Un nuevo proyecto nace en la incubadora de Diputados y deberá crecer y desarrollarse a campo. Sin nos preguntamos quién puede oponerse a modificar una ley para adecuarla a las actuales necesidades de los municipios, la respuesta es nadie. Pero si ahondamos en el "cómo" implementar las reformas que tocan de lleno las arcas municipales, surgen profundos cuestionamientos.
El primer punto más que a lo técnico apela al sentido común. La realidad económica de muchos municipios dista de ser holgada y el contexto socioeconómico nacional no brinda por el momento buenas perspectivas. Y como para muestra solo hace falta un botón, basta mencionar que la ley de disciplina fiscal establece en su artículo cuarto que no puede destinarse a gasto de personal más del 65% de los recursos corrientes netos, sin embargo muchas comunas se encuentran en out side. Algunos sobrepasaron con creces esa delgada línea. La realidad no presenta muchas opciones: recortes o despidos.
En este contexto llegan desde el seno de Cámara baja una serie de propuestas para refrescar la política municipal y reavivar un debate que muchos buscan esquivar: "actualización de coparticipaciones".
La propuesta de los legisladores salteños eleva a cinco el número mínimo de concejales, que hoy es de tres. Aumenta, además, los niveles presupuestarios de los concejos deliberantes, muchos de los cuales ya vieron crecer el número de sus miembros en las últimas elecciones y con ello las partidas destinadas a su funcionamiento. Con el dinamismo que presenta la tasa de crecimiento poblacional en el siglo XXI, en pocos años los municipios verán duplicado el número concejales. Sobre esta materia, la Constitución de Salta, en su capítulo sobre Régimen Municipal, establece tres concejales hasta 5.000 habitantes, cinco de 5001 a 10.000, siete de 10.001 a 20.000, nueve de 20.001 a 50.000 y once de 50.001 en adelante. Se incorporará luego un edil por cada 40.000 habitantes o fracción no inferior a 20.000.
De acuerdo al reglamento actual, un concejal asume y comienza a percibir su dieta a principios de diciembre, pero luego de inicia el período de sesiones en mayo del año siguiente. Es decir, cinco meses después. Tampoco se hicieron menciones a la necesidad de profundizar los controles y sanciones por inasistencias de los ediles. Resulta imposible detenernos en este punto, por el gran número de ejemplos que pueden citarse para refrendar esta problemática. En los últimos años hubo recintos cerrados con llave, caso Pichanal, en 2010, situación que fue denunciada públicamente en su momento por los ediles Gustavo Mendieta y Mario Murúa. Entre 2013 y 2014, los concejales de Cerrillos pasaron prácticamente siete meses sin sesionar, por dar otro ejemplo. Otra vez, la propuesta de los diputados para actualizar la vetusta ley 1.349 hace necesario apelar al sentido común. Tal vez resulte imprescindible dar un pincelada sobre la función y la razón de ser del delegado municipal, representante del Ejecutivo en sectores alejados de los centros urbanos y de la administración central. El delegado es una suerte de receptor y gestor de las inquietudes de los vecinos de un paraje para evitar que estos deban trasladarse, en algunos casos grandes distancias, para realizar trámites o emitir pedidos. La propuesta de los diputados apunta a transformarlo en un cargo electivo. Es decir, una suerte de "municipalización encubierta", que en la práctica solo podría acarrear conflictos de intereses, la asignación de "mayores partidas", la creación de nuevas áreas, que en definitiva debilitarían la gestión. Todos los caminos conducen a Roma y a pensar que, para llevar adelante esta reforma colmada de buenas intensiones, se hace necesario hablar primero de "coparticipación". La ley 1.349 orgánica de Municipalidad rige para los municipios de hasta 10.000 habitantes. Una propuesta que podría contribuir a fortalecer las autonomías comunales sería un programa de fomento a la redacción de sus propias Cartas Municipales. De los 60 municipios que integran el territorio provincial, solo 14 cuentan con una.

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