La soberanía sobre los archipiélagos del Atlántico sur no admite improvisaciones ni contradicciones como las que ocurrieron estos días.
La declaración conjunta anunciada en el Foro de Inversiones el 14 de setiembre tras la reunión de la canciller argentina Susana Malcorra y el vicecanciller británico, Alan Duncan, desencadenó una controversia sobre este punto y derivó en un traspié diplomático cuando el presidente Mauricio Macri incluyó ese concepto al referirse a un breve diálogo que mantuvo, en la ONU, con la premier británica Theresa May.
El mandatario argentino debió rectificarse públicamente, para aclarar que ese término no había sido pronunciado explícitamente aunque habían convenido en avanzar en "todos los temas".
Para Gran Bretaña, la soberanía argentina no es un "tema de negociación" y sostienen que las islas Malvinas son parte de su territorio.
Por el contrario, ese archipiélago, y todos los del Atlántico Sur, aparecen en nuestra Constitución Nacional como parte indivisible de la Argentina. No solo el texto constitucional, sino la historia, la geografía y los criterios actuales de política internacional, además del sentido común, confirman que la pretensión británica es simplemente un residuo del colonialismo del siglo XIX.
La declaración conjunta de Malcorra y Duncan propone negociaciones para el regreso de los vuelos desde aeropuertos continentales argentinos a las Malvinas y la realización de proyectos conjuntos de exploración de hidrocarburos en las islas.
Esa declaración hace explícita referencia al segundo párrafo del acuerdo binacional celebrado en octubre de 1989, donde se impulsan estrategias de acercamiento sin que esto suponga un cambio en la posición de la República Argentina ni de gran Bretaña sobre la cuestión de la soberanía.
Sin embargo, desde diversos sectores, los críticos señalan que no se están reafirmando debidamente los intereses argentinos y que no se define con claridad cuál es la posición de fondo de nuestro país al respecto.
A mediano plazo el tema no es menor, ya que luego de su separación de Europa, Gran Bretaña se verá obligada a buscar nuevas alianzas, desde una posición políticamente debilitada que nuestro país debe manejar estratégicamente.
La de las Malvinas es una cuestión sensible para argentinos, británicos y malvinenses. En este trámite hubo una imprudencia tanto de parte de Macri como de Theresa May, al abordarlo en una conversación informal. En ese contexto, nada garantizaba que se diera por supuesto, intencionadamente o no, un entendimiento que no era tal.
Ambos mandatarios se encuentran condicionados por las reacciones que puedan generar en sus respectivos países cada uno de los pasos que se den en la relación bilateral. Al hacer público Macri que con May habían hablado de soberanía, aunque fuera cierto, el Gobierno británico se veía obligado a desmentirlo. De ahí los esfuerzos de la canciller Malcorra por precisar el alcance de los dichos en cuestión.
En política internacional los equívocos son inadmisibles y el lenguaje diplomático exige precisión absoluta y cautela. Es desaconsejable utilizar términos inapropiados en la relación con otros países, cualquiera sea el motivo.
En este caso las resistencias surgen, incluso en el seno de Cambiemos, por dos razones: una, es el temor que más allá de los acuerdos en materia hidrocarburífera y aerocomercial, el país se encamine de vuelta a la estrategia del "paraguas de soberanía", que admitía acciones de cooperación entre ambos países como forma de acercamiento. El otro recelo se debe a que la preocupación de Malcorra por evitar el veto de Gran Bretaña a su candidatura como Secretaria General de la ONU la lleve a hacer concesiones que debiliten la posición argentina.
Además, la comunicación conjunta supone un viraje rotundo en la estrategia argentina. Para concretar la cooperación en actividades petroleras será necesario modificar la ley de Hidrocarburos sancionada por el kirchnerismo que prevé sanciones para las empresas que operen en el Atlántico Sur.
Este cambio, que algunos califican como "giro copernicano", pretende dejar el problema de la soberanía en el marco del Comité de Descolonización de la ONU para facilitar el intercambio en diversas áreas. Sin embargo al no explicitar los objetivos a largo plazo de la política que con él se pone en marcha, no despeja las razonables objeciones que se le plantean.

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