Las elecciones del domingo pasado fueron un verdadero testimonio de fe republicana.
Los argentinos pudimos, esta vez, votar en paz y sin la sensación de angustia y de crisis que caracteriza los finales de ciclo.
A pesar de la saturación que supone un año electoral que comenzó con elecciones en abril, en el país votaron 1.300.000 ciudadanos más que en las Paso, en tanto que el número de votos en blanco se redujo en casi 400 mil sufragios.
Además, todo indica que tras las denuncias de irregularidades registradas en las primarias de octubre, especialmente, en la provincia de Buenos Aires y en Jujuy, y en las elecciones provinciales de Tucumán, una gran cantidad de personas se ofreció espontáneamente para colaborar en la fiscalización de mesas.
De hecho, el incremento de control se tradujo en resultados sorprendentes, entre los cuales cabe destacarse el corte de unas 700 mil boletas en la provincia de Buenos Aires, donde la fórmula presidencial oficialista se impuso a la del PRO por 390 mil votos y la candidata María Eugenia Vidal superó a Aníbal Fernández por 380 mil sufragios: en ese mismo distrito, Sergio Massa (UNA) obtuvo 370 mil sufragios más que su candidato a gobernador, Felipe Solá.
La participación y el control ciudadano son parte esencial de la democracia.
Sin estas dos condiciones, el aparato del Estado despliega una amplia gama de trampas y artilugios para condicionar el voto a través del temor, la compra de sufragios, el traslado masivo de votantes, la adulteración de documentos y la incorporación en los padrones de personas residentes en otras provincias o países. Esta mala praxis democrática no depende de la ideología; la practican siempre los gobiernos que detentan más poder que el que les asigna la Constitución, favorecidos por la pasividad ciudadana.
La evaluación de los resultados del domingo y las expectativas para el 22 de noviembre dependen de la opción política de cada uno, pero es necesario destacar el fervor de la gente común ante un nuevo capítulo de la historia del país, que acarrea esperanzas de mejoría y superación.
Los dos siglos de historia argentina muestran el esfuerzo de una trabajosa construcción de la democracia como sistema político. La tradición autoritaria, el híper presidencialismo y la predisposición al caudillismo hicieron posible la sucesión de golpes de Estado a lo largo de cinco décadas, en las que se relativizaron los valores de la representación política, la legislación como acuerdo y la ideología entendida como proyecto de gobierno construido a través del debate.
El caudillo, por definición no propone: decide sin consultar y sus órdenes no se objetan. Es lo que se llama, un "autócrata".
La república, en cambio, es el sistema anti absolutista, que distribuye el poder del Estado entre el Ejecutivo, el Parlamento y la Justicia. Si los legisladores aprueban proyectos a libro cerrado, la legislatura pierde su sentido. Si los jueces deben alinearse con el Gobierno, el ciudadano queda desamparado frente al poder del Estado.
La democracia convierte al funcionario, al legislador y al juez en un "representante" de los ciudadanos y en un custodio del orden legal.
La participación ciudadana, como la que se registró el 25 de octubre, supone un paso positivo y alentador. La presencia del hombre común, con protagonismo en la actividad institucional, implica una exigencia muy fuerte para el gobernante.
Es fácil detectar que la ciudadanía busca más seguridad. Necesita un gobierno que frene el delito y el flagelo del narcotráfico y que construya un orden legal sin privilegios ni prebendas. Existe una fuerte demanda de mucho más eficacia y transparencia en la administración de Justicia, en la salud púbica y en la educación.
El proceso electoral en curso determinará quién es el nuevo presidente de los argentinos. Es la oportunidad, gane quien gane, de demostrar si somos o no capaces de cultivar la libertad de opinión, convivir con discrepancias y de reconocer como un cimiento central de nuestras instituciones al pluralismo, que ciertamente es un reclamo mayoritario en el país.

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