La Justicia, sin plan ni controles

José Armando Caro Figueroa

La Justicia, sin plan ni controles

El Plan Estratégico y las Memorias Anuales debieran ser las principales herramientas de gestión de las competencias que la Constitución de Salta encomienda a la Corte de Justicia. Sin embargo, hacia el año 2010 nuestro más alto tribunal discontinuó el Plan Estratégico. Y, por esas mismas fechas, optó por reducir su Memoria Anual a un pesado documento burocrático, centrado en el autoelogio, en el ocultamiento de ciertos datos incómodos y en la ausencia de todo análisis o valoración de la información estadística.
Dentro de esta línea gris, la Corte de Justicia de Salta acaba de publicar la Memoria Anual 2014, dedicando el 20% de sus 129 páginas a enunciar logros en materia de protección contra sismos e incendios. Ni una sola explicación respecto a la severa caída de la actividad jurisdiccional (entre 2013 y 2014, el número de causas ingresadas pasó de 187.768 a 117.220).
Habría resultado de interés saber si, a juicio de la Corte, esta caída es fruto de la abrupta reconversión de los salteños que ahora estarían optando por moverse dentro de la ley o resolver sus diferendos fuera de los estrados judiciales, o si, por el contrario, la disminución del número de causas ingresadas es consecuencia del mal funcionamiento del servicio de justicia.
Si nos guiamos por las series históricas y comparadas que publica la organización no gubernamental "Unidos por la Justicia", esta caída resulta especialmente grave en el fuero laboral (que pasa de 4.759 en 2007, a 2.509 en el 2011 y 2.516 en 2014, según -en este caso- las estadísticas que acaba de publicar la Corte).
Esta sensible disminución de la litigiosidad laboral se verifica, en Salta, en un contexto de altísima informalidad en la contratación de trabajadores y de moderado aumento del empleo total. Indicadores ambos que deberían promover una mayor actividad en demanda por derechos conculcados.
Ineficacia
Respecto de la eficacia judicial (entendida, al menos, como cantidad de causas resueltas en relación con las causas ingresadas y con el stock acumulado), la Corte omite cuidadosamente cualquier información.
La Memoria 2014 incorpora, sin embargo, una breve frase para elogiar el ascenso porcentual de las "causas terminadas" sobre las ingresadas en el año de referencia, que se habría verificado entre 2013 y 2014.
Pero es fácil advertir aquí ambigedades y gruesos errores metodológicos, como es el caso de la omisión del stock (auténtica bola de nieve que amenaza con arrasar al sistema). Cuando se consulta el índice de resoluciones que publica "Unidos por la Justicia", se descubre que este indicador cayó del ya pobre 58% al ínfimo 32% entre 2010 y 2011.
Así como carece de brújula estratégica, la Corte no cuenta con un Plan Estadístico riguroso y con capacidad de mostrar la marcha del servicio y de las subyacentes relaciones sociales (de trabajo, comerciales, civiles, administrativas, de familia). Si nos animáramos a comparar las estadísticas que anualmente publica nuestra Corte con los datos de cualquier demarcación desarrollada (argentina o extranjera), experimentaríamos una profunda vergenza.
Causas de la crisis
Un amigo que, como yo, tiene más de 50 años de ejercicio profesional, recordaba los tiempos en que la Corte cumplía una activa labor de superintendencia. Mencionaba el caso de ministros de la Corte paseando por los pasillos para medir el clima o formarse una idea de la realidad cotidiana.
Hoy, salvo casos contados y notorios, es muy difícil encontrar altos magistrados en aquellos pasillos o en las cafeterías de la zona.
Ocurre, además, que la Corte es la cabeza de un Poder del Estado que ejerce sus competencias (por lo pronto las de superintendencia) sin control alguno.
Cuando en 1994 la Nación y Salta decidieron incorporar la institución Consejo de la Magistratura, inspirándose en la experiencia europea, optaron por recortar las funciones de control democrático y supervisión republicana que tienen muchos de los Consejos europeos, limitando su función a la selección de magistrados. Cuidando, dicho sea de paso, que el poder de decisión estuviera en manos de la política partidista y no de la academia.
O sea: la Justicia funciona mal en Salta, porque no se elige a los mejores y porque no hay quién controle el servicio. Ambos factores refuerzan aristas de cultura mayestática, a contramano de los tiempos, de la Constitución y de los avances de las ciencias jurídicas.
Para comenzar el imprescindible cambio, además de las reformas institucionales (que tendría que contemplar la creación de un Tribunal de Ética Judicial, al estilo del de Córdoba), habría que revisar los planes de formación de la Escuela de la Magistratura (que realiza esfuerzos loables pero insuficientes), y abrir canales a la participación de los abogados y demás ciudadanos.
Como lo han hecho en la ciudad de Buenos Aires, en donde funciona una Comisión de Seguimiento de la Actividad Judicial creada por el Colegio de Abogados.

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