La grave crisis política que atraviesa Venezuela y la incapacidad del sistema institucional para procesarla ponen al descubierto los fallos del sistema presidencialista. El diseño de un sistema concebido como una suerte de monarquía temporal favorece la estrategia de Nicolás Maduro, dirigida a frustrar toda posibilidad de revocar su mandato presidencial. Las disposiciones constitucionales pueden ser eludidas cuando el presidente tiene la voluntad política de aferrarse al poder.
La Constitución de Venezuela, diseñada por Hugo Chávez, no contempla la posibilidad de un juicio político al presidente, pero en su lugar establece un procedimiento para revocar el mandato presidencial que es tan complicado que recuerda la odisea de Ulises para alcanzar Ítaca. El Consejo Nacional Electoral (CNE), un órgano dominado por el chavismo y carente de toda independencia, había establecido en una primera instancia la necesidad de obtener el 20% de los inscriptos en el Registro Electoral en cada uno de los estados del país para habilitar el revocatorio.
Ahora, considerando insuficiente la restricción anterior, el CNE dispuso "manu militari", la paralización del proceso revocatorio en marcha apoyándose en la decisión de siete tribunales penales provinciales que dispusieron suspender el curso del proceso de recogida de firmas mientras se investiga un supuesto fraude en las firmas presentadas en la primera etapa, en la que se debía reunir el 1% para iniciar el trámite. La CNE ha declarado que "acata" la decisión de estos tribunales y ha suspendido todo el proceso en una medida irrazonable que indica que el Gobierno de Maduro ha tomado la decisión política de poner fin, sin recato, a la iniciativa que estaba en marcha.
Políticamente se trata de una jugada arriesgada, puesto que suprime toda posibilidad de resolver por el cauce institucional la grave crisis política y económica que atraviesa el país. El referéndum revocatorio era visto por la oposición y la opinión internacional como el último recurso para evitar un escalamiento en el nivel de enfrentamiento que vive el pueblo venezolano. Con este paso, queda sin objeto la misión de mediación de Unasur. Los intentos de mediación del Papa, dirigidos a buscar una salida institucional al conflicto de poderes planteado, estaban también destinados al fracaso. El gobierno Venezuela es un hijo adoptivo de la dictadura de los hermanos Castro en Cuba. Sería una ingenuidad suponer que personas aferradas al poder, dotadas de una hipocresía mayúscula, que han construido un relato fantasioso por el que se sienten imbuidas de un espíritu de cruzada religiosa, pudieran abrir las puertas de las cárceles en las que serían luego probablemente encerrados. Cabe hacer un ejercicio de análisis contra-fáctico para comprobar cómo la rigidez del sistema presidencialista le permite a Maduro continuar gobernando pese al cambio notorio de preferencia de los ciudadanos. En el marco de un sistema parlamentario la abrumadora mayoría obtenida en la Asamblea Nacional hubiera permitido a la oposición hacerse con el control total del Poder Ejecutivo. Pero en los sistemas presidencialistas resulta muy difícil acortar el mandato del presidente. La consecuencia más visible es el costo elevado que pagan los países presidencialistas, que se ven envueltos en estos enojosos conflictos, con el riesgo de que la situación se desborde y se produzcan enfrentamientos sangrientos. No existen sistemas institucionales perfectos y todos están expuestos a sufrir el embate que le prodigan las personalidades autoritarias. En el caso de Venezuela, estamos ante un caso excepcional, donde el acceso a través de las urnas de un grupo político ideológicamente totalitario, que utilizaba una máscara democrática, ha terminado en una situación semejante a la que transita Cuba.

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