Uno de los fenómenos que recibe poca atención desde el punto de vista académico y práctico dentro del Derecho, en particular de su rama informática, y que, no obstante, muchas veces llena páginas de tinta en revistas especializadas o bits en foros sensacionalistas de internet, quizás por el enorme misterio que genera, es la llamada "deep web" o web profunda.

¿Qué es la web profunda?

Se entiende que tal concepto surge de concebir metafóricamente a internet como un océano de bits donde toda la información que puede alcanzarse fácilmente por la gran mayoría de los usuarios forma parte de su superficie, y, contrariamente, lo inaccesible por los canales tradicionales (vgr. motores de búsqueda, redes sociales, dominios ".com", entre otros), forma parte de sus profundidades. Tan parecida a la realidad es la metáfora que, de hecho, se calcula que al año 2010 la web profunda contaba con un contenido de más de 7.500 terabytes, contra solo 19 terabytes de la web superficial, es decir, más del 99% del total de la información que circula en internet.
Ahora bien, ¿qué podemos encontrar en la "deep web"? Bueno, la respuesta varía según se den por ciertos mitos que no llegan ni a realidad virtual. La respuesta más osada podría incluir sitios web de sectas satánicas, información clasificada y/o secreta de gobiernos, grupos terroristas, etc. Sin llegar a tanta ciencia ficción, pero sí a un alarmante inframundo virtual basado en el inframundo real, es cierto que en la web profunda normalmente se encuentran sitios con pornografía infantil, material censurado por cuestiones de decoro y ética periodística (videos explícitos de violencia sin censura como asesinatos o torturas), sitios de comercio electrónico de efectos ilegales, etc.

Dificultades en la regulación

Son conocidos algunos de los problemas jurídicos derivados del uso de internet, siendo particularmente graves, por implicar la inaplicabilidad del Derecho por cuestiones principalmente procesales, aquellos que atañen a la aplicación de la ley y de la jurisdicción. El profesor noruego de Derecho Informático Jon Bing enseñaba que el problema en internet no es qué ley aplicar sino qué ley no aplicar, en el sentido de significar que en los casos en los que se involucran elementos internacionales en una relación jurídica, necesariamente han de suscitarse numerosos puntos de conexión en los conflictos de leyes y jurisdicciones, siendo la mayoría de ellos aplicables según el Derecho Internacional interno de cada país. A modo de ejemplo, pensemos en un contrato celebrado por internet donde un usuario de nacionalidad turca, desde una computadora ubicada en Bolivia accede remotamente a una computadora de Francia, lugar donde reside habitualmente, y compra un celular a un proveedor de servicios que fabrica ese producto en China, pero tiene asiento principal en Estados Unidos, y lo hace a través de un sitio web de compra y venta cuyas oficinas se encuentran en Argentina, pero que presta un servicio de intermediación de pago a través de una empresa alemana, y cuyos servidores se encuentran ubicados en Ucrania, pero son administrados remotamente desde la India. Ante la falta de convenios internacionales que regulen cuestiones de Derecho Informático (una excepción es la Convención de Budapest sobre Ciberdelitos, que establece normas para supuestos de delitos informáticos graves), va de suyo que más de una ley puede aplicarse y por más de un juez de distinta jurisdicción, por lo cual, la pregunta sería ¿qué ley dejamos de aplicar?

La web profunda, tierra de nadie

Las profundidades de la web presentan numerosos aspectos complejos en su estructura y funcionamiento, como ser: contenidos invisibles a los motores de búsqueda, transacciones comerciales a través de monedas electrónicas cifradas, acceso a través de navegadores que garantizan anonimato, sofisticados métodos de encriptación, servidores en paraísos informáticos, entre otras cuestiones que echan un manto de oscuridad a la aplicabilidad del Derecho por cuestiones técnicas. Al ejemplo anterior, que pareciera complejo pero es absolutamente probable, reemplacemos el objeto de compra (un celular por un pasaporte europeo falso), el método de pago (en lugar de pagar con tarjeta de crédito, se paga con BitCoins), la forma de acceso (Navegador Tor), el sitio web (en lugar de MercadoLibre, Silk Road), y tenemos lisa y llanamente un caso imposible de ser siquiera rozado por el Derecho, sea por cuestiones procesales, logísticas, económicas, tecnológicas y técnicas.
Tan imposible es ello que, saliendo de un ejemplo abstracto a uno real, en 2013, Ross Ulbricht, alias "Dread Pirate Roberts", el creador de "Silk Road", el sitio web de compra y venta de efectos ilegales más importante de la web profunda, fue condenado a 30 años de prisión por administrar dicha página, tras una ardua investigación del FBI para determinar su identidad. Lo curioso es que, con su creador tras las rejas, y con el sitio original dado de baja, Silk Road volvió a funcionar a los pocos meses.
A modo de colofón, simplemente volver a lo expresado en el sentido de reafirmar -quitando todo misticismo irracional pero considerando el empleo de la tecnología y del ingenio para garantizarse impunidad dentro de una red paralela- que la web profunda es una suerte de lejano oeste donde los bits son de nadie, donde todo parece valer, y, por supuesto, un espacio donde el Derecho parece no tener actualmente herramientas para alcanzarla, sea por cuestiones técnicas o propiamente jurídicas.

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