Las decisiones adoptadas para actualizar las jubilaciones y honrar viejas deudas con las personas mayores forman parte de un paquete de medidas que incluyen un plan de estímulos a las pequeñas y medianas empresas y el blanqueo de capitales.
Se suman de ese modo a la eliminación o reducción de retenciones a las exportaciones agrícolas y mineras, y a otras medidas orientadas a propiciar la reactivación económica.
Según precisó el ministro de Desarrollo Productivo, Francisco Cabrera, el objetivo del Gobierno nacional es duplicar la producción.
Se trata de una meta ambiciosa, pero si no se la alcanza, todo cambio que se introduzca en la economía y cualquier mejora social que se instrumente será desvirtuada por los dos flagelos que obstruyen el desarrollo: la recesión y la inflación.
El gran desafío del actual Gobierno argentino ante la compleja situación heredada consiste en no repetir errores cíclicos que no solo llevaron al país al estancamiento económico sino que generaron una brecha social muchísimo más profunda e injusta que la ideológica, de la que tanto se habla en estos días.
El gobierno de Mauricio Macri intenta fomentar la inversión productiva, disminuir el déficit y frenar la inflación. Hasta ahora, en sus primeros seis meses de gestión, la realidad económica dio señales adversas, generando un clima de incertidumbre y descontento. La inflación y la recesión aumentaron y la inversión es inferior a las expectativas.
Sin embargo, la apertura a los mercados financieros hizo posible la captación de créditos, lo que es celebrado por los gobiernos provinciales, y el veto a la ley anti despidos fue interpretado como un signo de fortaleza por los inversores. Se trata de decisiones que consolidaron la imagen del país en el exterior.
Es posible duplicar la actividad productiva, siempre que se ofrezcan condiciones de seguridad para los inversores. Los cambios violentos y traumáticos de los últimos 26 años constituyen un mal antecedente, que produce desconfianza.
El reconocimiento de la deuda con los jubilados, la actualización de los haberes y la asignación de fondos para garantizar una pensión universal para que todos los mayores de 65 años cuenten con un ingreso mínimo son medidas de impacto social que, financiadas con recursos genuinos y no con emisión de moneda, tendrán un efecto reactivador al recuperar las familias cierta capacidad de consumo.
El blanqueo de los capitales es un instrumento cuestionable desde varios puntos de vista, porque premia al evasor, pero produciría un aumento de la inversión y podría contribuir a una solución a largo plazo si es que el país se encamina hacia el saneamiento económico y la previsibilidad a largo plazo.
La ampliación de la línea de inversión productiva que autoriza el Banco Central al sistema financiero daría acceso a las pymes a 150 mil millones de pesos en crédito, se añadiría a la liquidación trimestral del IVA que les brindaría un capital de trabajo disponible de alrededor de 5.000 millones, y a otros beneficios impositivos que tienden a fortalecer a ese sector, vulnerable, pero que es el mayor generador de mano de obra.
El Gobierno nacional afronta una crisis que lo coloca en el centro de dos tensiones: las exigencias de los sectores de menores ingresos, que siempre son los que más sufren los fracasos de los gobiernos, y la imperiosa necesidad de disciplina fiscal y monetaria.
La gestión del presidente Macri recibe hoy críticas implacables de quienes expresan el discurso político clásico, facilista y carente de autocrítica, y de los economistas ortodoxos que parecen olvidar el daño que producen los dogmas aplicados sin sensibilidad social. También hay otras opiniones, más prudentes, que expresan preocupaciones genuinas.
El desafío es complejo y requerirá mucho tacto político y prudencia, y una mirada que vaya por encima del oportunismo demagógico y de los límites de la cosmovisión gerencial. La experiencia histórica enseña que estas simplificaciones son nefastas. Es imprescindible ahora intentar marchar por un nuevo camino.

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