A partir del decreto de necesidad de urgencia 254/2015, promulgado el 24 de diciembre pasado bajo la rúbrica del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, se ponen en estado de revisión todos "los procesos concursales y de selección de personal" y "las designaciones efectuadas por procesos concursales de personal de dichos Ministerios u organismos", en un lapso de dos años previos al recambio de mando en el Gobierno nacional.
Esa misma disposición determina que todas las contrataciones que hubieren expirado hasta el 31 de diciembre de 2015 se renovarían solo por tres meses hasta tanto se tengan resultados concretos de ese relevamiento que la cartera de Modernización se proponía. Ese plazo se vencería el próximo 31 de marzo.
No obstante, antes de concluir la tarea del área encabezada por Ibarra, la normativa citada abrió el juego a una serie de especulaciones, aplazamiento de obras, congelamiento de financiaciones y recortes de empleos públicos que alcanzan más de 24.000 despedidos en lo que va de gestión macrista.
La web Infogr.am, construyó una herramienta de medición sistemática de las distintas acciones políticas de los estados provinciales, municipales y nacionales, amparadas en el decreto 254. A la iniciativa la llamaron el "Despidómetro" y realiza una discriminación de la procedencia de cada oleada de despidos. Hasta el momento tiene chequeados 24.404 despidos, entre los que sobresalen 200 en el Senado, 600 en el Centro Cultural Kirchner y 22 en Arsat.
El politólogo y profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires, Maximiliano Rey, declaró en un reconocido mensuario de circulación nacional: "La mayor parte del empleo público está hoy en las provincias y se trata de una dotación que en aproximadamente un 70% está formada por docentes, médicos y policías. La administración pública nacional, en realidad, representa una cantidad de empleados bastante baja".
Además, opina: "Es cierto que la cantidad de empleados públicos creció en los últimos años, pero también fue un período en el que el Estado se agrandó en el mejor sentido del término, ampliando su rol de regulación, diseminando delegaciones de distintos organismos por el territorio, creando universidades y recuperando empresas públicas".
"Aun así, las cifras que indican la cantidad de empleados públicos no son una locura, a mi entender, cuando se habla de ñoquis hay detrás una mirada ideológica, porque si bien puede haber sectores donde se trabaja de una forma más flexible, no es la generalidad de los casos", remata Rey, coautor del libro "El Estado en cuestión".

El debate por el modelo de gestión y las contrataciones

En Salta creció un 84 por ciento el empleo público en los últimos 12 años. Los despidos e interrupciones de contratos se justifican desde el Gobierno de la Nación con argumentos que hablan de un sobredimensionamiento de diferentes áreas. Desde la oposición, sin embargo, consideran que achicar el Estado es hacerlo menos eficiente. En Salta, el empleo público creció 84 por ciento en 12 años, de acuerdo a un informe de la consultora Noanomics.
En la provincia, la cantidad de trabajadores estatales creció un 9,3 por ciento solo en 2015. Es el mayor incremento de una planta gubernamental registrada el año pasado en todo el país.
Se estima que actualmente hay cerca de 70.000 empleados públicos en la provincia y los salarios de la planta estatal insumen más del 40 por ciento del gasto total de administración.
En esta coyuntura se abre un debate en torno de cómo debería operar un Estado. En su investigación "El empleo público en debate", la periodista Verónica Ocvirk advierte: "Aunque no hay una forma de saber cuál es el tamaño óptimo de un Estado, el índice de trabajadores públicos, de acuerdo a la Población Económicamente Activa (PEA), puede ser un buen indicador para comparar con otros países. De acuerdo a diferentes estimaciones, la cantidad total de empleados estatales en Argentina se calcula en 3,7 millones, lo cual, considerando una PEA de 22 millones, arroja que cerca de un 17% de los argentinos hoy trabajan para el Estado".
Ocvirk hace una comparación internacional en base a datos estadísticos. "Esos valores demuestran que nuestro país no escapa a la media de la región, y que está por debajo de los países desarrollados como Noruega, donde la relación entre empleo público y PEA es del 34%, Dinamarca (32%), Suecia (26%), Francia (22%), Canadá (20%) y Reino Unido (18%)", afirma.
El decreto 254 del Ejecutivo nacional, que generó debate sobre el empleo estatal, estipula: "... los ministros, secretarios de la Presidencia, Autoridades Superiores de organismos descentralizados, Empresas y Sociedades del Estado de la Administración Pública Nacional, deberán... efectuar un informe sobre la oportunidad, mérito y conveniencia de los cargos autorizados a concursar y los contratos celebrados".

Factores

Estatizaciones

La política de estatizar ciertas empresas como Aerolíneas Argentinas o YPF hizo que la cantidad de empleados públicos registrados se incrementase sensiblemente en los últimos años.
Estos empleados ya estaban absorbidos por el sector privado y, al ser estatizadas las empresas, pasaron al sector público.

Muchas capas

"En el Estado fueron acumulándose una serie de capas que, con el paso del tiempo, han sido caracterizadas como 'geológicas' y a las que tal vez cueste convencer de trabajar bajo la línea de una nueva gestión. Por diversos motivos se superpusieron con distintas normativas de ingreso y de carrera", carateriza Maximiliano Rey.
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Sección Editorial

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enrique alcala
enrique alcala · Hace 9 meses

Entiendo que hay gente muy trabajadora pero la cantidad de ñoquis que tenemos en Salta esta sobredimensionado , hasta los que mantienen relaciones carnale, los obsecuentes a la máxima expresión, todos parásitos que tenemos que alimentar.


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