Aunque el proyecto de presupuesto trae una reducción en los fondos destinados a obras públicas de organismos naciones como Vialidad, el gasto total del Gobierno nacional en Salta aumentará un 42%. El dinero de partidas corrientes y de capital (obras y maquinarias) rondará los 40 mil millones de pesos. Se incluyen los salarios de los organismos del Ejecutivo nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, transferencias por programas específicos, acciones y proyectos de obra. En comparación al presupuesto del 2016, hay un incremento de un 42 por ciento.
Al analizar este punto, Salta es la segunda provincia con más incrementos, después de Jujuy, con un 46%. A su vez, la coparticipación federal de impuestos y otras transferencias automáticas se elevarán un 31%.
De los 40 mil millones de pesos previstos para Salta, 35 mil millones serán para erogaciones corrientes y 5 mil millones para gastos de capital, es decir para inversiones.
Este año, en el Grand Bourg y en las intendencias hubo preocupación por la caída de recursos coparticipables. A las decisiones de la Casa Rosada como la reducción del IVA en los sectores sociales y la suba del impuesto para los que pagan Ganancias, se sumó la recesión económica. El gasto total del Estado argentino se elevará un 22%. El macrismo hasta ahora mantiene un déficit primario en las cuentas públicas. Tras el pago a los fondos buitres, la Casa Rosada muestra una fuerte incidencia del gasto financiado con crédito externo. En comparación al 2016, el alza será del 478,2%.
El tesoro nacional solo incrementará un 12% el financiamiento para las erogaciones y obras de la Nación. El peso de los fondos externos no solo se hará sentir en la administración macrista. A su vez, las provincias salieron a buscar fondos al mercado internacional. Salta se endeudó por 350 millones de pesos, con lo que financiará obras del Plan Bicentenario. De ese modo, se espera una reactivación de la obra pública en los próximos meses.
De acuerdo a un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la proyección oficial del déficit descansa en un supuesto principal que impondrá un significativo esfuerzo a la política económica y fiscal en un año electoral: incremento del gasto público total de 22%. "Como punto de referencia cabe destacar que en los primeros siete meses del año, los gastos totales acumularon un incremento interanual de 30%, con tendencia creciente en julio marcando una suba de las erogaciones de 33%".
Por otra parte, la organización también puso la lupa en la política de financiamiento, que "se ha redireccionado a la toma de deuda en los mercados voluntarios de crédito".
En este sentido, para 2017 se estima la colocación de deuda de largo plazo por $ 960.000 millones, lo que representa el 55% del total de fuentes financieras esperadas para el próximo año.
La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap) también analizó las proyecciones para el próximo ejercicio fiscal. "Lo primero que puede decirse sobre el proyecto de ley de presupuesto 2017 es que se trata de una estimación realista, con la que se puede coincidir o no en algunas cuestiones -como las estimaciones de crecimiento e inflación-, pero que muestra objetivos alcanzables".
"Esto marca una diferencia importante con lo que se venía observando en los últimos años, donde los supuestos macroeconómicos estaban muy distanciados de la realidad y la evolución prevista para las diferentes partidas del gasto era de muy difícil cumplimiento, lo que generaba que durante la ejecución se tuviera que modificar el presupuesto mediante decretos de necesidad y urgencia y decisiones administrativas del Jefe de Gabinete", agregó la Asap en un documento.
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