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La policía paralela tensó la relación de la Justicia y el Ministerio Público
La idea de crear una policía paralela armada en Salta puso en tensión al Poder Judicial y el Ministerio Público. En la polémica quedaron envueltas las instituciones que nuclean a jueces, fiscales, defensores y asesores oficiales en la provincia. Diputados de distintos bloques también quedaron enfrentados en aguas revueltas por el proyecto de ley que el Senado aprobó, el pasado 9 de junio, sin mínimas consultas, análisis ni debate.
El lunes, legisladores de distintas comisiones escucharon las objeciones de carácter legal y constitucional que formuló la Asociación de Jueces de la Provincia de Salta, a comienzos de mes, en una dura carta dirigida al presidente de la Cámara Baja, Manuel Santiago Godoy.
En la rueda de consulta, la citada Asociación estuvo representada por su presidente, Luciano Martini, y los jueces Eduardo Albarracín, Héctor Alavila, Mario Teseyra, Sebastián Fucho y Omar Silisque.
Los magistrados se retiraron de la Legislatura con el compromiso de que las comisiones de Legislación General; Justicia, Seguridad y Participación Ciudadana, y Hacienda y Presupuesto modificarán los aspectos más cuestionados del proyecto.
De mínima, la institución que agrupa a 108 de los 126 jueces de la provincia espera que se supriman en la fuerza policial que dependería funcionalmente del Ministerio Público Fiscal su carácter de armada y las facultades que le permitirían actuar sin previa formación de causa penal.
Las expectativas, sin embargo, comenzaron a desvanecerse el martes último, cuando el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de Salta oficializó ante Diputados su previsible apoyo al controvertido proyecto de ley. El titular del Colegio, Eduardo Barrionuevo, fue la voz cantante de esa institución que nuclea a una minoría de jueces y la totalidad de los fiscales, defensores y asesores del Ministerio Público.
Esa posición había sido anticipada porEl Tribuno, semanas atrás, cuando la Presidencia de la Cámara Diputados informó que convocaría tanto a la Asociación como al Colegio, con el obvio propósito de contrastar la terminante oposición mayoritaria de los jueces.
Fuertes objeciones
La Asociación, recordemos, manifestó que la creación del nuevo estamento armado sería inconstitucional, extraño al Estado de derecho y peligroso para la salud del sistema republicano.
La entidad advirtió que se incurría en "una flagrante violación a las claras prohibiciones establecidas por el artículo 4§ del texto constitucional" de Salta.
Agregó que, por su naturaleza y las características asignadas, la pretendida fuerza sería, "sin dudas, extraña al Estado de derecho".
Remarcó que, como está planteado, el proyecto conferiría a la nueva fuerza armada "llamativas facultades que le permitirían actuar sin formación de causa penal, en violación del Código Procesal Penal y otras leyes con rango constitucional que garantizan la vigencia real del Estado de derecho".
Según el criterio expresado en representación de más de un centenar de jueces, de crearse una fuerza así "se validaría legalmente el desarrollo de tareas de inteligencia absolutamente prohibidas y que en épocas no lejanas permitieron y facilitaron las tareas del terrorismo de Estado".
El diputado Guillermo Martinelli afirmó que, con la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público Fiscal marcha a convertirse en un superpoder. "Eso no es bueno, y los jueces son los que deben señalar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proyecto".
La Asociación de Jueces hizo notar que, por el artículo 144 de la Constitución de Salta, "el uso de la fuerzas armadas o de seguridad, el auxilio a los demás poderes públicos y el gobierno de las medidas dirigidas a conservar la paz y el orden público, resultan facultades exclusivas del Poder Ejecutivo".
Marcó, asimismo, que funciones de la Policía de Investigaciones se superpondrían con las que el Código
Procesal Penal asigna a la Policía de Salta y la Ley 7.665, al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Un magistrado que opina distinto que otros cien

Barrionuevo sostiene que no se verá avasallada la Constitución. Tras reunirse con diputados el pasado martes, el presidente del Colegio de Magistrados de Salta, Eduardo Barrionuevo, manifestó su frontal apoyo a la creación de una Policía de Investigaciones dependiente del Ministerio Público Fiscal, que gobierna la Procuración General de la Provincia.
En declaraciones al programa El Acople Informativo y FM Profesional, el juez de impugnación opinó que, con una fuerza de esas características, "no se avasallará la Constitución". El magistrado consideró que "lo correcto es que los policías del nuevo cuerpo, dependan del Ministerio Público Fiscal y no de cualquier eventual candidato en campaña electoral". Tras aludir de esa forma a la máxima figura del Ejecutivo provincial, el magistrado sostuvo que "no es cierto que las fuerzas de seguridad estén siempre a disposición del gobernador".
Sobre las tareas de inteligencia y espionaje que podría llegar a desarrollar la policía paralela, al margen del Estado de derecho, Barrionuevo dijo descreer de esa posibilidad, pero luego agregó que las investigaciones que realizan otras fuerzas "también pueden ser ilícitas".
Para el titular del Colegio, la propuesta que tiene media sanción del Senado marcaría "un avance en la calidad de servicio" de Justicia, "porque clarifica las cosas y pone a la Policía en manos de quien debe investigar y no de quien está en una campaña electoral".
Barrionuevo reconoció, sin embargo, que la iniciativa está en revisión, ante serios cuestionamientos de la Asociación de Jueces de Salta y de legisladores provinciales, y que "la Cámara de Diputados podría modificar el proyecto o cambiarlo totalmente".

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