Marina Carbajal tiene a su cargo la Subsecretaria de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia que está bajo la órbita del Ministerio de Interior. Esta dependencia nacional trabaja para fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad civil. La Subsecretaria es la autoridad de aplicación de dos mecanismos fundamentales para transparentar las decisiones que se toman en las distintas áreas del Gobierno: la ley de acceso a la información y el registro de audiencias de gestión de intereses. En diálogo con El Tribuno, Marina Carbajal contó que desde que asumió Mauricio Macri a la presidencia tiene un compromiso para que los funcionarios públicos rindan cuentas de sus acciones a los argentinos.
¿Qué trabajo realizan la Subsecretaría?
La Subsecretaria es la autoridad de aplicación de lo que fija el decreto 1.172/2003 que tiene un capítulo de acceso a la información pública para el Poder Ejecutivo Nacional y el registro de audiencias y gestión de interés. Los funcionarios nacionales están obligados a registrar las audiencias que incluyen tomas de decisiones públicas y tienen que estar registradas. Además, tenemos la coordinación de las audiencias públicas en el caso que nos pidan participación. Nosotros dependemos del Ministerio del Interior y cuando asumimos la ley de acceso a la información pública como la gestión de intereses estaban frenadas. Había una tradición a no dar información.
Esta es una ley del 2003 pero por decisiones políticas se frenó. ¿Qué están haciendo para impulsarla?
Durante todo este año lo que hicimos es poner en funcionamiento la legislación que existía. Hacer que los pedidos de información que ingresaran fuesen respondidos, lo que implicó trabajar con todos los empleados que estaban frente a una cultura distinta. Yo siempre digo, se necesita decisión política -y el presidente Mauricio Macri la tiene- para gestionar en forma transparente y dar respuesta a los ciudadanos. Desde el Presidente para abajo y llegando hasta el director nacional tenemos más de 1.500 personas. Los funcionarios tienen que conocer la ley, nosotros nos tenemos que encargar de que ellos sepan que existe y que retransmitan esta voluntad política que tiene el presidente de que se cumpla. Después, están abajo los empleados públicos que tienen que cambiar el chip, hay que cambiar la mentalidad. Nosotros encontramos que muchos de los pedidos de acceso a la información que a la primera traba la tenemos en mesa de entrada. Entonces nosotros tuvimos que ir a capacitar a los empleados de mesa de entrada porque lo primero que decían es: esto no es acá.
¿Cómo van a lograr que esto no siga pasando?
Esto se va a facilitar mucho cuando logremos el acceso a la información a través de internet. Estamos trabajando en paralelo con el Ministerio de Educación, que está abocado el expediente electrónico, que facilita todos los pasos intermedios. Nuestro objetivo es que a mitad del año que viene los pedidos se puedan hacer y responder por internet. Entonces, eso nos facilita muchísimo tanto el control interno para poder ver dónde se frena, quién responde y quién no, como el control social. Ustedes como periodistas van a poder seguir el expediente y decir que dependencia tiene el problema.
¿Qué organismos del Estado entrarán dentro de esta ley?
La ley de acceso a la información pública abarca a todos los organismos del Estado de todos los poderes. Eso es lo novedoso. Hay un derecho constitucional y es intrínseco a la democracia que la gente le pida explicaciones a quién gobierna. La ley incluye toda organización que recibe fondos públicos y tiene que explicar qué hace con esos fondos. Porque la lógica es que los fondos son públicos, no pertenecen a quien está en el Gobierno. El Gobierno tiene que ser el custodio de esos fondos.
¿Por qué es fundamental la ley?
Lo que es fundamental para el funcionamiento de la democracia es que el que gobierna está obligado a dar explicaciones de todo lo que hace. La ley de acceso brinda la posibilidad de pedir información, no solo la que quiere dar el organismo público sino lo que la gente quiere saber. "La gente tiene derecho a saber de qué se trata". Es el origen de nuestra nación y es el origen del sistema democrático. Es el reclamo de la gente que quiere que digamos que estamos haciendo.
Si bien esto surge por una iniciativa del presidente, ¿hay otros motivos por los cuáles avanzaron para tomar esta decisión?
Vamos en este camino por dos motivos. Hay una sociedad que lo está demandando. Es fundamental la participación de la sociedad y que la gente se haga cargo de esto. Las elecciones del año pasado demuestra que quieren otra forma de gobierno. El otro motivo es para reforzar las instituciones y hacer transparentes los procesos de toma de decisiones para generar confianza y credibilidad en nuestro país. Eso es central para que nosotros podamos recibir las inversiones que necesitamos para terminar con la pobreza. Los inversores miran como se toman las decisiones, que las reglas de juego sean estables que se fijen claramente y no sean arbitrarias. Lo lógico es la transparencia y no el ocultamiento de la información.
¿Cuándo entra en vigencia la ley?
Entraría en vigencia plena dentro de un año. Nosotros ya estamos trabajando para tener los estándares de la ley a nivel de Poder Ejecutivo. Ya estamos trabajando para tener el portar, estamos capacitando a la gente y a los funcionarios.
¿Quiénes son los que pueden hacer un pedido de información?
Cualquier persona y es muy fácil. Esto está regulando, es un derecho constitucional.
¿Qué plazos prevé la ley?
La ley prevé que en tres semanas se tiene que recibir una respuesta. En caso de que no brinden la información, puede ser porque necesiten más tiempo para compilarla entonces tiene que explicar que necesitan más tiempo y ahí pueden pedir una prórroga de otras tres semanas. Además, hay excepciones que tienen que ver con la defensa, seguridad y en el caso de las empresas con lo que tiene que ver con el secreto comercial, pero en esos casos también se tienen que explicar. Esta información no se brinda por tal motivo.

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