Los cinco jóvenes acusados de violar a la niña que fue derivada desde Rivadavia a Salta, con un crítico embarazo de seis meses, esperarán el juicio en libertad. Así lo dispuso el juez de Garantías 2 de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, al desestimar el pedido de detención que el fiscal Armando Cazón elevara el pasado lunes contra los imputados.
El fiscal había apoyado la solicitud de la medida en el certificado médico que motivó la internación de urgencia de la niña de 12 años, de la comunidad wichi de Alto La Sierra, en el Hospital Público Materno Infantil de la capital salteña
En su escrito, el fiscal también había invocado un peligro de fuga que podría obstaculizar los análisis de ADN previstos a la par de la cirugía programada con la que se interrumpirá el embarazo de un bebé anencefálico de 32 semanas.
Según fuentes judiciales, el juez no hizo lugar al pedido del fiscal, por considerar que no existe un cambio radical en la investigación ni motivos fundados para inferir que los supuestos responsables eludirán a la Justicia cuando se los requiera.
En la causa están implicados ocho jóvenes, tres de ellos menores de edad. Los cinco mayores estuvieron detenidos desde el 29 de noviembre de 2015 hasta el 4 de marzo último, cuando fueron liberados luego de que sus defensores denunciaran una irregularidad en la certificación médica incriminatoria. El facultativo que examinó a la nena en Alto La Sierra luego del abuso, no firmó el informe, porque es de nacionalidad boliviana y su título esperaba revalidación en el país. Fue el gerente del hospital de ese paraje -bioquímico de profesión- quien puso la firma, por lo que ambos enfrentan cargos por presunta falsedad ideológica.
El martes, el ministro de Salud, Oscar Villa Nougués, negó que el médico contratado por su cartera en Alto La Sierra presente irregularidades de acreditación, como denunció también el cacique de la comunidad, Asencio Pérez.
Ayer, Villa Nougués confirmó a FM Express que se interrumpirá el embarazo de la niña con una cirugía programada, tal como anticipó El Tribuno, luego de una junta médica realizada el martes. Horas más tarde, en Diputados se aprobó la creación de una comisión especial para investigar las responsabilidades de distintos ministerios por la privación de asistencias mínimas y de derechos fundamentales a la niña abusada.
En esa misma sesión, se rechazo un proyecto del PO que solicitaba la renuncia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Pamela Calletti.

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Alicia  Yañez
Alicia Yañez · Hace 6 meses

Astigueta debe ser también violador.Hay que escracharlo MALDITANJUSTICIA


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