El exministro de Trabajo de la Nación Carlos Tomada afirmó: "La propuesta de prohibir los despidos durante 180 días es prácticamente inútil, pero políticamente riesgosa e ideológicamente inquietante". Claro está que esto lo afirmó cuando era ministro en ejercicio; ahora, con esa pasmosa facilidad que tienen algunos políticos, está en la vereda de enfrente.
Sin embargo, en otra vuelta de tortilla, durante años había sostenido la vigencia de la "doble indemnización" que se había establecido durante la emergencia de 2002, en el gobierno de Eduardo Duhalde. Recién fue derogada por Cristina Kirchner y el ministro Tomada en el 2008.
Es cierto que en ese período disminuyó notablemente el desempleo, pero los analistas coinciden que ello fue más producto del crecimiento del país a "tasas chinas" que por alguna política de desempleo como la de encarecer los despidos.
La norma
Quienes apoyan este proyecto de ley antidespido, que consiste únicamente en duplicar las indemnizaciones por despido, deberían tener en cuenta algunas experiencias. Una de ellas se refiere al rotundo fracaso del agravamiento de las indemnizaciones en la ley de empleo como medio para combatir el trabajo no registrado. Después de más de 25 años de aplicar exorbitantes indemnizaciones como sanción a la falta de registro de los trabajadores, hoy el trabajo en negro sigue en guarismos similares a los de origen.
En este caso no hablamos de meras "duplicaciones" sino que el conjunto de sanciones puede llevar a duplicar las indemnizaciones por un trabajador no registrado. Así, un trabajador con cuatro años de antigedad, puede tener derecho a cinco sueldos (indemnización más preaviso); mientras que en el caso de trabajo clandestino puede llegar a ­sesenta sueldos!
Las pymes
El otro dato a tener en cuenta es que según experiencias anteriores las principales afectadas serán las pequeñas y medianas empresas (pymes). Para la gran empresa, con su economía de escala, el costo salarial es poco relevante.
De hecho, en los despidos colectivos es frecuente que a sus trabajadores les abonen más allá de la indemnización tarifada, con un 30, 40 o 50% más. La pyme, aun cuando quiera evitar despidos, se encontrará que son sus propios trabajadores quienes tentados por mayores indemnizaciones buscarán el autodespido.
Si se quiere diseñar una política para crear empleo (o al menos frenar el desempleo) ella deberá tener como vértice apoyar la creación de empleo en la pequeña y mediana empresa (que significan más del 90% del empleo en nuestro país).
Por otra parte, los promotores del proyecto no han advertido que su sola enunciación puede provocar una ola de despidos preventivos de empresas que anticipan eventuales prohibiciones. Luego, si el tema de fondo (que en definitiva es el crecimiento de la economía) no ha tenido solución, lo único que se habrá hecho es dilatar medidas que las empresas inexorablemente se verán obligadas a adoptar.
La lógica del sistema capitalista (que para mal o para bien es la realidad del mundo que vivimos) busca la "plusvalia", es decir el excedente que cada trabajador contratado le deja al empresario. Desde esa óptica (que es la que predicó Carlos Marx), mal negocio harían los empresarios perdiendo empleados.
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