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Los fondos que dan origen a un acto de sedición
La advertencia, en términos procaces, de Eduardo Cattáneo al próximo intendente capitalino se basa en el poder que le brinda la millonaria caja de la Cooperadora Asistencial de la capital, que, por cierto, se maneja con discrecionalidad, como lo demuestra una auditoría provincial publicada en 2012.
"No va a asumir Sáenz si me toca el culo a mí. Yo toco el pito y tengo a dos mil personas que no se van más de la Municipalidad", fue la amenaza que lanzó el presidente de la Cooperadora, grabada la semana pasada durante una reunión con trabajadores del organismo. La extorsión conforma un delito de sedición, de acuerdo con el artículo 22 de la Constitución, tal como lo remarcó el exlegislador Marcelo López Arias en una entrevista en FM 89.9.
Como en tantos otros casos expuestos por los medios, el Ministerio Público de Salta brilló por su ausencia ante la notitia criminis, que tuvo alcance nacional.
La Cooperadora dispone de alrededor de $13 millones mensuales, de los cuales recibe $8 millones a través del impuesto del 2% del salario bruto que pagan los empleadores de la provincia por cada uno de sus trabajadores. Están eximidos organismos estatales, escuelas privadas, empresas con un solo trabajador y, desde el 2008, quienes contraten a nuevo personal. Cuenta, además, con $1,9 millones que deriva la Provincia para la copa de leche de los secundarios y el resto son fondos de planes nacionales y provinciales.
Con los recursos, se brinda la copa de leche a escuelas públicas y merenderos y se ayuda a vecinos que atraviesan alguna contigencia, entre otros programas asistenciales.

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Sección Editorial

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