. Si se trata de un tratamiento psiquiátrico, entonces ella podría no estar en condiciones de continuar en esta función", dijo el reemplazante Dante Giménez.

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