Pese al rechazo del Gobierno nacional, la oposición logró darle media sanción en el Senado al proyecto de ley que declara la emergencia social y propone elevar un 15 por ciento las asignaciones universales por hijo y por embarazo y promueve la creación de un millón de puestos de trabajo.
La iniciativa, que tuvo 45 votos a favor y 13 en contra, fue impulsada por los senadores Juan Manuel Abal Medina y Teresita Luna, del PJ-FPV, y Jaime Linares, del GEN, a partir del reclamo que desde hace meses sostienen organizaciones sociales como Barrios de Pie, la CCC y la CTEP, con apoyo de la CGT.
De hecho, la central obrera anunció que se sumará a la marcha contra el Gobierno se realizará el viernes y advirtió sobre la posibilidad de que el presidente Mauricio Macri vete la ley, en caso de que Diputados la apruebe.
Cambiemos se resiste al avance de esta iniciativa debido al costo fiscal que implicaría y con el argumento de que no contempla el financiamiento, como lo expresaron los senadores de ese interbloque durante la sesión para justificar su voto en contra. Cambiemos se resiste al avance de esta iniciativa debido al costo fiscal que implicaría y con el argumento de que no contempla el financiamiento, como lo expresaron los senadores de ese interbloque durante la sesión para justificar su voto en contra.
La aprobación por parte de la Cámara alta se produjo a dos días de la mencionada marcha, que encabezarán organizaciones sociales y la CGT.
Además de los aumentos de la AUH y la creación de puestos de trabajo, el proyecto establece la creación del Consejo de la Economía Popular en la órbita del Ministerio de Trabajo, para que fije un "salario social complementario" destinado a los trabajadores de la economía informal.
Durante su defensa del proyecto, Abal Medina subrayó que la intención es dar "un paso importante para empezar a salir de la idea de planes sociales y pasar a la idea de planes de trabajo" mediante el programa de Ingreso Social.
Respecto del financiamiento de las medidas que dispone el proyecto, que no figura entre los artículos, el senador bonaerense sostuvo que se podría obtener "2.200 millones de pesos provenientes de grabar con el uno por ciento plazos fijos de personas físicas".
Sobre el costo fiscal, sostuvo que "de aprobarse la emergencia social y alimentaria para noviembre, implicaría un costo de mil millones de pesos y para todo el año siguiente 11 mil millones de pesos" sólo en concepto de aumento en las asignaciones, esto es sin contar el millón de puestos de trabajo cuya creación es instruida por el proyecto al Ministerio de Desarrollo Social.

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