Castigar la corrupción de los funcionarios públicos de todos los niveles y jurisdicciones aplicando la ley vigente es un reclamo social que va tomando incremento continuo y exponencial en este inicio de 2016, y corre parejo con la demanda de transparencia de los actos de gobierno. Aunque el pedido está directamente dirigido a la Justicia, elípticamente el reclamo está apuntado también a todo el arco del sector estatal, oficialistas y opositores de ayer y de hoy. "O se ponen al frente del reclamo social o los llevará la corriente", aseguran que manifestó, a los jueces federales de la Capital Federal, el presidente de la Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti.
Esta fuerte exigencia social incluye dentro del concepto de corrupción distintos componentes, entre los que destacan la transparencia, la seguridad, el narcotráfico y el juego, estos dos últimos, emparentados entre sí, son fuente y origen de la corrupción no solo estatal sino también de muchos actores de la política argentina.
Respecto de seguridad, transparencia y narcotráfico, el objetivo es claro y los medios a utilizar también, habiendo previsto el presidente Mauricio Macri claros cursos de acción; pero con relación a los juegos de azar, el futuro se presenta -por ahora- incierto. Durante la campaña presidencial de 2015, oficialistas y opositores se pronunciaron públicamente en contra. Ahora guardan silencio.

Conducta esquizofrénicaLos gobiernos, el nacional y los provinciales, en las últimas décadas han exhibido una conducta esquizofrénica con relación al juego; por un lado lo demonizan por saberlo cercano a la corrupción política y por las graves consecuencias sociales que producen casinos, bingos, tragamonedas y hasta el póker por internet, pero por otro lado no lo prohiben; por el contrario, no pierden ocasión de incentivarlo aumentando los permisos y concesiones. La materia legislativa de juegos de azar es provincial; en varias provincias está autorizada por sus constituciones en forma expresa, en otras sólo depende de una ley que lo permita; casi siempre enmascaran pudorosamente el permiso detrás de una finalidad social. Incluso lo hacen algunas constituciones, como la de Chubut, al tratar el juego de azar finaliza diciendo: "Los fondos recaudados por la Provincia se destinan al financiamiento de las políticas sociales del Estado", palabras que parecieran querer lavar todo lo de espurio que tiene el origen de esos ingresos.
El habla de los argentinos acuñó una figura retórica para nombrar a los concesionarios más notorios: los zares del juego, en alusión a la gran riqueza e impía crueldad de algunos zares de la Rusia Imperial. Y que al no impedírselo la ley de medios, comenzaron a adquirir radios y emisoras para poder presionar cuando el clima no les era favorable.
El Estado, nacional y provincial, maneja concesiones, autorizaciones, cánones y otro aditamentos, por lo cual es una de las áreas más expuestas a ser corrompida. La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, lo expresó durante su campaña, invitada en la mítica mesa de Mirtha Legrand el año pasado dijo sin pelos en la lengua que "el juego se nos fue de las manos".
La solución a este mal estaría en el buen funcionamiento de los mecanismos estatales de control, pero la realidad es otra: ofrecen falta de eficacia y nula transparencia. La otra solución es la prohibición lisa y llana del juego de azar, posible en las jurisdicciones provinciales.
"Los juegos de azar son a la vez, demonizados e incentivados, por los Gobiernos"

Una enfermedad social

El juego de azar también perjudica el bienestar y buen funcionamiento del tejido social porque esa actividad conlleva la existencia de adicciones en muchas personas, los ludópatas, cuyas consecuencias negativas alcanzan no sólo al adicto sino a su familia, a su entorno laboral, a sus amigos. Es curioso la poca atención que el Estado nacional y los provinciales prestan a este cáncer del organismo social. Algunas organizaciones políticas, como también ONG y las Iglesias señalan que el tema resulta más agraviante porque se ensaña con la clase de menores recursos, los más necesitados y desprotegidos, cuyos magros ingresos hacen más dañina y grave a esa adicción que, además, se vincula con otros problemas sociales como el narcotráfico, la inseguridad, la criminalidad, el lavado de dinero y la prostitución.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) la ha clasificado hace décadas como una enfermedad, categorización que no tienen otras adicciones en las que el adicto no arrastra con su conducta a personas de su entorno a un estado de "no-salud"; ejemplos son el tabaquismo, la bulimia, la cleptomanía o la adicción al sexo.
Por otra parte hay más certezas que dudas sobre el entramado del juego de azar con la droga-adicción, y ambas parecen ser una de las principales fuentes del financiamiento de la actividad política, con una mínima pero necesaria colaboración de alguna parte de los organismos de seguridad.
Llamativamente a las tres enfermedades sociales, adicción al juego, drogas y alcohol, se les aplican estándares legislativos diferentes, cuando no contradictorios. Fabricación o comercialización de drogas alucinógenas es objeto de severas penas; con el alcohol ocurre lo contrario; no sólo se permite la producción y comercialización sino que el estado alienta el consumo. La Fiesta de la Vendimia en Mendoza, la Serenata de Cafayate en Salta o en Córdoba la Fiesta Nacional de la Cerveza, la Oktoberfest, son un ejemplo.
Pero la adicción al juego es la Cenicienta de las enfermedades sociales; preocupa, pero no tanto como para que los legisladores establezcan su prohibición. Vale la pena recordar que la ruleta se autorizó por primera vez en 1819 por disposición del entonces Director Supremo José Rondeau, pero al año siguiente el Cabildo de Buenos Aires la prohibió diciendo que "no podía el cuerpo capitular ser espectador indiferente de los lamentos de tantas familias desgraciadas, cuya subsistencia ha devorado este juego ruinoso, así como ha perturbado la paz doméstica". Sagaz pronóstico y adecuada veda cuyo bicentenario, a celebrarse dentro de cuatro años merecería multitudinarios festejos.

La prohibición no es una utopía

La primera Constitución de la Provincia de Salta, sancionada en 1855, no contenía ninguna disposición acerca de los juegos de azar. Pero en 1875, la segunda Constitución y las que le siguieron vedaron a la Legislatura provincial "autorizar ninguna clase de loterías en la provincia ni la venta de billetes de loterías establecidas fuera de ella". Esta rígida interdicción se mantuvo durante casi treinta años y se repitió en las constituciones de los años 1883, 1888, 1906 y 1929. Solo se permitía "la venta de billetes de loterías autorizadas por ley de la Nación". Y estas dos últimas eran terminantes: "Quedan prohibidos los demás juegos de azar".
La prohibición duró hasta 1986, aunque fue quebrantada varias veces por el mismo Estado. Basta recordar el Casino del Hotel Termas, en Rosario de la Frontera, o el Casino Municipal en la Ciudad de Salta. En 1986 la Constitución de ese año permitió finalmente los juegos de azar, pero sujetos al requisito de ser autorizados y reglamentados previamente por una ley de la Provincia.
Las circunstancias actuales son propicias para que una política de anticorrupción y también de salud pública y social restablezca aquella más que centenaria saludable interdicción del juego de azar. Ayudaría a combatir por un lado la corrupción política y por otro contrarrestar al flagelo de la ludopatía.
La sociedad civil debiera movilizar la obligada consideración en una futura reforma constitucional. Si Salta Capital ha logrado ser una ciudad libre de humo de cigarrillos, la Provincia debe alcanzar el mérito de ser una jurisdicción libre de juegos de azar.

Frase

"Las circunstancias actuales son propicias para que una política de anticorrupción y también de salud pública y social restablezca la centenaria y saludable prohibición del juego de azar"

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