Hace pocas semanas, la demanda del Ministerio Público contra los hermanos Karlen por un desmonte en Dragones planteaba una indemnización de más de $ 171 millones; con ese monto, impagable, todo hacía prever una expropiación inminente. Además, la fiscal del caso, Griselda Nieto, exigía que se inmovilizara la actividad en el predio hasta tanto se restableciera la flora nativa, es decir, por veinte años. Para lograr ese objetivo, hubiera sido indispensable que el predio de 11 mil hectáreas fuera desalojado de habitantes y convertido en reserva natural. Una utopía que, de concretarse, pondría bajo riesgo todos los planes de desarrollo para la región.
Sin embargo, finalmente prevaleció la sensatez.
El Procurador General Pablo López Viñals, en representación del Ministerio Público, y los abogados Julio Osvaldo Chávez y Pedro Javier Arancibia, en representación de Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen, firmaron un convenio marco con el objetivo de "lograr un paisaje de bosque nativo inclusivo en las matrículas 30746 y 30747 del departamento San Martín". Ambas partes coincidieron en el propósito de llevar adelante "un proceso de restauración de los bosques nativos y reconversión productiva hacia la ganadería integrada".
En otras palabras: la familia Karlen se compromete a invertir en tecnología y en genética para desarrollar ganadería de alta calidad sin desplazar a ninguna familia de lugareños y, en cambio, incluirlos en la actividad productiva.
"Alcanzamos un punto de equilibrio; ninguna de las partes quiere ver bosques abundantes y poblaciones pobres, carecientes de lo indispensable. Ahora, lo que está en marcha es un proceso de desarrollo humano", afirmó el abogado Julio Chávez.
El convenio fue remitido a la jueza de Primera Instancia de Tartagal, Claudia Viviana Yance, solicitándole la suspensión de cualquier plazo judicial hasta el 25 de julio. Para entonces, el convenio marco deberá estar convertido en programa específico, donde estén previstas las acciones concretas de restauración y reconversión, técnicamente detalladas, que proponga la familia Karlen, con el asesoramiento de los profesionales Virginia Del Val y Cristian Garkus, el cual "debe ser confrontado por el equipo que trabajó en la metodología de remediación".
"El grupo de expertos multidisciplinares de las Universidades Nacionales de Salta y Buenos Aires, del INTA, de la Dirección de Bosques de la Nación y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales que realizó el estudio técnico pericial ordenado preliminarmente por la jueza", explica el comunicado oficial, evaluará la propuesta de los productores a fin de que cumpla con lo previsto del acuerdo de conciliación. Si se imponen los criterios técnicos y la voluntad de generar calidad de vida en la zona más pobre del país por encima de las veleidades del fundamentalismo ambiental, el acuerdo puede cambiar el futuro de la gente.
De la firma también participaron la fiscal ante la Corte 1, Patricia Di Paolo, el secretario relator en Asuntos Ambientales e Intereses Difusos, Sebastián Lloret, y la ingeniera del CIF Leonor Barrenechea.

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Sección Editorial

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juan ramon concepcion
juan ramon concepcion · Hace 5 meses

Creo firmemente en la independencia de poderes.pero me preocupa que la procuraduria, pase por alto la desicion de un JUEZ, cuando aplico una condena ,aunque no este firme la sentencia.No se puede cometer un delito y quedar libre de culpa y cargo, sin haber pagado la condena.Si estoy equivocado , que se cobre la multa impuesta y nada mas, ni siquiera deberia servir de respaldo como fideicomiso por la reparacion de los daños.Algo huele mal, o alguien se va a quedar con algo?.


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