Las retenciones sobre las exportaciones integran la categoría de "impuestos aduaneros" o "derechos de aduana". Estamos, para que quede claro, ante un impuesto. Considerando lo que se paga en las economías regionales, es esencial estar atento que es inconstitucional y antiproductivo que exista el mismo porcentaje de gravamen en distintas zonas.
Estos impuestos han sido aplicados en forma permanente desde 1967 con la sanción de la ley 17.198, actualmente derogada siendo sus disposiciones recogidas por el Código Aduanero a través de la ley 22.415, aprobada en 1981.
Impuesto es "toda prestación obligatoria en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio exige en virtud de ley, sin que se obligue a una contraprestación específica respecto del contribuyente".
Los fundamentos de aplicación de las retenciones han sido varios y diversos, pero generalmente han sido presentadas como un instrumento para control de precios domésticos; además, son un buen sustituto al impuesto a las ganancias. La realidad indica que a través del tiempo se han convertido en un instrumento exclusivamente recaudatorio para el Estado.
Asimetrías destructivas
Este régimen tributario produce grandes asimetrías en el aparato productivo puesto que las retenciones afectan el tipo de cambio real en perjuicio de los productores, especialmente, en las economías regionales. El enorme costo del flete que produce una desigualdad dramática: se calcula que la soja salteña, por el costo del transporte, paga retenciones del 47% del precio real del producto.
Estando las retenciones dentro de la categoría "tributos", deben ser impuestas por ley, fundamentalmente haciendo referencia al artículo 9 de la Constitución Nacional que dispone: "En todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso".
El artículo 75 de la misma norma a su vez determina que el Congreso legisla en materia aduanera estableciendo los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación. Cabe preguntarnos si se cumple el mandato constitucional de uniformidad al cobrar lo mismo en todas las regiones. La respuesta es negativa, ya que el costo del flete debe ser considerado a los efectos de los porcentajes de las retenciones.
En cuanto al aspecto legal de las retenciones, el artículo 754 del Código Aduanero establece que "el derecho de exportación específico deberá ser establecido por ley" y el artículo 755 faculta al Poder Ejecutivo para gravar, desgravar, modificar derechos y/o conceder exenciones referidas a los impuestos a la exportación.
Esto significa que el Poder Ejecutivo tiene facultad para diferenciar los derechos de exportación considerando las distintas zonas. No se necesita una ley del Congreso para restablecer el principio de igualdad en el pago referido.
La estimación de las retenciones debe variar según el producto, las zonas de cultivo y la variación de precios. Por estas razones insistimos que en economías regionales con menor rinde y mayores costos de flete el porcentaje debe ser menor.
El Banco Central recibe los dólares del importador y el mismo Banco entrega los pesos al exportador al tipo de cambio oficial menos las retenciones, tipo de cambio que es paupérrimo e impacta directamente en el precio que recibe el agricultor. A iguales precios internacionales la producción cae por falta de rentabilidad en las zonas alejadas de los puertos donde el costo del flete incide exponencialmente.
Esto tiene como consecuencia que si hay caída de precios se siembra menos, fundamentalmente en zonas marginales, generando más pobreza.
Al gravar el ingreso bruto y no las ganancias reales se generan más zonas marginales que empiezan a salir del circuito productivo, teniendo como consecuencia menos renta para el propio Estado y emigración de trabajadores hacia polos urbanos con el enorme costo social y económico que esto significa.
Criterios elementales
A los efectos de demostrar la arbitraria e ilegal política de aplicar retenciones en forma uniforme debemos hacer un análisis de los principios constitucionales tributarios: legalidad, igualdad, razonabilidad, generalidad, proporcionalidad, no confiscatoriedad y equidad.
La igualdad significa que los tributos deben ser iguales entre personas que se encuentran en situaciones análogas en un mismo rango de capacidad contributiva; en este sentido la igualdad se exterioriza por el patrimonio, la renta y el gasto. Es notorio que no hay igualdad entre productores de distintas zonas de nuestro país, por lo que no pueden pagar las mismas retenciones.
Esto nos lleva a otro principio importante que es el citado de la proporcionalidad: de acuerdo a la capacidad contributiva, en correspondencia al patrimonio y a las ganancias. Cuando se decidió que la exportación de petróleo crudo pague 13,5%, se argumentó que "resulta necesario garantizar los niveles actuales de rentabilidad del sector". Este fundamento habilita a diferenciar las retenciones agropecuarias para garantizar la rentabilidad.
La razonabilidad exige que exista una adecuada proporción y aptitud entre el medio escogido por la ley y la finalidad que persigue. Este principio nos lleva al concepto de capacidad contributiva, es decir, posesión de riqueza suficiente para hacer frente a la obligación fiscal sin que afecte un nivel de vida digno del contribuyente y que pueda seguir invirtiendo y trabajando el capital que originó el tributo.
Está relacionado también con el principio de no confiscatoriedad y un impuesto es confiscatorio cuando el Estado se apropia de una parte sustancial de la renta del capital gravado.
En definitiva, se debe avanzar jurídica, política y legislativamente hacia una diferenciación de retenciones que se aplican a los distintos productos y en distintas regiones.
De esta manera se empezará a corregir distorsiones en el aparato productivo de nuestro país.

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