La pobreza sigue siendo el gran problema del norte argentino y, en particular, de Salta. Más allá de las estadísticas distorsionadas del Indec y de los discursos triunfalistas que abundan en la política, los ciclos de prosperidad económica registrados entre 1991 y 1996, y entre 2003 y 2008, en ningún momento se tradujeron en un incremento de la calidad de vida de los sectores más vulnerables.
No hubo "derrame", "revolución social" ni inclusión. Sencillamente, no hubo ningún programa de desarrollo humano.
Sin una profunda transformación productiva, no habrá trabajo de calidad y, en consecuencia, la pobreza continuará creciendo; con ella, la fractura social, que se profundiza desde hace cuatro décadas atravesando gobiernos más allá de cualquier ideología.
En 1975, según coinciden los distintos estudios históricos, la pobreza era del 7%; en 2016 merodea el 34%. En esos 41 años se produjo en forma simultánea un proceso de precarización del empleo y de degradación de la calidad educativa.
Que sean pobres la mitad de los niños salteños, como informaron Unicef y el Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico de la UNSa esta semana, es un atropello a la dignidad humana. La pobreza no consiste solo el bajo nivel de ingresos, sino en la ausencia de una educación pública que habilite a los jóvenes para las exigencias del mundo contemporáneo y para empleos de calidad, registrados y con seguridad social; la carencia de infraestructura sanitaria, de servicios de agua potable y cloacas, de acceso al sistema de energía y la falta de seguridad muestran que la inclusión y la igualdad ante el Estado y ante la ley son ilusorias.
El presidente Mauricio Macri propuso el objetivo de "pobreza cero" y, para las provincias del norte, organizó el Plan Belgrano.
Todavía, ese ambicioso y valorable programa permanece en el plano de los enunciados. El crédito internacional de 2.000 millones de dólares dado a conocer la semana pasada es una buena señal, aunque aún se ignora cómo se volcará en nuestras provincias.
El Gobierno y la dirigencia salteña, sin distinción de banderías, deben unir fuerzas para que se traduzca en mejoras reales para los habitantes de la provincia.
Al mismo tiempo, las autoridades provinciales gestionan otros dos créditos. Uno, que se solicitará al Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional, por 800 millones de pesos, atraviesa un complicado tratamiento en la Legislatura, ya que diputados y senadores quieren garantizar una distribución equitativa del recurso, cuyo propósito nominal serían "obras de infraestructura productiva y social".
El otro crédito es el que el Gobierno gestiona ante inversores del exterior y que merodearía entre 250 y 300 millones de dólares.
La disyuntiva local es, ahora, garantizar que esos endeudamientos se apliquen a financiar una estrategia de desarrollo y evitar que sean utilizados para subsidiar la pobreza y el desempleo sin resolver las graves falencias estructurales que los generan.
Las crisis nutricionales y la epidemia de dengue mostraron con crudeza el olvido y el aislamiento a que están sometidos los habitantes del interior argentino.
La historia enseña que sin seguridad jurídica y sin proyectos de desarrollo productivo, ninguna región puede superar la marginalidad.
La actividad económica de nuestra provincia sigue atada a cuestiones de coyuntura y carece de una mirada con perspectiva global y proyección de futuro.
Sin agroindustria, los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia, que acreditan una riqueza potencial comparable a la de la región pampeana, seguirán identificados con la pobreza, la desnutrición, el narcotráfico y la violencia.
La verdadera transformación social no depende de medidas asistenciales, que son imprescindibles por lo urgentes, sino de la capacidad de poner en práctica la inversión en "infraestructura productiva y social", que es una meta en la que todos coinciden pero para la cual no se logra definir un proyecto sostenido en políticas de Estado.
El país no podrá salir de la crisis sin endeudamiento. Si los créditos se aplican con transparencia y con impronta federal, orientados a generar una genuina transformación productiva, nuestra región estará en condiciones de iniciar una nueva etapa en su historia. Si se los destina a los negocios financieros, a tapar agujeros y a financiar políticas clientelares, la fractura social será cada vez más profunda y el objetivo de "pobreza cero", una quimera.

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