En los pasillos de la Ciudad Judicial se comentó ayer con insistencia que los 11 detenidos por la violenta toma de la sede de la Unión Tranviario Automotor (UTA) podrían recuperar su libertad y que en esa condición aguardarían la fecha de juicio. Hasta las 18 se especuló con la posibilidad de que la medida se iba a cumplir a antes de las 20, pero todo se frustró a raíz de la oposición interpuesta por la fiscal de Delitos Complejos, Mónica Poma. No obstante ello, el defensor de dos de los procesados y la esposa de otro imputado expresaron a El Tribuno que la situación se podría resolver el próximo martes.
La causa ya fue elevada a juicio el 2 de noviembre por el juez Ignacio Colombo, quien imputó a los revoltosos de los delitos de "secuestro coactivo, robo en poblado y en banda y daño simple" por los disturbios provocados el 12 de septiembre pasado cuando tomaron por asalto la sede del gremio que nuclea a los choferes de colectivo. De acuerdo con el sorteo, el juicio estará a cargo de la Sala I del Tribunal de Juicio que integran los camaristas Martín Pérez, Ángel Amadeo Longarte y Norma Vera. A raíz de los diversos planteos que vienen realizando los familiares, el juez Pérez, en su carácter de presidente del tribunal, citó a las esposas de los detenidos. Según el abogado Roberto Reyes, defensor de Oscar Orlando Camacho y Agustín Darío Cayo, el magistrado se avino a otorgar la libertad pero con la condición de que las esposas ofrezcan medidas sustitutivas o caución personal como garantía para evitar fugas o el entorpecimiento del juicio.
"En el caso de mis defendidos puedo decir que a las esposas les hicieron firmar un acta compromiso en la que asumen el rol de tutoras. Es decir que las señoras dan todas las garantías de que sus maridos van a cumplir con todas medidas que la ley exige para los casos de las personas que son beneficiadas con una libertad condicional", señaló Reyes. El letrado dijo que "en un principio todo se iba a resolver hoy (por ayer), pero esto no se concretó porque la fiscal Poma se opuso a lo resuelto por el tribunal. No obstante, confiamos en que esto se pueda resolver cuanto antes, a más tardar el martes".
Malvina Astorga, esposa del secretario de asuntos gremiales de la UTA, Omar Pereyra, quien está considerado como el cabecilla de la revuelta, estimó que la libertad de los detenidos podría concretarse entre el martes y miércoles próximo. "Las esposas fuimos recibidas el miércoles por la secretaria del tribunal, Mónica Varela, quien nos explicó bajo qué condiciones les otorgarían la libertad a los chicos y todas las aceptamos porque ninguno de ellos tiene la idea de profugarse o entorpecer el proceso", sostuvo Astorga. La mujer insistió en que "nuestros maridos no son delincuentes, son presos gremiales que van a seguir luchando por un gremio que defienda los intereses de los trabajadores". Al mismo tiempo valoró el hecho de que el tribunal haya contemplado el reclamo que vienen sosteniendo desde septiembre.

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