Entre los proyectos de ley remitidos este año por la Corte de Justicia de Salta a la Legislatura, el más relevante es el que requiere crear 19 Juzgados de Paz Letrados en la provincia, lo que significa la aparición de un nuevo fuero en la estructura judicial salteña. Remitido a la Cámara de Senadores el 29 de julio pasado, el envío hace algo más que recordar a la comunidad que el Poder Judicial es también un poder del Estado que no deja de percibir la necesidad de la gente de una Justicia más rápida y de fácil acceso para cualquier persona; fue un recordatorio sobre los 30 años que el Poder Legislativo lleva sin dar solución a lo ordenado por la Constitución provincial en 1986. Más importante que revelar esa mora, el proyecto implícitamente señala la necesidad, impostergable hoy, del funcionamiento institucional completo de la Provincia, requisito sin el cual no estarían nunca dadas las condiciones para que otras facetas de la vida provincial puedan desarrollarse y madurar, permitiendo superar las frustraciones de estos casi 16 años que este siglo tiene ya recorridos, sin demasiados beneficios para Salta. Dada la fuerte impronta social que tiene la Constitución salteña de 1986, debe recordarse que le dedica especial atención a la Justicia de Paz, esa justicia de las pequeñas cosas, la justicia de los pobres como se la ha llamado a veces. Por esa razón también dispone como obligación del Estado provincial, "la asistencia letrada gratuita a las personas de modestos recursos". Su mandato sobre la nueva Justicia de Paz Letrada complementa a ese fuero, limitado hoy a la Justicia de Paz Lega, o Justicia de Paz de Campaña según la denomina su Ley Orgánica, N§ 5594, que en 1980 estableció una estructura cuyos jueces pueden ser letrados o no.

Jueces, no jueces a medias

En 1992, el Colegio de Abogados de la provincia elaboró un proyecto para los Juzgados de Paz Letrados. Por diversos motivos la creación propuesta por el foro local no prosperó.
Seis años más tarde, diputados del Partido Renovador de Salta presentaron a la Cámara un proyecto de 23 artículos organizando el régimen de la Justicia de Paz, incluyendo normas de procedimiento. Destacaba ese proyecto que la Justicia de Paz Lega y Letrada "integra el Poder Judicial de la Provincia". Contemplaba retribuciones para los jueces de paz y atribuía una carga, de discutible constitucionalidad, a los municipios, consistente en la obligación de proveer a los Juzgados de Paz las instalaciones y demás elementos para su funcionamiento.
Esta figura fue recogida por el actual proyecto en su art. 10, pero quitándole aquel tinte inconstitucional; ya no es una obligación de los municipios sino una mera facultad de celebrar convenios con el Poder Judicial, para otorgarle en comodato instalaciones y la "afectación de empleados municipales para integrar la dotación de los juzgados". Pese a ello, esta solución sigue siendo poco recomendable. Primero porque sería reconocer que el Poder Judicial no tiene el presupuesto necesario para funcionar adecuadamente, o no ha requerido las partidas necesarias, o se ha recortado el presupuesto solicitado por la Justicia. En todo caso, el tema sería conflictivo también porque, de sancionarse ese maridaje entre Poder Judicial y las comunas, se resiente la independencia de la Justicia. Los municipios, por definición, realizan actividad política, con más transparencia unos, un poco menos otros, pero política al fin. Otro intento de cumplir con el mandado constitucional ocurrió en los inicios del actual Gobierno, cuando a principios de 2008 el gobernador Urtubey elaboró dos proyectos: el uno referido a los Juzgados de Paz y el otro referido a los Juzgados de Proximidad. Ninguno de ellos se convirtió en ley y así pasaron casi nueve años más.
Mientras tanto la historia institucional de Salta muestra que la Justicia de Paz Lega quedó relegada, fue la Cenicienta del sistema judicial de la provincia. Un ejemplo: la Constitución de 1929 indicaba que los Jueces de Paz duraban dos años en funciones, mientras que a los jueces de otros fueros les otorgaba seis años de ejercicio en el cargo. Durante mucho tiempo los Jueces de Paz no cobraron retribuciones fijas sino sólo un arancel, según la diligencia que realizaran. Desde 2009, perciben "una compensación dineraria por gastos de funcionamiento, no remunerativa ni bonificable", que se suma a los bajos aranceles establecidos hace cuarenta años por Ley 5117, "para la retribución de los jueces de paz legos de campaña, por sus actuaciones judiciales dentro de su competencia" que incluía procedimientos judiciales y también actividad notarial en localidades que no contaban con escribanos. A inicio de este año la compensación fija se elevó a $ 3.900.-, pero sigue siendo por gastos de funcionamiento, no es remunerativa ni bonificable y por lo tanto no tienen aportes jubilatorios ni obra social.

El proyecto actual

El proyecto de la Acordada 12158 puede servir de base a dos nuevas leyes, la Orgánica de la Justicia de Paz Letrada y la de Procedimientos para esos juzgados. Ingresó al Senado provincial a inicios de agosto y en ese mismo mes pasó a la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional. Motoriza la creación de 19 Juzgados de Paz Letrados en los diferentes distritos judiciales del territorio provincial. Ocho en el Distrito Judicial del Centro, cuatro en el de Tartagal, cuatro en el del Sur (dos en Metán y dos en Anta) y tres en el de Orán.
Su competencia será civil, comercial y laboral siempre que el monto litigioso no exceda a una suma igual a diez salarios mínimos.
Tiene como objetivo ampliar a más personas el acceso a la Justicia y descentralizar a la estructura judicial, que hoy presenta las causas aglutinadas alrededor de las localidades cabecera.
También se busca instalar un procedimiento ágil y expeditivo, sin merma de la vigencia de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso, priorizando la simplificación de las formas y la rápida culminación de las controversia, juicios rápidos con procedimiento sencillo, para optimizar la función de la Justicia.
Tiene en cuenta el aspecto social; el patrocinio de un abogado no será necesario si la suma total demandada es menor a cinco salarios mínimos, si lo supera la asistencia letrada será obligatoria. Contempla, también el proyecto, la eventualidad de que una de las partes comparezca asistida por abogado.
En ese caso, a la otra parte deberá asignársele un Defensor Oficial que lo patrocine en la causa. De igual manera los poderes para actuar ante el Tribunal de Paz pueden ser otorgados al abogado en el mismo tribunal mediante un acta sencilla o incluso, dice el proyecto, en forma verbal. Importa más solucionar rápidamente el conflicto que la solemnidad del procedimiento.
Porque el derecho es, entre otras cosas, un sistema de gestión de conflictos. Cada provincia argentina tiene la facultad de elegir su sistema concreto para gestionarlos y darles respuesta.
Lo que no impide que los conflictos estén siempre presentes, en mayor o menor medida. La niñez y la familia, por ejemplo, son fuentes de conflictos como también lo son la insuficiencia alimentaria, la escasez de viviendas, la violencia familiar o el acoso escolar.
Los adultos tienen su propia lista: las pequeñas deudas que no se cobran o que no pueden pagarse, los problemas laborales de cualquier naturaleza, la seguridad, el sistema público de atender la salud; también los problemas barriales, cloacas, pavimento o convivencia entre vecinos.
La lista es larga y suele resumirse con dos palabras, “lo social”, expresión cuya vaguedad no le quita fuerza ni significado.
Los Juzgados de Paz Letrados serán, probablemente, en pueblos y localidades de su jurisdicción, un medio eficaz de contribuir a la paz social en la medida que canalicen los conflictos institucionalmente, evitando la acción directa, o el enfrentamiento entre las partes, como también de modo indirecto, lo hará mediante las estadísticas que generen, útiles para relevar dónde o porqué existen problemas sociales, especialmente aquellos cuya gravedad exija la intervención del Estado con mayor grado y celeridad.
Sería deseable que el proyecto de Justicia de Paz Letrada no corra la misma suerte que el enviado a la Legislatura por la Corte en el año 2011 solicitando la creación de cinco Juzgados Contravencionales. Salta tenía casi todo: su código desde el 2001, su centro de detención contraventores desde 2008, inaugurado por el gobernador. Y tiene también las diarias contravenciones, algunas graves como las viales. Sólo faltaba la instalación de sus tribunales con sus jueces respectivos.
La Justicia de Paz Letrada, la de las pequeñas causas, unida a la Justicia Contravencional, la que sanciona las pequeñas faltas que no llegan a ser delitos, funcionando en toda ciudad, pueblo o localidad de la provincia, responden a una necesidad institucional para que lo social, empezando por seguridad y justicia en su mínima escala, tenga una solución al alcance de cualquier persona siempre que lo necesite.
La Justicia de Paz Letrada, funcionando en todo pueblo o localidad es una necesidad institucional para que ciertas demandas sociales tengan una solución al alcance de cualquier persona.
Es una faceta de la estructura institucional de la Provincia cuyo funcionamiento resulta esencial pero está incompleto.

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