La nena de 12 años que fue abusada y quedó embarazada en Alto La Sierra, en Santa Victoria Este, mañana deberá ir al hospital de la ciudad de Tartagal para realizarse estudios. La derivación fue recomendada por médicos dependientes de la fundación Cultura Nativa, quienes visitaron la semana pasada el paraje.
El clínico y cardiólogo coordinador del equipo, Gerardo Galimbertti, dialogó con El Tribuno y contó que el jueves 26 de mayo el equipo de salud se instaló en la escuela de Alto La Sierra y le hizo una ecografía a la niña, quien se acercó con su madre al establecimiento, y se determinó que se le realizará mañana, en la ciudad de Tartagal, una ecografía de mayor complejidad y se definirá el riesgo vital de la madre y el niño.
Galimbertti explicó a El Tribuno que una ecografista del equipo médico le realizó a la niña un estudio y a partir de eso se determinó la derivación hacia el hospital de Tartagal.
"La decisión se tomó porque se observaron problemas de crecimiento y formación en el feto, en particular en la parte craneana. En el hospital de Tartagal, el equipo de ginecólogos deberá evaluar el riesgo vital y fetal y tomar una decisión sobre si se interrumpe o no el embarazo", aseguró el especialista.
El grupo de médicos no puede confirmar que la niña haya accedido a controles médicos anteriores en el hospital de Alto La Sierra. Ese centro sanitario no tiene ecógrafo.
Según trascendió, personal del Ministerio de Primera Infancia de la Provincia tomó contacto con el equipo médico de la Fundación y con la niña para coordinar su traslado para mañana. Al parecer, la ambulancia que la llevaría es de la ciudad de Orán.
El cacique de la comunidad wichi de Alto La Sierra, que se ubica a unos 75 kilómetros de la localidad de Santa Victoria Este, Asencio Pérez, había advertido que en esa comunidad no solo faltan médicos sino también ambulancias.
La Fundación Cultura Nativa, del cantante oriundo de la zona Jorge Rojas, visita periódicamente el departamento Rivadavia. Hace años que realiza un seguimiento a los habitantes de La Merced y Pozo El Bravo y este año sumó por primera vez los parajes de Alto La Sierra y Las Vertientes. En Alto La Sierra asistieron a 348 personas y, entre los cuatro parajes, sumaron a 1.362 personas. El equipo estuvo integrado por dos médicos clínicos, un pediatra y una ecografista.
El caso de la niña de 12 años abusada se difundió la semana pasada en una publicación de este medio. La violación ocurrió a fines de 2015. En noviembre, la comunidad de Alto la Sierra marchó pidiendo asistencia para la víctima, pero nadie respondió al llamado.
Diputados irán al paraje
El diputado provincial Jesús Ramón Villa le dijo a El Tribuno que el miércoles viajará la comisión de Derechos Humanos a Alto La Sierra junto con el presidente de la Cámara de Diputados de Salta. Villa no pudo confirmar si alguien de la comisión de Salud se sumaría a la visita.
El legislador destacó que llamó la atención en reiteradas oportunidades sobre la falta de médicos y de recursos en el hospital del paraje.
"El gerente, que es un bioquímico, fue designado hace muchísimos años. De hecho, él formó su familia aquí. Y con repecto al médico, que es de nacionalidad boliviana, aparentemente está contratado como monotributista, al igual que otros profesionales. No sé si homologó o no su título pero el Ministerio de Salud sabe de esta situación y no da respuestas", expresó.
El legislador también mencionó que en 2015 ese hospital estuvo sin médicos por unos 6 meses y funcionaba solo con personal de enfermería.
En ediciones anteriores de El Tribuno, Villa había cuestionado la falta de compromiso y de respuestas institucionales ante las denuncias que presentó la comunidad wichi de Alto La Sierra a fines de 2015, por el abuso de la niña.
También habló de la inacción de las autoridades del Ministerio de Derechos Humanos y de Justicia ante una nota en la que se expuso la dramática situación de la niña y se solicitó la asistencia correspondiente.
Ayer se conoció también que el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, imputó al gerente del hospital de Alto La Sierra y al único médico de la institución por su intervención en el caso de la niña embarazada. Sin embargo, no se pudieron conocer mayores detalles de los motivos de la acusación con respecto a la actuación de los profesionales.

Repudio desde el Observatorio

Criticaron la falta de acción del Estado en esta situación. Esta semana el Observatorio de Violencia contra las Mujeres emitió un comunicado en el que criticó la manera en que, desde el Estado provincial, se abordó la situación de vulnerabilidad de la niña wichi, de 12 años, quien fue abusada y hoy cursa su sexto mes de embarazo sin ningún tipo de asistencia. "El Observatorio de Violencia contra las Mujeres quiere dejar sentado que el derecho al aborto no punible está consagrado en nuestra legislación para casos de embarazo producto de una violación y no se puede establecer ninguna traba de carácter legal, administrativo o judicial", difundió la institución.
Exhortaron a las autoridades provinciales a "evitar la judicialización de estos casos, entendiendo que debe primar la asistencia médica urgente", además de "brindar oportuno y suficiente acompañamiento y asistencia legal, psicológica y social a la víctima y a su familia, contemplando la particularidad de cada caso, especialmente cuando se trata de pueblos originarios". También pidieron evitar toda traba para el acceso al aborto no punible.

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