La frase "roba pero hace" tiene su origen en Brasil. En la campaña electoral para elegir alcalde de San Pablo en 1957, Adhemar Pereira de Barros, un político y empresario acusado de graves casos de corrupción, utilizó de modo informal pero profusamente el lema: "Adhemar rouba mais faz". El resultado fue alentador, porque Adhemar ganó las elecciones.
En México, existe una frase similar para referirse a la dirigencia política: "Que roben, pero que salpiquen". Ciertamente, existen sociedades que son más tolerantes que otras respecto de la corrupción. A partir de esta preocupación, el teórico alemán Arnold Heidenheimer distinguía tres tipos de corrupción: la negra, la gris y la blanca.
La negra es aquella que concita un repudio social unánime; por ejemplo, crímenes mafiosos, trata de personas o tráfico de órganos. La gris, en cambio, es aceptada por ciertos sectores y repudiada por otros. Podrían entrar en este rubro desde el financiamiento ilegal de la política hasta la evasión impositiva. La blanca, en cambio, es aceptada por la mayoría de la sociedad y por las elites gobernantes. En algunas sociedades, el nepotismo y el uso privado de fondos públicos por los gobernantes forman parte de la corrupción blanca. Por lo tanto, no existen sanción ni castigo posibles.
Los ejemplos varían de país en país y aun en regiones diferentes dentro de una misma nación, en función de sus culturas políticas. Así, lo que en un país puede ser considerado como un tipo de corrupción gris, en otro puede ser blanca o, por el contrario, negra.
Desde esta mirada, existe cierto consenso que en el Cono Sur de América Latina, Argentina y Brasil son sociedades más permisivas respecto de hechos de corrupción que Chile y Uruguay.
Desde el punto de vista teórico, la corrupción es un mecanismo que transforma leyes, derechos y deberes en mercancías.
La lógica del mercado (todo se compra y todo se vende) invade y tiende a ocluir la lógica del Estado de derecho. La colonización del Estado por grupos mafiosos es la expresión cumbre de esta tendencia que conduce, de modo indefectible, a la privatización de la política.
Cuando la corrupción deja de ser un hecho excepcional para convertirse en rutina (corrupción sistémica), el espacio de "lo público" (la sede de las expresiones y opiniones diversas) se convierte en su caricatura: se impone la espiral del silencio.
Arropados en sus propios pensamientos, se hacen añicos los deseos de expresarlos en la insidiosa certeza de que toda denuncia es inútil y, en algunos casos, riesgosa.
Es el triunfo de la no beligerancia social ante la corrupción, que algunas veces se sabe y en muchas otras se intuye está amparada desde lo alto: un verdadero triángulo de hierro formado por grupos de poder económico, político y burocracia estatal (incluyendo, por cierto, a las fuerzas de seguridad que deberían combatirla).

Clan, unidad de negocios, Estado

En democracia, se pueden identificar al menos dos tipos de agrupaciones corruptas: el clan y la unidad de negocios.
En el clan, todos sus integrantes pertenecen a la misma fuerza política; en su interior hay una división del trabajo más o menos estable y el resultado de las operaciones es destinado presuntamente a financiar la caja de la propia fuerza política, aunque en los hechos casi siempre los involucrados se quedan con una parte del botín para su disfrute privado.
En la unidad de negocios, en cambio, sus integrantes pertenecen a distintos partidos: por ejemplo, un legislador ve la oportunidad de un negocio y se pone de acuerdo para concretarlo con la colaboración de integrantes de otros bloques parlamentarios.
En este caso, el destino de la recompensa es siempre particular y, dado que la confianza interpersonal es menor, una vez realizado el negocio, la colaboración se disipa.
A diferencia del clan que es una unidad intrapartidaria y estable, la unidad de negocios es interpartidaria y tiene un carácter más coyuntural.
Cuando la corrupción es sistémica, se observa un tercer tipo de articulación corrupta: es la implementada de modo directo y vertical desde la cúpula del Estado, nacional, provincial o municipal. La reelección indefinida de presidentes, gobernadores o intendentes facilita este fenómeno.
La corrupción no es patrimonio de los regímenes democráticos. La más cruel se dio en la Argentina de la dictadura militar.
La clandestinización de una parte del Estado llevó la impunidad al extremo descripto en su momento por el propio general Alejandro Agustín Lanusse: la de esposas de militares tomando el té con la vajilla robada en allanamientos a casas de militantes políticos.
Pero no solo vajilla: fueron robadas propiedades, empresas y hasta niños.
Asimismo, es importante recordar que el Mundial de Fútbol de 1978 fue un monumento a la corrupción, viabilizado a través del Ente Autárquico Mundial 78 (EAM 78).

La izquierda

En el universo cultural contestatario de las décadas de 1960 y 1970 desde los hippies al Che Guevara, desde los sacerdotes tercermundistas a los partidos marxistas, el desprecio a la posesión de bienes materiales fue una característica constitutiva.
En Córdoba, la izquierda obrera ganó elecciones sindicales y se impuso en la conducción de numerosos gremios (desde Luz y Fuerza, el Smata y las direcciones de la Fiat, hasta los pequeños sindicatos de Perkins y el Caucho) con base en la construcción de un capital simbólico que descansaba en la denuncia permanente de las corruptelas y negociados de la burocracia sindical.
La honestidad era la base de su reputación, en un doble sentido: 1) no robar ni enriquecerse con el cargo; 2) no traicionar el mandato de las bases y ser consecuentes con ellas.
Toda una generación de dirigentes obreros que cuestionaban al sistema capitalista hizo de la honradez el pilar de su reconocimiento social.

En la historia

De allí el respeto profesado por amplios sectores sociales hacia figuras como Agustín Tosco, René Salamanca o Atilio López, aunque no compartiesen sus ideologías o líneas políticas. La honradez era su principal capital simbólico.
En aquella generación de militantes, esa honestidad se asociaba a una convicción: luchar por la revolución socialista suponía desbrozar el camino hacia un hombre nuevo. No en vano Gregorio "Goyo" Flores, dirigente histórico de Fiat Concord, evocaba en sus memorias el papel decisivo que había tenido en él la lectura de "El hombre mediocre", de José Ingenieros.
Revolución y moral estaban asociadas. Lucha contra la corrupción y vocación emancipatoria formaban un binomio indisoluble. Lo fue para el guevarismo, para el cristianismo revolucionario, para el radicalismo progresista y también lo fue para la tradición socialista, desde Juan B. Justo a Alfredo Palacios.
A contraviento de ese legado histórico, una parte de la sedicente izquierda nacional y popular de nuestros días descalifica con el epíteto de "honestismo" las denuncias sobre corrupción y mira con prudente distancia a figuras ejemplares como la de José "Pepe" Mujica, en Uruguay.
Su aceptación del verticalismo como forma de ejercicio de la política no es ajena a esta defección. Al respecto, el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos destacó el pasado 7 de enero en el diario mexicano La Jornada: "Quizá sea tiempo de que las izquierdas latinoamericanas aprendan también con las innovaciones que están emergiendo entre las izquierdas del sur de Europa: mantener viva la democracia participativa dentro de los propios partidos de izquierda, como condición previa a su adopción en el sistema político nacional en articulación con la democracia representativa (a); pactos pragmáticos no clientelistas".
En otras palabras, si el progresismo de izquierda aspira a convertirse en dirección moral e intelectual de la sociedad, debería ampliar su capital simbólico adoptando al estilo de Podemos, en España formas más horizontales y democráticas de construcción política.

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