En el Congreso de la Nación, casi toda la oposición ha confluido para impulsar un proyecto de ley que prohíbe los despidos y reinstaura el sistema de la doble indemnización. Distintos bloques identificados con el peronismo, el Frente Renovador, el Frente para la Victoria, el trotskismo y el Partido Socialista proponen retrotraer la situación a la "emergencia ocupacional" decretada por el expresidente Eduardo Duhalde en 2002, que estuvo vigente hasta que el kirchnerismo la derogó, en 2007, con el argumento de que la desocupación había descendido de forma notable en esos cinco años.
Las franquicias del peronismo no osarían dejar en banda al sindicalismo, la columna vertebral (como en la década de 1980).
El Partido Justicialista la divide en dos o tres solo cuando gobierna él. Eso sí, desenfundaron y dispararon casi sin apuntar.
La oposición al macrismo en el Congreso es meticulosa. Y detrás de una vidriera en la que aparece dispersa, actúa al unísono.
Semejante intervencionismo en las decisiones de las empresas resulta indebido desde todo punto de vista.
Solo se explica recurriendo al famoso "teorema de Baglini", aquel legislador radical de la época de Raúl Alfonsín que denunció hace 30 años una práctica habitual de la política argentina: quienes no están en el poder suelen realizar propuestas irresponsables para congraciarse con algún sector de la sociedad, aunque sepan que, si gobernasen, harían exactamente lo contrario.

Situaciones diferentes

Eduardo Duhalde fue pícaro. Para ese entonces, ya no había nada que proteger. El desempleo era del 18 %, según el Indec.
A fin de 2002, el salario en blanco promediaba los 373 dólares, según la consultora M&S.
Con esos salarios, ninguna fábrica temía la competencia de los importados.
Y exportar era más fácil que nunca. Se trabajaba por monedas.
En diciembre de 2002, Duhalde decretó un aumento por decreto: 30 pesos; 9 dólares. Es como si hoy Macri decretara una suba de 131 pesos. En semejante miseria, lo más barato del mundo eran la mano de obra en Argentina.
La doble indemnización era un sobrecosto inexistente, incapaz de complicar una inversión.
Pese a todo, hubo quejas. No tanto al principio (iba a ser por tres meses) sino porque se mantuvo cinco años y medio, cuando el rebote económico y los precios internacionales ya habían hecho pum para arriba con los salarios.
Estas normas se sabe cuándo se imponen, pero no cuándo se levantan. La situación no tiene nada que ver con la de hoy.
La última medición de desempleo del Indec dio 5,9 %. Y la consultora M&S había calculado para el tercer trimestre de 2015 un salario promedio en blanco de 1.516 dólares. La consultora Abeceb, que periódicamente compara cuántos dólares cuesta producir una unidad de producto en varios países, ubicó a la Argentina en el puesto 25 entre 26. Sólo Brasil es más caro.
China, pero también Estados Unidos, Japón y muchos europeos logran costos menores.

Garantía de pobreza

Argentina viene de una era completa de pésima intervención, que premió a sectores improductivos y castigó a los productivos.
Eso es lo que no dio más y la llevó a desperdiciar la mejor coyuntura externa de su historia.
Si quiere salir de esto, tiene que permitir alguna flexibilidad al sector privado para que se acomode e invierta. Pero las normas laborales impiden diferenciar salarios dentro de una empresa, de una actividad o de una región.
Como los sueldos no se pueden adecuar, eso lleva a la eliminación o a la informalidad del empleo.
Si esa válvula también se bloquea, la única variable de ajuste, en el fondo, seguirá siendo la devaluación del peso.
Que reduce todos los salarios, abortando el reemplazo de los inviables por los viables.
El Gobierno nacional sostiene su rechazo a la propuesta bajo un argumento razonable: no colabora con la creación de nuevos puestos de trabajo en la esfera privada, que es lo que se necesita y no ocurre desde hace años. Por el contrario, la destrucción o pérdida de empleos en blanco y de calidad en la esfera privada comenzó a poco de haberse iniciado el segundo mandato de Cristina Fernández, y se profundizó a lo largo de esos cuatro años.
En ese sentido, vale recordar que si la desocupación no creció durante el período 2011-2015, fue por el irracional aumento que experimentó el empleo público.
Empresas especializadas en el manejo de los recursos humanos, por su parte, advierten que la denominada "ley antidespidos" podría acelerar decisiones de las pequeñas y medianas empresas antes de la vigencia de la nueva norma, desalentar nuevas contrataciones y generar un efecto pernicioso sobre el trabajo informal.
Ahora, bajo el paraguas del ordenamiento de la economía que lleva adelante el Gobierno, el objetivo es el contrario: que la principal fuerza dadora de trabajo sea la actividad privada. En otras palabras, que, inversión mediante, los empresarios de los más diversos rubros locales o extranjeros apuesten sus capitales a aumentar la producción y que, para ello, contraten más mano de obra.
Resulta lógico, entonces, que el Gobierno interprete el proyecto de la oposición como un disparo en el pie: qué empresa va a contratar nuevo personal si una eventual indemnización le aumenta los costos y, además, una ley directamente prohíbe los despidos por un lapso prolongado y la Justicia puede hacerle dar marcha atrás y devolverle al empleado ese puesto que la empresa había decidido discontinuar.

Programa de empleo joven

El presidente de la nación, Mauricio Macri, anunció el envío del proyecto de ley al Congreso para promover el Primer Empleo, que apunta a facilitar el acceso al mercado laboral de jóvenes de 18 a 24 años con promociones para las empresas que los contraten.
Constituye, ante todo, un fuerte incentivo al blanqueo: el costo extra salarial total de un empleo (es decir, todas las cargas e impuestos que pagan tanto el empleado como el empleador) suelen representar el 40 % del salario de bolsillo.
De todos modos, el subsidio no será total para todas las empresas ni siempre.
En primer lugar, los porcentajes de subsidio serán mayores para empleos en blanco que se generen en el norte del país, sin dar precisiones sobre qué provincias serán alcanzadas con esa ventaja extra. El límite de edad de 24 años no regiría para el norte del país.
En segundo lugar, las empresas más chicas recibirán un beneficio mayor a las grandes.
En tercer lugar, el programa se extenderá por tres años, a lo largo de los cuales el porcentaje del subsidio se irá reduciendo.
Según indicaron especialistas vinculados a la iniciativa, las empresas más pequeñas estarían exentas del pago del 100 % de las cargas (incluidas las que están a cargo del empleado) en el primer año; del 80 % en el segundo año; y del 60% en el tercero.
Las más grandes comenzarían con una exención del 80 % y concluirían con una del 40 %.
El sueldo estará totalmente a cargo del empleador y deberá regirse por lo que marcan los convenios colectivos de trabajo.

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