Los derechos humanos como categoría de un humanismo que tiende a su reconocimiento, su práctica y su goce universal, ha sido utilizada en el régimen kirchnerista, como una farsa, a través de una simulación perversa, utilizada para encaramarse en una ola de apetencia generalizada por verlos en eficacia creciente. Y con esa manipulación persiguieron afianzarse en el poder, seduciendo arteramente a las mayorías y degradando a la vez esa apetencia por la dignidad del hombre.
Para la constatación de esa farsa alcanza con observar el comportamiento del matrimonio gobernante cuando eran todavía autoridad en la provincia de Santa Cruz, en la que jamás se dignaron recibir a las Madres de Plaza de Mayo. El envilecimiento posterior de éstas, al aceptar las prebendas ofrecidas cuando aquéllos asumieron el Gobierno nacional, degradó no sólo la genuina imagen y el simbolismo de su movimiento, sino el propio significado de la expresión derechos humanos.
Pero una vez perdido el poder, se cuidó el régimen de dejar quinta columnas en distintas áreas del estado, para conspirar contra un gobierno al que le negó de inicio su legitimidad, negándose a entregarle los atributos del mando. Gils Carbó y los fiscales afines de Justicia Legítima en el Ministerio Público, jueces como Slokar y Figueroa en la Cámara de Casación, y los acólitos del régimen, dentro y fuera del estado, que fogonean causas por los derechos humanos con intencionalidad política, como Verbitsky en el Cels, Taiana, ex canciller de Cristina Kirchner y Zaffaroni, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gustavo Cinosi, un amigo de Zannini en la OEA, etc.

La ingenuidad

El Gobierno parece haber subestimado la capacidad verdaderamente singular de estos comisionados de un poder extinguido, que procuraba poner su proyecto personal por sobre el interés general. El haber obtenido pronunciamientos de organismos supranacionales, en favor de Milagro Sala, procesada por delitos graves, como asociación ilícita, defraudación al Estado, amenazas, lesiones gravísimas, extorsión y tentativa de homicidio, demuestra por un lado la astucia de aquellas avanzadas facciosas, y por el otro una ingenuidad inquietante de parte del Gobierno.
También ha contado este operativo, destinado a socavar la gobernabilidad, con la ilusión de hacer caer el Gobierno constitucional, con la participación de ciertos intelectuales e incluso algunos periodistas que, con manifiesto grado de candidez y de imperdonable desconocimiento de normas de procedimiento judicial elementales, que al menos merecían procurar un asesoramiento técnico, han contribuido al empeño de hacer aparecer a Milagro Sala como una presa política y no como una persona imputada por un juez competente, con facultades legales para mantenerla detenida mientras tramita el proceso.
Las supuestas órdenes exigiendo su libertad, por parte de un grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU primero y después de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no son tales, porque ninguno de los dos organismos tiene facultad para tal imposición. Sólo están habilitados para hacer requerimientos, recabar información, aconsejar, informar y hacer comprobaciones in situ.

El defensor sin pruebas

Lo sorprendente es que no solamente esos dos cuerpos de organismos internacionales, sino el propio Secretario General de la OEA, Luis Almagro, hayan requerido la inmediata libertad de Milagro Sala al Gobierno nacional, sin haber tomado conocimiento directo de la causa, como primer paso para valorar en forma cabal la detención y las razones invocadas para hacerlo.
Porque si, efectivamente, es posible que pueda materializarse la violación de las condiciones que exige la ley procesal para mantener en prisión a una persona imputada de haber cometido delitos, en un proceso penal que en principio conduce un juez competente en un estado de derecho, esa situación impone la previa comprobación de esa grave anomalía. Y para ello debe acudirse a las constancias de la causa y a su cotejo con los términos de la ley procesal aplicable en la misma.
¿Han procedido en tal sentido los que han exigido perentoriamente la libertad de Milagro Sala? Si fuese así, se han conducido con precipitación rayana en la imprudencia por haberla dirigido al destinatario incorrecto. Porque de ningún modo es el Poder Ejecutivo quien tiene que recibir el reclamo para que se ordene la libertad de la imputada, ya que, en un estado de derecho con sistema republicano de gobierno, no tiene injerencia ese poder, ni debe interferir en las facultades exclusivas de otro poder, en este caso el Judicial. Y es allí donde debe repararse la ilegalidad, con medidas que transitan por los carriles de la propia Justicia.
Pero en realidad se obró como si la detención hubiese partido del poder político, supuesto en el que sí hubiese correspondido reclamar por la libertad al Gobierno nacional, si es que la medida hubiese sido arbitraria y por motivos políticos.

Las garantías ¿incumplidas?

De tal modo, que en principio consideramos que constituiría una afrenta para el Estado nacional, la imputación precipitada de considerar a Milagro Sala como una presa política, si es que no se han cumplido esas diligencias previas que hemos señalado. La confrontación de la prisión preventiva dictada y la negativa de la excarcelación, con la ley vigente, demandaba acudir al Código Procesal Penal para la Provincia de Jujuy (Ley 5623).
Ya desde el artículo 1§ dispone el imperativo garantista en el proceso, cuando ordena que rigen en él, todas las garantías y derechos consagrados en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales incorporados a ella y en la Constitución Provincial.
En el art. 112 enumera en diez incisos las "garantías mínimas" del imputado que deben serle anoticiadas en la primera diligencia que se tramite con él. ¿Se comprobó por los que exigen la libertad, el incumplimiento de tal exigencia de anoticiamiento?
El art. 305 al disponer sobre la restricción de la libertad, ordena que sólo se impondrá en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley.
En el art 319, semejante en sus términos al 312 del Código Procesal Penal de la Nación, al regular la prisión preventiva, dispone que procede: 1- si se trata de delitos de acción pública reprimidos con pena privativa de la libertad, y no proceda, prima facie, la condena de ejecución condicional. 2- aún cuando proceda la condena de ejecución condicional, hubiere vehementes indicios que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o de entorpecer la investigación.
Nos preguntamos, ¿comprobaron aquéllos reclamantes que se hayan cumplido por el juez actuante, estas exigencias legales para poder disponer que la imputada debe permanecer detenida durante el trámite del proceso?

La violencia

Por último, y teniendo en cuenta las múltiples denuncias efectuadas por testigos con respecto a apremios, amenazas e intimidaciones reiteradas por parte de miembros de la agrupación Tupac Amarú, como también la amenaza de muerte al Fiscal General de Tucumán, ¿se preocuparon de averiguar si se les garantizó a las víctimas de tales actos de intimidación y violencia, los derechos que detalla el art. 159 del Código citado, que regula sobre derechos y facultades de la víctima?
Especialmente lo que dispone el inciso 6: el derecho "a la protección de su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que depongan en su interés, preservándolos de intimidaciones o represalias, sobre todo si se trata de una investigación referida a actos de delincuencia organizada".
Lo mínimo que puede pensarse de estos reclamos, con exigencia de mandatos u órdenes de quienes no están autorizados para expedirlas, pero provenientes de organismos con relevancia internacional, es que han sido producto de meros apresuramientos, motivados por un celo auténtico por asistir a una persona privada de su derecho a la libertad ambulatoria.
Pero estimamos que existe una generalizada opinión, que compartimos, que no ha sido más que el producto de las maquinaciones llevadas a cabo, por quienes no han aceptado la autoridad del resultado electoral y promueven el fracaso del Gobierno que les hizo perder el poder.

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