Confieso haber escrito y reescrito este artículo tres veces, la primera versión era casi de barricada y traslucía bronca de ver que los pronósticos emitidos desde hace años se estaban haciendo realidad. El segundo intento fue totalmente sobrepasado por la realidad: los polinarcos, el fallo en contra de la violencia de género intrainstitucional y las detenciones por los probables casos de torturas en el sur de la provincia, causaron su obsolescencia casi en el mismo momento en que estaba por apretar el "enter" para enviarlo a prensa. Confieso, por último, que esta versión que estarán leyendo la vivencio como un informe de un médico que acaba de detectar una enfermedad terminal en su propia madre.
Es que he comprendido que la policía de Salta está en estado de total disgregación, la gangrena ha llegado a un punto en que no es posible aplicar los remedios tópicos que los políticos acostumbran a utilizar para "enviar señales concretas a la sociedad", no saben, no pueden, no quieren (¿?) interpretar que estos sucesivos golpes no es solo mala suerte, como si los policías se hubieran puesto de acuerdo para mandarse macanas a la voz de "aura". Creo que siguen pensando en el famoso "caso aislado", en la teoría de la manzana podrida y en que solo algunos policías se descarriaron.

Crónica de una muerte anunciada

Realmente desconozco si la opinión pública recuerda estos últimos años de gestión en materia de seguridad, desde el último paro de 2009, grave en su génesis y en sus consecuencias.
También estos fueron años en que se hicieron evidentes determinadas actividades de la Policía provincial en cuestiones muy prohibidas como las de realizar tareas de inteligencia política y participar activamente en armado de causas (hoy también llamados "carpetazos"), los que no solo tuvieron su origen en la nebulosa "raison d''état" sino también en turbios motivos personales. Así pasaron nombres conocidos de ministros y secretarios de Seguridad, jefes policiales y demás personajes que, a pesar de estar (teóricamente) del lado de la ley, incurrían en conductas no solo reprensibles, sino totalmente reñidas con el orden constitucional.
Toda esa genealogía que sucintamente reseño no causa otra cosa más que hacerme incurrir en el lugar ya muy común de señalar que la actualidad de la fuerza policial y por qué no, de la "gestión" en seguridad, es lo que podría "cronicarse" como "de una muerte anunciada".
Aun a riesgo de incurrir en pedestres afirmaciones y remanidas denuncias, observo que tales obviedades no pueden dejarse de repetir porque pareciera que el Gobierno actual quiere apelar al cansancio y a la resignación para lograr que, en un momento de descuido, se consumen cambios que el poder político vigente pretende desde hace rato, pero para mal de la sociedad.

Enemy at the gates

Hace poco leí de un seguro candidato a las próximas presidenciales que la lucha contra el narcotráfico se estaba peleando en las trincheras porque se había perdido en las fronteras.
Esa reflexión quedó flotando en mi mente ya que puede aplicarse perfectamente a la situación de la policía y, parafraseándola, se puede decir que mal se puede pretender luchar contra el delito en general y contra el narcotráfico en particular cuando se parte de un diagnóstico equivocado y, lo que es peor, se pone al lobo a cuidar a las ovejas.
Ejemplo de ello es lo acaecido en esta última semana que pasó cuando desde el sector oficial, pudimos encontrar el primer y torpe ejemplo dado por el jefe de Policía Ángel Silvestre, quien salió a minimizar el hecho; desafortunadas declaraciones que fueron seguidas por otras provenientes del mismo andarivel discursivo cuando el Ministro de Seguridad, Carlos Oliver, negó la existencia de cárteles dentro de la Policía.
Sin pretender entrar en ningún exceso de crítica, resulta increíble negar que existan cárteles dentro de la policía. Revisemos el concepto: según diversas fuentes coincidentes, la actual palabra cártel, comenzó a utilizarse por las agencias antidrogas norteamericanas a mediados de los años 80 para describir a asociaciones delictivas vinculadas a los llamados TID (o Tráfico Ilegal de Drogas), expresión que a su vez proviene del alemán Kartell, designación puesta en boga en el último tercio del siglo XIX para referirse a un "convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia y regular la producción, venta y precios en determinado campo industrial" (esto último según la RAE).
Ahora bien, como decíamos, no se puede desconocer que la policía se ha cartelizado ya que precisamente y, según lo indica Carlos Medina Gallego (Clacso, 2012), el cartel se caracteriza, entre otras, por construirse sobre relaciones familiares, de parentesco, compadrazgo y lealtad soportadas en referentes de subordinación jerárquica y clientelismo y por fundar nuevas relaciones de poder en los ámbitos políticos e institucionales a través de mecanismos de mediación, infiltración y captura institucional y estatal.
Dentro de la Policía, las relaciones familiares, las relaciones jerárquicas, han servido como terreno fértil para la infiltración de estas organizaciones criminales. Absolutamente todos los casos de narcopolicías han observado este modelo.
Como si la caracterización de un modelo de cártel no fuera suficiente, podríamos decir que un parámetro para entender hasta qué punto el narcotráfico ha cooptado esta estructura del estado en particular, es simplemente observar no solo la periodicidad (cada vez más breve) en que estos casos son detectados dentro de la policía, sino también aceptar que existe ya una territorialidad marcada por el narcotráfico dentro de nuestra provincia.
La mayor parte de estos casos han comprometido a jefes policiales y concejales, procesados o detenidos, tanto en la ciudad de Orán como en Salvador Mazza y Tartagal. El nivel de penetración en el Estado refleja el “momento” del narcotráfico, el cual, según los expertos, en Salta ya se sitúa en un estadio medio.

Genealogía de la ineficiencia

El fracaso, el estado de disgregación de la policía no es sino el signo, la cifra de la derrota de este gobierno en la gestión de la seguridad pública. No es propósito de este artículo despotricar en contra de funcionario alguno, pero sí intentar dar un diagnóstico del estado de cosas, es decir, por qué hemos llegado tan bajo. Tenemos el caso de Eduardo Sylvester, quien ha estado vinculado desde el 2009 a la lucha antinarco ya que fue director ejecutivo de la Agencia Antidrogas hasta el 2011, y secretario (por 3 meses) y Ministro de Seguridad hasta 2013, actualmente es coordinador de la Agencia Regional Norte de la UIF, cargo importante si los hay en esa lucha... Tenemos también el caso de jefes policiales de larga marcha, como Pascual Argañaraz (2008 - 2010) y su segundo, el inefable Mario Paz, con una permanencia solo superada por Marcelo Lami (2012 2016). Una particularidad más de estas “continuidades”: Marcelo Lami era segundo de Néstor Cardozo y Silvestre era segundo de Lami.
Para quien no alcance a comprender el significado de esta aparentemente encriptada “sintonía fina”, explico que con ello quiero denotar que los responsables políticos y el gobernador en primer término, siempre consideraron que las políticas de seguridad eran correctas. Por ello no sirve culpar del estado de cosas a los actuales (y anteriores), ocasionales y sucesivos ministros y secretarios si quien ha estado siempre a cargo de la política de seguridad de la provincia ha sido el mismísimo gobernador en persona.

Un triste y solitario final

Seguramente el Gobierno piensa que el mal momento ha pasado, que los cambios operados van a restituir la confianza pública en la fuerza, pero creo que no será suficiente como no fue suficiente la respuesta dada por los doctores Oliver y Ovejero a nuestros legisladores. Ha quedado claro que hemos llegado a un punto de la realidad que la propaganda oficial ya no podrá cubrir.
Tampoco se hagan ilusiones (gobierno, legisladores oficialistas) de que esta crítica engendró la denominada “Policía de Investigación” porque esa fuerza tiene exactamente la misma matriz policial viciada y que hay que descartar. Espero que los legisladores retomen la idea de la Policía Judicial.
De la tan mentada oficina de asuntos internos, solo queda el mal sabor de que ha sido cooptada por las mismas malas costumbres que hoy campean en la interna policial. Esa oficina, dentro de las filas policiales, se ha hecho fama que favorece las desigualdades. Que tiene un ojo, complaciente, para los oficiales y otro ojo, riguroso, para los suboficiales. El trato preferencial dado al exjefe de la Dirección Unidad Regional Nº 4, Juan Carlos Míguez (exdirector general de Investigaciones y quien ya había sido denunciado por espionaje político en 2012) luego de una denuncia por acoso laboral, ha comprobado la veracidad de ese postulado. Las fiscalías y juzgados provinciales están saturadas de causas del tráfico ilícito de drogas, pero quién podrá sostener a partir de ahora que esas causas no están armadas.
El sentido común indica ahora que la asunción jurisdiccional del microtráfico por parte de la provincia no ha dado sino la oportunidad esperada por la policía para operar fuera de la “molesta” mirada federal.

Cosas de expertos

A ojos de los expertos, la disgregación en sectores de la Brigada de Investigaciones y de la Dirección de Drogas ha logrado la creación de “cotos de caza” y que la detención de todos los integrantes de Drogas del Sector 5 no es ni más ni menos que la explicita verificación de esa idea.
Por todo lo demás, me llegan constantes noticias sobre robos, zonas liberadas, mejicaneo, contrabando y el narcotráfico liso y llano ya son otras formas de modus vivendi de muchos de los integrantes de la fuerza, a lo que yo puedo agregar que eso no podría existir sin el visto bueno o la vista gorda de los mandos policiales ya que la estructura piramidal, la estricta disciplina interna, la cadena de mandos e incluso los fuertes vínculos personales existentes entre los componentes policiales hacen que sea imposible que actividades delictivas dentro de la fuerza no puedan ser detectadas, por lo que no existe justificación ni sorpresas ante estos casos de corrupción. Si alguien se ofende por lo que digo le contesto que al que le cabe el sayo, que se lo ponga. Si a la Justicia o al Ministerio Publico le interesa que dé razón de mis dichos, les contesto por anticipado que son a ellos a quienes les pagan por investigar. Yo solo cumplo en decir, públicamente, simplemente lo que sé.

¿Qué te pareció esta noticia?

Sección Editorial

Comentá esta noticia


- Nonnoc
- Nonnoc · Hace 1 mes

Sí, todo esto viene de una degeneración de años, quizás más de 70. Sin embargo se ha agravado con el concepto Urtubey al asumir: "Donde hay un crimen, hay un detenido". Sumado a lo que describe la siguiente nota, de unos día atrás: http://www.eltribuno.info/sin-corte-no-hay-republica-n777080. Saludos

Norberto  Hermida
Norberto Hermida · Hace 1 mes

si con los dni se investigan los bienes personales y registrables de "todos los policias en actividad y sus familiares" seguro caeran gran parte de los corruptos.. .lo haran???

miguel hugo rojo
miguel hugo rojo · Hace 1 mes

Brillante descripción de una área de la podredumbre en la gestión del "Honorable" precandidato a Presidente: Juan Manuel Urtubey. Así transcribo un pequeño párrafo de un articulo que trato de que sea publicado. Es decir, ¿el Gobernador, nada sabe de todo ésto? ¿Es tan inocente? ¿Está tan enfocado, en demostrar o mostrarse que es un verdadero hombre o caballero que tiene esposa? ¿Que todo ésto le sobrepasa? ¿Todo este caos y degeneración es solamente en Poder Ejecutivo? Ahora va el párrafo aludido: Paradojalmente ahora sin el menor escrúpulo, el mínimo recato, el distintivo de la corrupción en Salta, pretende mostrarse como el cambio de la ortodoxia del delito, como un agente moral de la renovación política, y nos asevera que: "lealtad es ser coherentes con las convicciones, es no mentir, no robar y trabajar para los humildes que nos ponen en nuestro lugar”. Después descaradamente agrega: "Debemos tener la humildad de acompañar a aquellos que efectivamente requieren de un Estado que esté cada vez más presente y nuestro desafío es hacer que los más vulnerables no sean los que paguen los platos rotos de la corrupción, del desgobierno y de todo lo que pasó en la Argentina”. ¿Puede autoreferenciarse o dirigirse a la opinión pública como un acreditado de principios republicanos, haciéndose el distraído como que nada tiene que ver con el saqueo, la decadencia y degradación de las Instituciones Republicanas en la Argentina? Se nos mofa cínica y conscientemente. Cada vez reverdece la soberbia e impunidad.


Se está leyendo ahora