El asunto de las drogas es un problema serio en Argentina, al punto que el Presidente de la Nación ha considerado que un aspecto de dicho problema -el narcotráfico- es un factor causante de la emergencia en seguridad que vivimos.
Sin embargo, el marco legal con arreglo al cual la Argentina diseña la política hacia las drogas -la Ley 23737- permanece vigente a pesar de que, habiendo pasado ya 27 años de su sanción, la ley ha sido superada por la realidad y derogada parcialmente por otras leyes recientes o por fallos que declararon la inconstitucionalidad de ciertos aspectos de su régimen.
Por ello, en lugar de seguir proponiendo "parches" a esta ley "talibanizada", la dirigencia política argentina debe decidirse por cambiar dicho marco legal que hoy día forma parte más del problema, que de la solución.
Ciertamente, la vigencia de una ley se encuentra dada por la realidad que pretende regular o por el problema que busca resolver. En este sentido, la Ley 23737 estableció en Argentina un régimen de regulación, control y sanción vinculado con los estupefacientes que pretendió ofrecer una solución al problema de las drogas tal como se presentaba al momento de su sanción, ocurrida en noviembre de 1989.
En ese entonces, propuso un marco legal más sofisticado respecto al vigente hasta entonces -la Ley 20771 de 1974- y mejor preparado para responder al problema de las drogas existente a fines de los ochenta.
No obstante, a casi 27 años de vigencia, dicha ley ha perdido vigencia y, por tanto, utilidad como marco legal-institucional con arreglo al cual dictar una política de drogas efectiva para controlar el problema. Por un lado, dicho problema no tiene nada que ver con el existente en 1989, habiendo dramáticamente mutado en escala y complejidad. En estos años, Argentina ha dejado de ser un mero país de tránsito de drogas hacia mercados desarrollados y pasó a ser -con distintos matices- un país de consumo, de fabricación, de exportación y de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Cruzado con la velocidad con la que las tasas de consumo han crecido en los últimos diez años es dable esperar, por tanto, una expansión de la demanda en los próximos 5 años. Frente a ello, el marco institucional y los lineamientos para la elaboración de las políticas de reducción de demanda son definitivamente arcaicos en la Ley 23737 y ciertos aspectos se contradicen con la Ley 26657 de Salud Mental, aprobada en el 2010. Fenómeno similar sucede por el lado de la oferta de drogas. La ley y las instituciones de justicia y seguridad funcionan bajo el viejo paradigma que lleva a decomisar droga como forma de reprimir a la oferta. El narcotráfico es conceptualmente una forma de delito organizado, pero fácticamente es una manifestación de delito desorganizado. Ciertamente, la cadena de suministro de las drogas no presenta una integración vertical, es decir, no hay nadie que controle desde la producción hasta la venta al detalle. Por el contrario, hay distintas organizaciones que se especializan en cada uno de los eslabones de la cadena de oferta. Ello requiere una política criminal mucho más inteligente, en términos de concentrar energía y recursos en aquellos eslabones que producen mayor daño. A medida que se asciende en la cadena de suministro, más sofisticados tienen que ser los tipos penales. Los dos aspectos comentados son tan solo una simple muestra del argumento a favor de un cambio completo de la Ley 23737 que de lugar a un marco legal e institucional moderno, balanceado, y sofisticado con arreglo al cual diseñar una política hacia las drogas que se capaz de controlar un problema que, de no hacerlo, carcomerá los proyectos de vida, el capital social y la concordia de nuestra Argentina.

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