El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, informó hace unos días que desde 1973 hasta 1983, desaparecieron 7.010 personas y fueron asesinadas 1.561, todas a manos del terrorismo de Estado. La información oficial basa en identidades comprobadas. Es una buena noticia para quienes piensan que la vida humana vale por lo que vale cada persona, es decir, que los desaparecidos no son meros números en una pancarta sino víctimas de la violencia política que destruyó las instituciones, la ley y la moral. El malestar de alguna dirigencia es políticamente comprensible, pero en lugar de denunciar persecuciones, deberían reconocer que en ninguno de sus reproches pudieron aportar datos ciertos como para suponer que los desaparecidos son treinta mil.
Quienes conocen cómo se manejaron las organizaciones revolucionarias y las patotas represivas pueden deducir que, efectivamente, debe haber un porcentaje muy elevado de personas que habían perdido por completo el contacto con su familia de origen, por lo cual sus desapariciones forzadas no fueron denunciadas. La historia del nieto de Estela de Carlotto, Ignacio Hurban, es expresiva al respecto. Los abuelos paternos del joven jamás supieron que su hijo, un cuadro montonero clásico, había sido pareja de la hija de una de las militantes sociales más conocidas y emblemáticas, probablemente, de la historia argentina. Cuántos son, con exactitud, probablemente nunca se sabrá. Los relatos de las acciones ocurridas en áreas rurales o en enfrentamientos urbanos como el de Monte Chingolo, en diciembre de 1975, permiten deducir la existencia de víctimas no identificadas no solo entre los combatientes sino también entre los vecinos. Para los kirchneristas es icónica la imagen del general Bendini bajando el cuadro de Videla. Sin embargo, ni Bendini, ni su sucesor Milani entregaron esos archivos, cuya existencia seguramente conocen.

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