La Revolución de 1810, la Asamblea del año XIII y la Declaración de la Independencia en 1816 produjeron un cambio de régimen político en el antiguo Virreinato del Río de la Plata, instaurando los principios de igualdad de derechos, soberanía popular y división de poderes.
La ruptura del orden colonial requirió el diseño de una nueva y costosa ingeniería institucional donde hubo que definir la soberanía, la fuente del poder, sus límites territoriales y llegar a consensos sobre una nueva legitimidad. Fue, un proceso tumultuoso y complejo, lleno de dificultades externas e internas y no siempre coincidentes con las ideas que se propugnaron.
Hay coincidencia en que las revoluciones independentistas ocurrieron en el marco del colapso de la monarquía española tras la invasión napoleónica. Los movimientos revolucionarios en las Américas estallaron en medio de conflictos entre las potencias europeas en el siglo XVIII, como consecuencia de sus cambiantes alianzas y fronteras en el trayecto de la formación de sus estados nación con bases territoriales más que dinásticas.
La revolución en América del Norte comenzó cuando los enfrentamientos de Francia con Inglaterra se extendieron al continente americano demandando el envío de tropas que Gran Bretaña pretendió pagaran los colonos con nuevos impuestos, lo que desató la primera rebelión fiscal en Boston. Tampoco se puede explicar el apoyo franco español a los colonos americanos del Norte, y el bloqueo de la escuadra francesa en Yorktown sin la rivalidad franco inglesa.
En América del Sur, la tantas veces alegada crisis de legitimidad tras la "vacatio regis" en Bayona y los levantamientos populares contra José Bonaparte repercutieron en la formación de juntas en la metrópoli, lo que se repitió en Buenos Aires, donde el Cabildo reemplazó al virrey designando una Junta. Al hacerlo no se apartó más de la legitimidad dinástica que lo que ya habían hecho las juntas en España o de la designación del virrey Cisneros por la de Sevilla.
Lo que siguió fue un verdadero tembladeral, cuando se tuvo la decisión de establecer un gobierno propio con hechos efectivos de soberanía al armar ejércitos que buscaran imponer su mando por la fuerza.
El cambio fue profundo y distinto al de las colonias de la América del Norte. Allí la transición fue menos traumática porque ellas siguieron el sistema británico de gobierno mixto limitado que tenía su antecedente en antiguas raíces feudales que hicieron perdurable el derecho común; en las colonias españolas, en tanto, se trató de un cambio en una monarquía absolutista, centralista, con una jurisdicción y legislación reales influenciadas por el derecho romano y la tradición política del tardío imperio. En la América del Norte las asambleas de las Colonias Unidas de América continuaron con las de los Estados Unidos de América.
Por otra parte, lo que desordenadamente siguió no se impuso sobre una constelación de señoríos, pueblos y corporaciones como en las monarquías europeas sino que lo que proclamaba ser un nuevo estado independiente sucedió a una estructura político imperial que si algo tuvo fue una legislación y jurisdicciones comunes instituciones formales explícitas y un poder efectivo.
El salto a un nuevo sistema político iniciado en mayo de 1810, a pesar de la prudencia en sus declaraciones, que tuvieron en cuenta que Gran Bretaña se había vuelto aliada de España, se reafirmó en la Asamblea del año XIII que se declaró soberana. Y fue definitivo con la declaración de la Independencia.
No solo se trató de la ruptura con España sino de reemplazar el antiguo sistema político por uno que proclamó que todos los hombres eran iguales en derechos, lo que les correspondía como individuos y no como miembros de un estamento o corporación. Obtener consenso para ello -no solo en las excolonias españolas- se tradujo en crisis que duraron buena parte del siglo.
Pero si esa fue la primera crisis de legitimidad, no pasó mucho tiempo cuando se tuvo que enfrentar otra de signo contrario: la restauración y la vuelta de Fernando VII como rey absoluto.
Los avatares por imponer la nueva legitimidad en las Provincias Unidas persistieron la mayor parte del siglo y en su curso los actores debieron adaptar sus ideas a una realidad cambiante en un marco de casi permanente inestabilidad que fue también, en otro orden, el de pobreza. Esa difícil transición tuvo en cada una de las ex colonias de España en América sus características demográficas y culturales propias, por lo que nos referimos sólo a lo que es hoy la Argentina. Pero se trató también de que las nuevas autoridades pretendieron, alegando el "utis possidetis iuris" extender su jurisdicción a lo que había sido el antiguo Virreinato enfrentando así las dificultades de tratar con regiones muy distintas.
Algo que no se ha tomado suficientemente en cuenta es que el diseño del régimen político administrativo del imperio español en América (así como sus patrones de poblamiento y urbanización) respondieron entre otras cosas, al descubrimiento y explotación de los enormes recursos de la minería de la Plata en Nueva España en el Norte y en el Alto Perú Potosí en el extremo Sur. Solo su enorme riqueza pudo pagar los costos de la desmesurada extensión de las unidades político administrativas de los virreinatos americanos, de Florida y California al Bio Bio y el Río de la Plata. Mientras que una parte de esos ingresos pagaron a las burocracias coloniales (la Caja del Potosí pagó los gastos de la de Buenos Aires), cuando faltaron, por la guerra o por la separación o declinación de la producción de las de las regiones mineras, se originó una aguda y prolongada crisis fiscal. Los ingresos del comercio exterior en el único puerto con acceso al Atlántico (salvo Montevideo que no se había adherido a la Junta) no alcanzaron a reemplazarlos y fueron disputados por las provincias del interior siendo una de las causas de las guerras civiles y de la demorada organización nacional .
El régimen fiscal patrimonialista que proveyó de recursos al estado colonial se agotó y en su reemplazo surgieron, por un lado, uno moderno basado en el comercio exterior que benefició a la provincia que tenía el puerto (y no al litoral que tuvo cerrado los ríos hasta 1953) y por el otro, uno anacrónico y pobre en el viejo interior vinculado al Norte, el de las aduanas internas que suministraron muy escasos recursos y hicieron más difícil la formación de un mercado a nivel nacional. Los proyectos de los años 1820 de establecer gravámenes a la propiedad fracasaron por tratarse de sociedades pastorales muy atrasadas. Pero la misma circunstancia de una geografía con un único puerto ultramarino hizo que las provincias que disputaban la aduana Buenos Aires (salvo Montevideo, base naval y puerto, el Paraguay autónomo con sus mercados locales y el Alto Perú, que tenía el Potosí) no quisieran por ello separarse. Esta fue una de las paradojas argentinas, la coexistencia de fuerzas que se disputaban la aduana pero que no reclamaban su definitiva secesión.
No quiero restar importancia a otros factores que ha destacado la historiografía, entre otras la lucha por la libertad de comercio del recordado alegato de Moreno y el conflicto con los monopolistas no solo de Cádiz sino de Lima, que tuvieron un peso innegable.
También, aunque que los hechos no siempre respondieron a las ideas, ello no implica que estas no fueran relevantes. Sobre todo las que venían de la ilustración que causaron ese terremoto en la constelación de creencias que habían privilegiado la obediencia en los tres siglos de vida colonial.
Pero este fue el problema que tuvo el nuevo príncipe, al implantar de hecho un nuevo régimen político.
Con esos avances y retrocesos se fueron conformando las nuevas instituciones en un largo camino desde 1810, 1813 y 1816, los pactos preexistentes que culminaron con la Constitución un régimen de igualdad de derechos, soberanía popular y gobierno limitado con división y equilibrio de poderes.
Al recordar a los hombres que en 1816 en Tucumán declararon la Independencia queremos reafirmar esos valores.




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