Rutas, puentes y puertos: en busca del tiempo perdido. Un llamado curioso recibió el domingo pasado al mediodía el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Alberto Padoán. Desde Washington lo llamaba un funcionario de la Corporación Financiera Internacional (CFI), interesado por las obras de acceso al complejo oleaginoso, industrial y portuario de Rosario y localidades cercanas.
El interés del organismo que depende del Banco Mundial revela el optimismo que prevalece hoy en el exterior sobre el potencial de desarrollo que tiene la agroindustria en la Argentina. Esa visión positiva contrasta con la crítica situación que todavía padecen las zonas sobre las que se descargaron las lluvias récord de abril y los escasos fondos disponibles para ayudar a quienes hoy están en problemas. "El año que viene podremos llegar a los 130 millones de toneladas, pero necesitamos mejorar la infraestructura", dice Padoán. La BCR junto con el Gobierno de Santa Fe y otras instituciones de la región quieren atraer inversiones para solucionar de una vez por todas los problemas de acceso al complejo oleaginoso del Paraná. De allí se procesa y sale el 65% de la cosecha de granos y el 90% de las harinas proteicas y aceites que exporta el país. Además del acceso al complejo oleaginoso, hay otras obras para realizar, creen en la BCR. Las rutas 33 y 34 se podrían transformar en autovías y se podría construir un puente para unir Reconquista, en Santa Fe, y Goya, en Corrientes. En 2005 Néstor Kirchner había acordado con los gobiernos de ambas provincias iniciar las obras. Nunca se hicieron. Lázaro Báez tuvo prioridad. Ahora, en cambio, hay expectativas en la obra pública . El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, prometió que en los próximos cuatro años se construirán más autopistas que en los últimos 65 años. Muchos esperan que cumpla. Este potencial de crecimiento revela otra vez el contraste con el déficit de infraestructura que dejó al desnudo el desastre pluvial de abril.

"Hay tamberos que liquidan las vacas y productores a la madres de porcinos".

Las lluvias mermaron y las cosechadoras entran como pueden a los lotes, y es difícil sacar la producción. Según calculó el presidente de la Federación Agraria Argentina, Omar Príncipe, solo en la provincia de Santa Fe, que concentró el 71% de las pérdidas por inundaciones, hay 20.000 productores afectados. "Tamberos, chancheros y pequeños productores de 200 o 300 hectáreas de soja están en una situación dramática", dijo el presidente de la FAA. La entidad le propuso al Gobierno nacional la emisión de un "bono verde" a pagar a valor producto, que les permitiría a los chacareros aliviar el daño económico. "Hay tamberos que están liquidando las vacas y productores de porcinos que están vendiendo las madres. Y hay muchos que no van a poder sembrar en la próxima campaña", advierte Príncipe. Aunque los funcionarios del Ministerio de Agroindustria fueron a las zonas que padecieron la inundación y están impulsando más medidas de ayuda, el desastre pluvial de abril dejó en evidencia las deficiencias del Estado. El presupuesto para emergencia y desastre agropecuario, establecido por ley, es de $500 millones y está congelado desde 2009. No tiene la misma suerte que Fútbol para Todos, que tiene fondos que triplican esa suma y se actualizan por inflación. Aquí hay una oportunidad para acortar la brecha entre el potencial de crecimiento productivo y la realidad de muchos que hoy padecen graves problemas.

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