El protagonismo alcanzado por la vida municipal en estos días tiene más que ver con la urgencia social y económica que con avatares políticos.
La intervención al municipio de Coronel Moldes no convenció demasiado a nadie. Con una recaudación propia de 100 mil pesos mensuales y un gasto en sueldos de un millón y medio, la dependencia de la coparticipación es absoluta, y no alcanza. Osvaldo García arrastraba un déficit mensual de 400 mil pesos, que se tradujo en una deuda por adelantos de coparticipación de 12 millones y una enorme cantidad de cheques devueltos.
Un intendente no puede sobrevivir políticamente sin obras y servicios. Tampoco está en sus manos el desarrollo económico de su territorio.
Osvaldo García no podía hacer milagros, y el interventor Rodolfo Antonelli tampoco podrá hacerlos.
Este escenario fue descripto con lujo de detalles por los intendentes al vicegobernador Miguel Isa y al ministro de Hacienda, Sebastián Gomeza, quienes compartieron la preocupación pero trataron de desdramatizarla.
En los discursos, particularmente enfáticos cuando les tocó hablar a Sergio Leavy y Mario Cuenca, no faltaron reproches para la Legislatura, responsable de la intervención a Moldes y a la que consideran excesivamente condescendiente con el Poder Ejecutivo.
Los intendentes insisten en una nueva ley de coparticipación,porque consideran que el centralismo salteño es estructural y que es necesario profundizar la autonomía real de las comunas. No quieren sentirse "cuatro de copas", como verbalizó Cuenca, y pretenden un reconocimiento de mayor solidez institucional.

Nuevo escenario

El viernes, los intendentes dejaron en claro también que, más allá de las ideologías, las pugnas políticas y las miradas macroeconómicas, ellos temen quedar estrangulados financieramente y convertirse en el "jamón del sanguche" de una crisis en la que no tienen poder de decisión.
Lejos de los debates mediáticos entre macrismo y kirchnerismo -o república y populismo-, ven con preocupación una merma en la coparticipación provincial que repercute directamente en sus cajas. Al frenar de golpe la emisión de billetes, el flujo de recursos disminuyó y ahora, al margen de los gustos ideológicos, reclaman que el Congreso dé vía libre, lo antes posible, al acuerdo con los denostados fondos buitre. Esa es una parte del mensaje que, a través de Isa y Gomeza, enviaron al gobernador Juan Manuel Urtubey y a los legisladores salteños. La otra parte, para que el gobernador lleve a la reunión de esta semana, con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, consiste en respaldar el pedido de reintegro del 15% del impuesto a las Ganancias y el replanteo de la coparticipación federal nacional.

Sáenz, con Macri

Con la mitad de la población salteña en su jurisdicción y diferenciado políticamente del oficialismo, el intendente de la capital, Gustavo Sáenz, intenta moverse con vida propia, aunque comparte problemas con sus colegas del interior. El enojo con Aguas del Norte por los daños que quedan en las calles luego de cada obra y la acumulación de deudas reclamadas es generalizado en todos los municipios.
Sáenz le reclama una deuda de 120 millones de pesos y, por su cuenta, está gestionando fondos a nivel nacional para financiar obras hídricas cuyo plan aún no fue dado a conocer, pero que necesariamente, según todos los diagnósticos, deberá ser ambicioso y a largo plazo.
El intendente se entrevistó en Buenos Aires con el director del Plan Belgrano, José Cano, el secretario de Obras Públicas, Daniel Chaín, y el secretario de Interior, Sebastián García de Luca. Mañana estará otra vez en Buenos Aires, para almorzar con el presidente Mauricio Macri; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y otros 23 intendentes de distintas provincias.
Sáenz anticipó que llevará un fuerte reclamo por una nueva coparticipación, regida por criterios objetivos y no discrecionales, a nivel nacional y en cada provincia. También planteará que la reforma electoral no debe limitarse al voto electrónico y la unificación de las fechas de elecciones, sino que debe poner límites a los mandatos, para evitar la construcción de feudos municipales y provinciales.

La Iglesia y el narcotráfico

La presencia del narcotráfico en la frontera norte es un síntoma de los problemas sociales que afectan a los municipios más postergados de la región. Sin desarrollo rural y agroindustrial, esa zona seguirá siendo territorio dominado por el desempleo y la economía en negro, de la cual el narcotráfico es la expresión más sangrienta. Con alrededor de quince crímenes ejecutados por sicarios en tres años, no hay lugar para las distracciones.
El obispo de Orán, monseñor Gustavo Zanchetta, fue explícito en su carta pastoral de febrero, posterior a la suspensión del juez federal Raúl Reynoso y la detención de varios abogados, pero que preludió el escándalo de los concejales de Salvador Mazza.
El obispo, un hombre muy cercano al papa Francisco y de buena relación con el gobernador Urtubey, advirtió en ese documento espiritual sobre "situaciones de exclusión y pobreza", y abogó por "las comunidades de nuestros pueblos originarios, que esperan ser contenidos e interpretados en su riqueza pluricultural y en sus luchas legítimas por la tierra y una vida digna".
Allí anticipó implícitamente el caso de los concejales Mauricio Gerónimo y Alejandro Maurín, al poner el acento en "las familias enteras que padecen el drama del narcotráfico" y denunciar a "los traficantes de muerte, a los funcionarios corruptos y a todos aquellos que por severa omisión miran para otro lado".
Este escenario social, que se manifiesta en cada municipio y que afecta a las instituciones, también debería estar más allá de las ideologías.

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Sección Editorial

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