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Los gremios en alerta, tras los despidos en el Congreso
El despido de 2.035 trabajadores del Senado, efectivizado el lunes por la vicepresidenta, Gabriela Michetti, y la revisión de más de 30.000 contratos del Gobierno nacional que prometió Mauricio Macri amenazan con provocar un conflicto con los sindicatos estatales y cruces entre funcionarios y dirigentes. "Vamos a ir muy, pero muy fuerte respecto de los contratos que no están cumpliendo una función en el Estado", aseguró ayer el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada. "No corresponde. Es una falta de respeto hacia los propios empleados y la ciudadanía, porque son dineros públicos", agregó el ministro.
Bajo la lupa se estima pasarán más de 32.000 contratados. Las versiones afirman que se intentará identificar a camporistas e indeseables a través de entrevistas cara a cara. Además se rastrean perfiles en las redes. Los que no tienen funciones específicas recibirán tres meses de gracia y luego serán despedidos.
Justamente, ese fue el método utilizado por la vicepresidenta para detectar los supuestos 2.035 trabajadores de más. Todos habrían ingresado entre enero y noviembre de 2015. "Las designaciones significan un aumento de la plantilla permanente del 146% y un crecimiento delpresupuestosalarial del Senado del 80%", señaló Michetti a través de un comunicado. "Si hoy el Senado quisiera hacer frente al pago de sueldos, sin aumentos, ya tendría un déficit de $ 570 millones", explicó al firmar un decreto parlamentario que ordena las expulsiones de la Cámara alta.
En la conferencia, Ibarra también se refirió al Senado. "Son medidas, decretos, que se tomaron en el pasado con el vicepresidente (Amado) Boudou, que generaron un crecimiento injustificado de la planta del Senado", indicó.
El ministro dijo que desde 2011 la plantilla no solo aumentó treces veces, sino que también muchos empleados pasaron a planta permanente. "Habría que generar en el año más de $ 1.800 millones para pagar esa necesidad adicional, en lugar de fortalecer, jerarquizar y mejorar la situación de los trabajadores que existían antes de 2011. Es un crecimiento gigantesco, no justificado", calificó.
Ante esta situación, el líder de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, puso el grito en lo más alto del Congreso. "Hay mucha hipocresía, esto es una política de Estado y la quieren dibujar diciendo que hay ñoquis para justificar que van a echar trabajadores, porque quieren un estado chico. Esta es una política que ya la vivimos. Que lo digan, así sabemos qué enfrentamos", dijo el gremialista a radio Del Plata.
Los estatales de ATE Congreso también prometen pelea: "Nosotros estamos en alerta y movilización", advirtió Claudio Britos, uno de los portavoces gremiales. "lo que no vamos a permitir es el atropello. La Vicepresidenta tomó una decisión errónea", aseguró.
El sindicalista reveló que su gremio "no" recibió "ninguna" notificación "oficial" del decreto y recordó que el "eslogan" de Cambiemos en la campaña electoral era consenso.

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