En el libro de Anselm Grün "Los Diez Mandamientos" el autor reflexiona sobre la libertad otorgada por Dios al pueblo hebreo al sacarlo del dominio, opresión, esclavitud al que lo habían sometido los faraones egipcios. Nos dice que esa libertad debía ser consolidada con el otorgamiento de la ley de los Diez Mandamientos que asegurara esa libertad exterior y posibilitara no volverse esclavos de otros tiranos, ni exteriores ni interiores.
Al concurrir a la excelente charla que diera en el Cabildo el historiador Gregorio Caro Figueroa sobre la Declaración de la Independencia relató coincidencias con la idea expresada en el primer párrafo, que el Congreso reunido en Tucumán en 1816 perseguía dos objetivos: declarar la independencia y también sancionar una Constitución que organizara políticamente al nuevo Estado surgente para asegurar así la conquistada libertad exterior e impedir que se cayera en opresiones internas, es decir, garantizar las libertades de los ciudadanos frente al Estado naciente.
El Congreso de Tucumán sancionó en 1819 la Constitución de las Provincias Unidas de Sudamérica, la cual tuvo una efímera vigencia y hubo que esperar hasta 1853 para dotar al Estado de una Constitución duradera.
Cabe reflexionar en este Bicentenario de la Independencia sobre cómo y cuánto hemos avanzado en materia de libertad interior, es decir, en garantizar los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, del pueblo, frente a actos y omisiones del Estado nacional y provincial.
Esta pregunta me lleva a dos temas que hacen a las deudas que mantienen el Poder Judicial y el Ministerio Público de Salta con la comunidad salteña.
Una de ellas es la falta de acusación, investigación y juzgamiento de hechos de corrupción, la otra es la persistencia del írrito privilegio que significa el mantenimiento del no pago del Impuesto a las Ganancias por magistrados y funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público; revertir ambas situaciones significaría de veras tomarse la ética en serio y la Independencia declarada hace 200 años.

Hechos de corrupción

A nivel nacional se está dando un muy significativo avance en las denuncias de hechos de corrupción de funcionarios públicos del más alto nivel por parte de jueces federales que durmieron una gran siesta en la época kirchnerista. Esta actitud implicó una falta total de independencia y por lo tanto una seria violación no sólo de la ética judicial sino de los deberes a cargo de los magistrados y mal desempeño de sus funciones.
Frente al cambio producido de gobierno nacional, los magistrados federales -fiscales y jueces- se han vuelto súbitamente diligentes en su trabajo, es decir, que durante muchos años cobraron una muy importante remuneración mensual sin trabajar debidamente, es decir independiente y éticamente.
En Salta lamentablemente no va a ocurrir lo que está sucediendo a nivel nacional, porque el Gobierno no cambió ya que vamos por el tercer mandato consecutivo del mismo gobernador.
Los magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público de Salta no investigaron y no investigarán ni juzgarán hechos de corrupción del gobierno actual. No se comportarán de manera ética ni independiente. No cobrarán merecidamente su sueldo a fin de mes por el trabajo que juraron hacer y no hacen al asumir cada uno de ellos su cargo; jura que mayoritariamente realizan invocando a Dios y los Santos Evangelios, la Patria, la Constitución y el Honor.
Esta conducta no es y no será ética por más Acordada que la Corte de Justicia de Salta sancione adhiriendo al Código Iberoamericano de Ética Judicial, que sólo se reduce dicho acto de esta manera a un acto "pour la galerie".
Y si esto no es así, que alguien nos diga, dónde hay una investigación en curso por hechos de corrupción de este gobierno, por el Fondo de Reparación Histórico, por los dineros que no están y por las obras que no se hicieron. Dónde están las causas por los enriquecimientos en la función pública, dónde las causas que investiguen los numerosos nombramientos de familiares dentro del Poder Judicial y Ministerio Público, tratando como propio lo que es ajeno, lo que es público. ¿Dónde están?
Este estado de cosas indica una total falta de ética y de independencia judicial, de mal desempeño de las funciones y de incumplimiento de los deberes a cargo por parte de magistrados y funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de Salta.
Cuando frente a la violación de una niña perteneciente al pueblo originario wichi, un ministro de la Corte de Justicia dirige únicamente su acción contra el juez y el fiscal intervinientes omitiendo a los máximos responsables de los cuatro ministerios involucrados y ausentes -sobre todo el de Justicia y Derechos Humanos- y esto a pesar de que se encuentren denunciados por discriminación ante el Inadi; se comete parcialidad. La imparcialidad es una nota característica y esencial de la ética judicial, pero demanda independencia judicial cuando del Poder Ejecutivo se trata.
El refrán popular dice que para muestra basta un botón; en la Ciudad Judicial sobran las muestras de falta de independencia sobre todo al rechazar demandas colectivas porque reclaman tutela judicial por las omisiones constitucionales del Poder Ejecutivo en garantizar los derechos humanos de las personas y los grupos de personas en situación de desventaja social.

Impuesto a las Ganancias

La no retención del impuesto a las ganancias a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de Salta, al igual que de todo el país, no es justo, ni igualitario, ni ético. El no pago del Impuesto a las Ganancias constituye un irritante privilegio que debe dejarse sin efecto de forma urgente.
Esta eximición tributaria para los magistrados -jueces, fiscales, asesores, defensores de todas las instancias- y funcionarios judiciales se debió a la Acordada 20/1996 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Siempre se utilizó como fundamento de la no retención del impuesto que al hacerlo se afectaría la intangibilidad salarial de los magistrados y funcionarios que está establecida en la Constitución; no se lo evaluó como privilegio sino como garantía para los ciudadanos de la independencia de los jueces y demás magistrados en el ejercicio de sus funciones.
Está muy claro que durante muchos años, demasiados, los magistrados no fueron independientes, independencia que era la base esgrimida para que no se aplicara a los mismos el Impuesto a las Ganancias.
Por su parte la Constitución Nacional en su artículo 110 establece que "los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permanezcan en sus funciones".
El Art. 120 establece que los miembros del Ministerio Público gozan de intangibilidad de remuneraciones.
Pero he aquí que la Constitución de la Provincia de Salta establece en su artículo 161 con más precisión que la Constitución Nacional que: "su retribución no puede ser suspendida ni disminuida sino por leyes de carácter general, extensivas a todos los poderes del Estado".
Resulta obvio que la ley del Impuesto a las Ganancias es una ley nacional de carácter general y no es una ley especial dictada únicamente para disminuir o afectar los salarios de magistrados y funcionarios judiciales con el propósito de presionarlos y afectar su independencia.
Así parece haberlo entendido claramente los parlamentarios de la Nación cuando derogaron las exenciones al Impuesto a las Ganancias sobre los salarios de los magistrados y funcionarios judiciales mediante el artículo 1º de La ley 24631.
A la Corte Suprema de Justicia de la Nación no le importó cumplir con una ley del Congreso de la Nación y por una acordada, la número 20 del año 1996, que "declaró inaplicable el artículo 1º de la Ley 24631 para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación" y desde entonces hasta la actualidad esta ley no ha sido aplicada y por lo tanto los jueces y funcionarios nacionales no tributan el Impuesto a las Ganancias.
Tampoco tributan los magistrados y funcionarios judiciales provinciales a pesar de que la Acordada 20/96 no los comprende, adhiriéndose "motu proprio" a dicha acordada y a pesar de que la Constitución Provincial es mucho más clara al respecto de la intangibilidad salarial que la Constitución de la Nación.
Toda esta situación consolida un irritante privilegio y el establecimiento de una severa discriminación contraria al principio de igualdad ante la ley, estableciendo que hay ciudadanos de primera -a quienes no se les retiene el impuesto a las ganancias- y ciudadanos de segunda: los que si tributan, recayendo sobre los no privilegiados la carga impositiva.
Hasta hoy el Poder Judicial y el Ministerio Público de Salta han demostrado su falta de independencia y de solidaridad social con el no pago de un impuesto que debiera ser soportado por los que más ganan para ser redistribuido justa y efectivamente por el Estado hacia las personas más desaventajadas de la sociedad. Claro está que para que esta redistribución se produzca justa y efectivamente los organismos de contralor de los actos y omisiones del poder administrador deben funcionar ética e independientemente que es lo que no están haciendo y urge que se haga, siendo los principales órganos de contralor del Poder Ejecutivo tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público.
Insto desde esta columna periodística a que el Poder Judicial y Ministerio Público de Salta salden estas dos importantes deudas que mantienen con la sociedad en este Bicentenario de la Declaración de la Independencia, y así el canto de nuestro Himno Nacional no sea solo un repetir de estrofas vacías de significado y contenido, que de tanto repetirlo mecánicamente ya no importa el sentido de fondo.
"¡Oíd, mortales!, el grito sagrado:
¡libertad!, ¡libertad!, ¡libertad!
Oíd el ruido de rotas cadenas
ved en trono a la noble igualdad".


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Sección Editorial

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