Homicidio o suicidio inducido, la muerte de Nisman fue un magnicidio. Para que éste se configure hacen falta dos condiciones: la muerte de un alto magistrado de la nación y que esa muerte haya sido producida en razón de su función.
La muerte de un fiscal federal, que ha ocurrido con motivo de la investigación que llevaba a cabo sobre posibles ilícitos cometidos por altos funcionarios, no puede quedar sin resolver. Descubrir a los culpables de ese magnicidio y condenarlos es una cuestión de Estado. No se trata solo de un imperativo de Justicia y un afianzamiento del principio de autoridad, que es dogma de fe ciudadana, sino que constituirá también una señal de confianza para quienes, como Nisman, continúan en el propósito de desenmascarar y llevar a juicio y condena, a quienes han invadido con sus redes mafiosas y criminales, todos los ámbitos públicos y privados del país. Los fiscales deben ser protegidos y debe garantizárseles la tranquilidad de espíritu, que aleje de ellos todo temor por las medidas que deban tomar contra los poderosos y los criminales. Solo así podrá alcanzarse el triunfo contra las mafias, de cuya existencia y peligrosidad ya nadie debe dudar en la Argentina.
El magnicidio de Nisman es la prueba irrefutable del poder de esas mafias, que se han ocultado y actúan desde el poder del estado, los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad, la propia justicia, o al menos cuentan en esas áreas con la colaboración de pretendidos iluminados, que han pervertido las reglas sagradas de la función pública, con la introducción de dogmatismos políticos que contaminan la independencia y la cristalina acción, objetiva e imparcial, que es condición irrenunciable de los jueces y de los fiscales. El fiscal dispuesto a cumplir su función sin apartarse de la ley, con independencia y al margen de presiones o amenazas, con abstracción absoluta de quien sea el imputado y la influencia política, económica o de cualquier tipo que posea, tiene que ser asistido, custodiado y protegido en tal grado, que no sienta temor alguno, cuando estos elementos perturban su espíritu al enfrentarlos.
El fiscal valiente y decidido suele mantener con firmeza su objetivo, sin dejarse someter; no obstante, a medida que avanza en su tarea investigativa y van apareciendo a la luz autorías, complicidades y encubrimientos con nombres conocidos y famas mediáticas expuestas, suele comenzar un asedio externo e interno, que incide -lo quiera o no- en la serenidad de su carácter y lo perturban, aunque mantenga su decisión de continuar sin renuncias ni concesiones, la misión que le ha encomendado el Estado y le reclama la sociedad para quien actúa.
Pero la valentía suele ser atacada, para quebrar su fortaleza, en el campo de los afectos. La amenaza a un ser querido suele ser la puerta por la que penetra el mafioso en el bastión de la valentía y es allí donde el magistrado comienza a preguntarse si el cumplimiento de su misión le exige llegar hasta el martirio propio o el de sus seres queridos. El fiscal debe contar con la seguridad absoluta que debe brindarle el estado.
La extensión y profundidad de la acción de las bandas delictivas y de su asistencia y protección por la corrupción que se ha instalado en el país, exige una lucha que no admite vacilaciones ni temores, por ello es preciso que los fiscales no vuelvan a ser abandonados en su protección, como ha sucedido con el Dr. Nisman, cuya muerte es un baldón y un oprobio para la República y una amenaza a la acción del Ministerio Público.
El magnicidio de Nisman exige también un nunca más.

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Sección Editorial

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