Desde una perspectiva por demás general podemos definir a la política pública como la respuesta que se da desde la administración a las demandas de la ciudadanía. Por supuesto, decir esto implica en realidad decir muy poco, ya que la realidad nos muestra otra cosa. Así como no podemos definir a la democracia únicamente como el sistema político por el cual los ciudadanos se levantan un día cada 2 o 4 años y votan un candidato, tampoco podemos buscar sustento en una visión tan general de las políticas públicas. En tal sentido, cuando funcionarios tanto locales como nacionales hablan de políticas públicas tienen razón, al menos a primera vista. Pero una vez que realizamos un análisis más minucioso de lo que implica una auténtica política pública al igual que de los requisitos con los que ha de contar la misma para ser efectiva, el panorama cambia de manera drástica.
Hay un consenso bastante amplio acerca de los requisitos mínimos o etapas que ha de tener cualquier política pública para considerarse tal. En primer lugar se destaca como punto de partida de la misma el llevar a cabo un análisis y diagnóstico de la situación o problema que se busca atender. Esto implica contar con los datos necesarios para poder determinar un curso de acción que sea adecuado, y es en este punto donde comienza el fracaso de muchos programas o políticas que se implementan.
Como usualmente dichos programas vienen "enlatados" o extrapolados de otras realidades sin tener en cuenta la realidad económica, política, social y cultural del lugar de donde proviene ni el de donde han de ser implementadas, por lo general terminan fracasando rotundamente.
Una vez desarrollado el análisis, el próximo requisito de este proceso es el de la elección de medios para solucionar o alivianar dicho problema. En este punto no se genera mayor dificultad, ya que por lo general se cuenta con una serie de opciones y, de haber realizado el análisis previo correctamente, será previsible determinar cuál es el curso de acción más apto.
Por último, una vez implementada la política pública hay un tercer requisito o etapa que resulta de una crucial importancia, el cual consiste en el control y evaluación de la misma. Este requisito está por lo general ausente o reducido a su mínima expresión en los programas implementados en nuestra realidad. El hecho de no realizar una evaluación y control implica no contar con datos que son vitales para determinar el éxito o fracaso de la política en cuestión. Sin esos datos es imposible medir si dicha política fue útil o no, y por ende no es posible saber qué cosas han de repararse o cambiar a fin de que sea más efectiva.
Algo que se viene probando en distintos lugares del mundo y que busca dar solución a esta problemática es dar mayor participación a la ciudadanía en el control y evaluación de los programas públicos. Esto implica no solo tener un libre acceso a toda la información y data referida a los programas estatales, sino también contar con las herramientas legales para, en el caso de encontrar una irregularidad, hacer que esta cese lo más rápido posible.
Por supuesto que a estos requisitos se les agregan varios más que hacen a la mayor o menor efectividad de una política pública, como su continuación en el tiempo a pesar del cambio de signo político del partido gobernante, su transversalidad o incluso su auto sustentabilidad a futuro pero los requisitos anteriormente desarrollados son lo que en definitiva nos permitirán definir si nos encontramos realmente ante una verdadera política pública.

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