Hay un hilo vinculante entre los tres acontecimientos que estamos viviendo en estos días. Los dos primeros como homenaje, como conmemoración, el tercero con estupor al ver desnuda, nítida, una realidad que, sin embargo, nos acompaña históricamente como un karma. En efecto, en estos días se conmemoran los doscientos años de nuestra vida como país independiente y los cincuenta años del derrocamiento del Dr. Arturo Illia, presidente constitucional.
A su vez, observamos anonadados lo que va mostrando el avance de las causas judiciales al fin seguidas en contra de funcionarios gubernamentales de primera línea del anterior gobierno, encabezado, sucesivamente, por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, gobierno que llevó al histórico conflicto con la ley de los argentinos a su más alta manifestación por su sistematicidad. Tras la máscara de gobierno constitucional se escondió no sólo un cada vez más manifiesto autoritarismo, entendido como poder concentrado, sino también un grupo de personas dedicado a instrumentar al Estado para su propio provecho personal. Una suerte de patrimonialismo. Concentración de poder y patrimonialismo tomados como algo natural por una sociedad que los votó, también, sucesivamente.

Un país al margen de la ley
El hilo vinculante entre estos tres episodios es, precisamente, nuestra enemistad colectiva con la ley, un pobre sentido jurídico como fisiología social. En efecto, tras la declaración de nuestra independencia en Tucumán, el 9 de julio de 1816, hace ya doscientos años, y tras las luchas por consagrar en los hechos la misma, comienza la etapa de la anarquía y de la guerra civil interna, a la que pone fin Juan Manuel de Rosas, precisamente autodenominado el Restaurador de las Leyes. Pero se debió esperar hasta 1852 para que otro caudillo federal, Justo José de Urquiza, lograra las condiciones objetivas necesarias para la consagración de una Constitución Nacional, al derrocar a Rosas, quien había identificado su propia voluntad con la ley.
Sin embargo, nuestra vida constitucional, con sus más y sus menos, tuvo vigencia recién después de acalladas las disputas entre la provincia de Buenos Aires y el resto del país, tras las guerras de policía de Mitre y la federalización de esa ciudad, luego de lo cual comenzó a bosquejarse la indispensable organización del Estado nacional como tal. Es decir, considerando que nuestra vida constitucional tuvo una primera época de aparente pleno vigor durante cincuenta años, entre 1880 y 1930, es un lapso que no alcanzó para la encarnación de la ley como presupuesto social. Tanto es así que ese año, 1930, nuestro comprovinciano, Luis Félix Uriburu, derroca a Yrigoyen pretendiendo instaurar un régimen fascista, ideario que en esa época comenzaba a ponerse de moda, y que antepone sobre toda norma la voluntad de un conductor. A partir de allí se abre un ciclo de preponderancia militar en nuestra vida en común que se cierra recién en 1983. En esos períodos, lo fáctico, la voluntad, de una forma u otra, se impone también, naturalmente, sobre lo normativo.
Este fenómeno social que nos embarga, nuestro divorcio vital con la ley, fue ya observado por diversos estudiosos del derecho y de la sociedad. Es el caso de un reconocido pensador y jurista nacional, ya fallecido, Carlos S. Nino, quien se preocupó por describir tal fenómeno en una reconocida obra titulada, precisamente, "Un país al margen de la ley", refritando el concepto de "anomia", insinuado ya por Max Weber en Economía y Sociedad y por Emile Durkheim en El Suicidio.
El autor citado, Nino, agrega a la idea de "anomia" la calidad de "boba", en cuanto se manifiesta a través de la inobservancia generalizada de las normas que se traduce, a su vez, en la ineficiencia del funcionamiento social, lo que provoca que todos sus miembros se vean perjudicados por la ilegalidad. Es decir, no sólo se trata de inobservancia de normas, sino que ésta también trae una disfuncionalidad social, generando, como consecuencia, efectos negativos para toda la sociedad.
La cuestión esta de nuestra enemistad con las normas no es reciente, como vemos. Juan Agustín García, en La Ciudad Indiana, 1900, decía: "La podredumbre se inicia en las clases superiores, desciende y se infiltra en todo el organismo social... todos viven en una atmósfera de mentiras, fraudes y cohechos".
A George Clemenceau, primer ministro y jefe de gobierno francés, se le adjudica la frase de que a la Argentina la salva el hecho de que sus gobernantes duermen a la noche por lo que roban menos horas al día. Albert Einstein, cuando nos visitó en la década del 20 no podía comprender cómo había progresado nuestro país con una desorganización tan grande en el sistema de gobierno, en la administración y en las relaciones culturales.
Genaro Bevione, en su "Argentina 1910. Balance y memoria", no solo hace observaciones críticas sobre la educación y el estilo de vida de los argentinos, sino que enumera una serie de rasgos tales como la dilapidación del dinero público; la corruptela política; el abandono de la justicia; la prodigalidad propia del nuevo rico.

Un estólido general
En 1966, hace cincuenta años, la autodenominada pomposamente Revolución argentina, derrocaba a Arturo Illia de la presidencia, quedando ésta en cabeza de un estólido general, Juan Carlos Onganía, interrumpiendo un proceso en el que con un irrestricto apego a la ley y respeto de las instituciones se iba ordenando nuestra economía, reduciendo la deuda externa, se hacía crecer el producto bruto interno y se iba solucionando paulatinamente el problema político central el cual era la proscripción del peronismo.
Como bien lo explicó el profesor Luis Alberto Romero en una columna en el diario La Nación, el núcleo del problema estaba en esa proscripción, la intransigencia de quienes la defendían y el poco interés de otros por modificar una situación de la que sacaban provecho. Illia, dice Romero, se propuso reincorporar al peronismo de manera gradual y poco ostentosa. Comenzó por los bordes: las provincias chicas y la representación parlamentaria a través de distintos sellos electorales. En 1965 ya había en Diputados una respetable bancada peronista, de conducta política perfectamente razonable. La alternativa tentó incluso al sindicalismo, que vislumbró la posibilidad de librarse de la tutela de Perón. La prueba de fuego hubieran sido las elecciones de 1967, donde se ponían en juego las gobernaciones. El golpe militar interrumpió este proceso, cuyo resultado estaba abierto.

El imperio de la voluntad
La cuestión es que la voluntad incausada de esos protagonistas "fabricó" un golpe de laboratorio que habría de traer consecuencias gravísimas que perduran hasta nuestros días.
El Cordobazo, el 29 de mayo de 1969, y el secuestro y homicidio de Aramburu, un año después, nos mostraron una realidad irreversiblemente cambiada. Ese gobierno abrió la caja de Pandora y de allí salió un gran desprecio por la vida, por las instituciones y miles de muertos. La mejor crónica de esos días y de la década que los siguió fue escrita en voluminosos tomos por Martín Caparrós y Eduardo Anguita. El título, La Voluntad, no podría ser más descriptivo. Nuevamente la voluntad le ganaba la pulseada a la ley.
Ese desapego por la ley, esa anomia social que nos aqueja, se puso de manifiesto paroxísticamente, durante la gestión kirchnerista pasada. En efecto, a partir de la reforma de la Constitución Nacional en 1994, y teniendo presente la complejidad del Estado contemporáneo, se crearon diversos organismos de control que vinieron a sumarse a los históricos ya existentes. La facultad de veto de leyes por parte del Poder Ejecutivo es la manera clásica, tradicional, con la que contó este Poder para limitar los avances del Legislativo; la declaración de la inconstitucionalidad de normas por parte del Poder Judicial es la vía para acotar las facultades de los otros dos poderes; el juicio político en manos del Poder Legislativo, a su vez, es el medio para limitar a los otros dos.
La abrumadora mayoría legislativa con que contó la gestión anterior, neutralizó las facultades de control del Poder Legislativo y de otros órganos, como la Auditoría y la Defensoría del Pueblo.
Otro tanto sucedió con el Ministerio Público, para el que la cuestión de su independencia e imparcialidad en el control de legalidad y criminalidad está en entredicho, como todos saben. El Poder Judicial fue parcialmente "seducido" de modo que su rol de control fue notoria y notablemente desdibujado.
Esta cuestión de arrastre histórico, lo convierte en uno de los grandes dilemas estratégicos que tiene nuestra sociedad. En otras palabras, el Poder Judicial se ha convertido en un problema de resolución indispensable para nuestra convivencia institucionalmente civilizada.
Una a una, la gestión anterior, fue desvirtuando, desnaturalizando, las facultades de control de los organismos mencionados. Eso posibilitó aquella concentración de poder y esa concepción patrimonialista del manejo del Estado. Ejemplo al pasar: uso de un avión oficial para trasladarlo al hijo presidencial para que le vean una pierna. Para que quede claro el despropósito cito dos ejemplos: Clinton debió pagar el costo que insumió tener estacionado al avión presidencial mientras él se hacía cortar el pelo en el mismo; la imputación principal que se le hace a Hillary Clinton en la campaña electoral en curso en Estados Unidos, aparte de su antipatía, es el haber hecho uso de una computadora oficial para mandar mails per sonales.

El control de la opinión pública
Por último, medios de comunicación que, en su rol de cuarto poder, tienen una función social fundamental como organismos de control. La gestión anterior fue intachable para gran parte del mismo hasta que rompió lanzas, en 2008, con Clarín, que hasta ese momento era el gran propalador del relato oficial, de modo que esa alianza atenuó, hasta ese momento, esa función de control del periodismo, al menos de ese conglomerado de medios de difusión. La ley de medios aprobada durante esa gestión apuntó, en verdad, más a desguazar a ese grupo en el contexto de esa pelea que a democratizar los medios. Su limitada y sesgada aplicación así lo demuestra.
La "anomia boba" de Carlos Nino tiene dos extremos: el incumplimiento generalizado de la ley y la ineficiencia social que el mismo produce. Ya vimos la contumacia de nuestra sociedad en cuanto a ese incumplimiento. Atendamos brevemente las consecuencias, esto es, la ineficiencia social producida. Los técnicos, que son los que saben, sostienen que durante los doce años del gobierno anterior hubo un flujo monetario de 700 mil millones de dólares. Tengamos presente que el Plan Marshall, llevado adelante por los Estados Unidos para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, insumió la suma de 60 mil millones de dólares.
Con la excusa de la asistencia social se mantuvo un elevadísimo conglomerado de beneficiarios de subsidios que sirve de "ejército de reserva" electoral. Una forma nueva de esclavitud.
A pesar de la gravedad de nuestra enfermedad social vislumbramos, sin embargo, una salida. La que debe sostenerse sobre una doble base: en primer lugar, la redención del Poder Judicial en el sentido de la extrema necesidad de que el mismo asuma/cumpla el rol de control que justifica su existencia. Históricamente, es el Poder del Estado que siempre flaqueó. Es el que posibilitó que el hiato, la cuña entre la ley y la voluntad nunca se cierre. Es sencillo concluir que otra hubiese sido nuestra historia si la Corte Suprema de la Nación, en 1930, en lugar de cohonestar la insurrección de Uriburu mediante una acordada, lo hubiese puesto preso por delincuente, que no otra cosa que delincuente es el que comete un delito. En una de esas, también, tal extremo habría hecho desistir a los salteños de homenajear a Uriburu con el nombre de una calle. Cosa que actualmente se sigue haciendo.
En las circunstancias actuales fácil es concluir que el epicentro de esta cuestión pasa a estar en el Consejo de la Magistratura, organismo que tiene tres funciones fundamentales que hacen al buen funcionamiento del Poder Judicial: la selección de las personas más idóneas para que sean designadas jueces; la supervisión y control sobre su desempeño; la separación y remoción de sus cargos para con aquellos que no hayan cumplido correctamente sus funciones. Hasta ahora este órgano no ha cumplido con su misión.

El otro extremo es la construcción consensuada de un sistema político. El sistema, como tal, requiere de partidos políticos que cumplan responsablemente con su función. Pero requiere de su existencia. La concepción movimientista, o el hablar de "fenómenos electorales", acentúa en demasía la figura del "conductor" o del "fenómeno electoral", extremos que, dado nuestro estado de convalecencia institucional, nos invitan a una recaída en nuestra histórica enfermedad.

Un Poder Judicial fuerte, independiente, digno y un sistema político moderno y eficaz, junto a la reconstrucción de un Estado arrasado, son la única salida que vislumbro para superar la enfermedad crónica que desde hace tanto nos aqueja.



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