La nueva dinámica de la Corte de Justicia

Armando Frezze

Armando Frezze

La nueva dinámica de la Corte de Justicia

El último día de agosto prestaron juramento los 3 jueces de la Sala IV de la Cámara de Impugnación. No fue un juramento común y corriente.
Primero, porque los que juraban eran jueces jubilados que convocados por la Corte de Justicia de Salta abandonaron su estado de pasivos para volver a la actividad judicial.
Por otro lado se trataba de cubrir tres vacantes de vieja data. La Sala IV de esa Cámara penal había sido creada por la ley orgánica del fuero en 2012 pero los cargos no fueron cubiertos por el Poder Ejecutivo.
Este año tampoco, pese que existía previsión presupuestaria para el funcionamiento. Por tal motivo, en julio la Corte decidió que el nuevo tribunal penal comenzara a funcionar, y designó para ello, provisoriamente, jueces jubilados porque éstos conservan por ley el "estado judicial" y pueden ser convocados para mantener el normal desenvolvimiento de la administración de justicia "para ocupar transitoriamente, el cargo que desempeñaban en oportunidad de cesar en el servicio u otro de igual jerarquía".
No es menor tampoco un detalle: en los considerandos la Corte de Justicia expresa que la falta de integración de esa Sala IV "afecta el correcto desenvolvimiento del referido tribunal, en desmedro del buen servicio de justicia, lo que motivara la presentación efectuada por la Asociación de Jueces del Poder Judicial de la Provincia de Salta", recogiendo lo solicitado por esa asociación creada el año pasado y que ha mostrado una saludable actividad.
No fue, por lo tanto, un juramento común y corriente.

El activismo de la Corte

Tampoco deja de ser una buena nueva la dinámica de la Corte en esta cobertura de vacantes, una constante acentuada durante los meses de junio, julio y agosto, convirtiéndose esa dinámica en un hecho político, si se considera todo el escenario de provincial. Desdibujada la figura del Poder Ejecutivo que oscila entre compromisos de marketing político nacional ajenos a la gestión con alguna fugaz visita al interior de la provincia, y con un vicegobernador sin un rol definido, la Corte de Justicia de Salta, como cabeza de uno de los poderes del Estado, ha mostrado, en el segundo semestre del año, la decisión de marcar la agenda de los temas de su competencia, tomando decisiones relevantes para una mejor administración de justicia y remitiendo los proyectos de ley pertinentes cuando su accionar necesita de normas que debe aprobar la Legislatura provincial.
Por otra parte los temas de agenda en cuestiones que hacen a la administración de justicia, se vinculan de modo directo con la reforma del estado que la ciudadanía reclama. También es un recordatorio de que, además de ser el más alto Tribunal de Justicia en la provincia, también es un órgano de gobierno del Estado provincial. En un país de cultura hiperpresidencialista como es Argentina, la tendencia a identificar el gobierno con el presidente o los gobernadores es de antigua data y hace perder de vista esa función del Poder Judicial. Pero lo cierto es que tanto el Estado nacional como los provinciales son gobernados mediante decisiones que toman los tres poderes, actuando con independencia y según los límites que las Constituciones les fijan, sin perjuicio de la necesaria coordinación cuando la finalidad lo requiera. Porque así como el dictado de una sentencia es un acto de gobierno dirigido a un caso particular, la solicitud de erigir nuevos juzgados también lo es. Hay casos en lo que el Poder Judicial, a través que la Corte de Justicia que lo encabeza, puede disponer por si mismo, mientras que en otros debe solicitarlo a la legislatura, utilizando su facultad constitucional de iniciativa legislativa.
Además de la acordada cubriendo las vacantes de los camaristas penales, también ha dictado, de propio imperio, otras como la del 27 de junio que puso en vigencia una normativa largamente esperada por los magistrados y el foro: el Código de Ética Judicial. Este código no es en sí mismo una norma jurídica sino que constituye una serie de principios éticos los cuales fijan la conducta que deberán tener los magistrados en la provincia de Salta.
Con excelente criterio la Corte de Justicia adhirió al texto del Código Iberoamericano de Ética Judicial adoptado en la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana de 2006 con las modificaciones de 2014. Por otra parte existían varias razones que urgían tomar una decisión sobre el tema: en especial lograr la transparencia de la gestión judicial por un lado y proteger a los jueces de la posibilidad de presiones de cualquier tipo. Por su finalidad última también este es un paso en dirección a la reforma del Estado.
Vinculado con otro tema que también sensibiliza a la opinión pública, el derecho a amamantar, el Alto Tribunal dispuso por Acordada del 25 de agosto continuar las políticas implementadas hace más de un quinquenio, que contemplan espacios especiales destinados salas de lactancia. Para ello se ordenó la habilitación de tres nuevas salas en Metán, Orán y Tartagal. Entre los fundamentos se citan recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF.

Proyectos remitidos a la Legislatura

Tampoco se privó la Corte de Justicia de hacer uso de su facultad constitucional de iniciativa parlamentaria, para colocar en la agenda temas relativos a la justicia. Cinco proyectos de ley fueron remitidos a la Legislatura en los meses de julio y agosto.
El Alto Tribunal remitió a la legislatura en agosto un proyecto de creación de un Registro Público de Procesos Colectivos, que es el juicio iniciado por muchas personas con motivo de un mismo hecho y en contra de una misma norma o de un demandado único para todos. También ese mes por Acordada 12186 dispuso el envío al Senado provincial de un proyecto sobre el "Régimen de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes". Con anterioridad, el 28 de julio, la Corte había remitido un proyecto de modificación del Código Fiscal que permitiera al Poder Judicial cobrar y administrar la "tasa de justicia".
Esa fue una vieja aspiración planteada en los 90 por la Agremiación Judicial de Salta, para que fuese destinada a engrosar los entonces magros sueldos de los empleados judiciales. El proyecto nunca prosperó porque la Corte de Justicia, en sus sucesivas integraciones, consideraba que el monto anual no resultaba significativo. El proyecto actual da otro destino a la recaudación: "atender la demanda edilicia y de infraestructura de los tribunales existentes y a crearse en el futuro, como así también para la adquisición de equipamiento en general".
Otra iniciativa legislativa enviada en julio solicita la creación de un Observatorio Judicial de Causas por Microtráfico. El proyecto impulsa la creación de dicho observatorio con la finalidad de posibilitar el entrecruzamiento de información, generar estadísticas, sustentar investigaciones de campo y proporcionar un relevamiento del problema en todo el territorio provincial.

La Justicia de Paz Letrada

Pero de todos los proyectos enviados, sin duda el que más destaca es el referido a la establecimiento del fuero de Paz Letrado en toda la provincia materializado en 19 Juzgados de ese fuero. Al mismo le acompaña un proyecto anexo, del Código de Procedimientos de la materia. Por la relevancia y envergadura del mismo y por el atraso enorme que el tema presenta respecto de un mandato establecido por los Convencionales Constituyentes en 1986, aún no cumplido, el proyecto de la Justicia de Paz Letrada y Lega provincial merece una atención especial, que será motivo de una nota próxima.

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