La espantosa muerte de Lucía Pérez, la adolescente drogada, violada y asesinada en Mar del Plata; la muerte sumamente dudosa del sacerdote Juan Viroche, en Tucumán; la marcha realizada frente al Congreso por familiares de víctimas de muertes inadmisibles y, finalmente, el alevoso atentado contra un juzgado federal, en la localidad bonaerense de San Martín, resultan una suma de acontecimientos que muestran la sensación de vulnerabilidad que se extiende en nuestra sociedad.
La ciudadanía exige que el Estado brinde seguridad. Frente a este pedido parece imperar el desconcierto entre la dirigencia.
Las declaraciones de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en la clausura del Coloquio de Idea, al referirse a las amenazas que le dirigieron a ella los delincuentes que incendiaron el juzgado dan la medida de la gravedad de la situación. "Estamos haciendo una profunda reforma policial... esto significa que hay negocios que se pierden y las consecuencias están a la vista". Al advertir que "no hay lugar para soluciones mágicas", la gobernadora agregó que "no podemos seguir haciéndonos los distraídos con el narcotráfico... tantos años de mirar para un costado o ser cómplices no son gratis... Es una batalla que empezamos desde el primer día. Queremos que no haya más drogas en las calles de la provincia".
A su vez, el juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Horacio Rossatti, calificó el incendio del juzgado como "un ataque institucional a los tres poderes del Estado" y alertó que "se empieza por los edificios, se sigue con las personas".
El narcotráfico aparece hoy asociado a gran parte de los hechos de inseguridad, pero se trata de algo mucho más grave que la mera acción de gavillas. El delito está incorporado a las estructuras del Estado.
El incendio del Juzgado Federal de San Martín es paradigmático: se trata de un tribunal que tramita casos críticos de narcotráfico y los delincuentes que lo perpetraron obraron con alevosía, no fueron detectados por los dos gendarmes afectados a la custodia y contaron con el mal funcionamiento de las cámaras de seguridad.
La joven Lucía Pérez fue, aparentemente, víctima de dealers de Mar del Plata y el padre Viroche había denunciado a traficantes vinculados con el poder político de la localidad tucumana de La Florida.
Frente a la demanda perentoria de seguridad, los dirigentes políticos suelen engañarse con la idea de que se trata de una "sensación"; es decir, a negar la realidad. Para neutralizar esa sensación, abundan las promesas de "mano dura", proliferan las exhibiciones de nuevos agentes, que visten uniforme pero carecen de la formación. Esas sobreactuaciones simplemente develan la ausencia de planes eficientes y de funcionarios capacitados para ponerlos en práctica.
El narcotráfico fue avanzando paulatinamente sobre el territorio argentino, afianzándose primero en la frontera norte y avanzando hacia los grandes centros urbanos. Es público y notorio. Sin una adecuada inteligencia y sin conocimientos técnicos, los sucesivos gobiernos adoptaron decisiones erráticas, como la de desplazar a los gendarmes de sus áreas específicas para reemplazar a las policías federal y provinciales. Al mismo tiempo, los despachos de jueces y fiscales, de difícil acceso para el ciudadano común, no transmiten la certeza de que una voluntad firme para buscar a los responsables de los crímenes (y no a chivos expiatorios o "perejiles"). Por eso, la idea de la "puerta giratoria" se consolida ante la cantidad de criminales que vuelven a matar tras un breve encierro.
Entre el atractivo de la "mano dura", cuya eficacia no está probada, y esa defensa irresponsable de la no punibilidad de los criminales, que es el descabellado "abolicionismo", se plantea una controversia pseudo-filosófica, cuyos efectos son desconcertantes. La garantía de los derechos de los delincuentes es una condición insoslayable, porque un Estado que tortura, condena sin pruebas o aplica el gatillo fácil es un Estado delincuente.
Pero un Estado que "mira para el costado" frente a los crímenes, y no construye un sistema sólido y creíble de seguridad y de Justicia, es un estado que abandona a los ciudadanos. Es, así, un estado perverso.

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