La Justicia argentina, aún cuando actúa a fondo, sigue dando muestras confusas de cara a la opinión pública. Sebastián Casanello, el mismo juez que paralizó la causa contra Lázaro Báez durante más de dos años, hoy apura detenciones como si el escándalo hubiese saltado recién ahora y luego de que desaparezcan muchas de las pruebas. ¿Qué cambió de un momento a otro? Solo una cosa, el gobierno de turno.
La imputación de Cristina Kirchner por presunto lavado de dinero era inminente tras la caída de su empresario favorito. Báez, se sabe, no es nadie por sí solo ni se autorizó a sí mismo los 12 mil millones de pesos que manejó de obra pública. Cristina, Julio de Vido, Ricardo Echegaray y varios exfuncionarios dejaron hacer a Báez de las suyas con llamativa facilidad durante muchos años. Ahora, cuando el empresario está al borde del abismo, quizá cueste mucho más recuperar los fondos malversados a las arcas del Estado nacional. La detención de Báez debió haberse producido mucho antes. También la de Ricardo Jaime. En los dos casos había claras inconsistencias entre lo que debían tener y lo que realmente tenían. Aviones privados, hoteles, joyas y propiedades: todo estaba a la vista de todos hace tiempo, pero las consecuencias recién se observan ahora. Los jueces federales sienten que este es el momento indicado para avanzar a fondo con todo lo que no investigaron en los últimos años. Los motivos son variados: la venia del presidente de la Corte, el reclamo popular de transparencia y el temor de que avancen causas en su contra en el Consejo de la Magistratura. El organismo que selecciona y destituye a los magistrados ostenta hoy una mayoría oficialista, igual que con el kirchnerismo. Eso, sin lugar a dudas, representa todo un mensaje para los jueces a la hora de fallar en causas por corrupción.
Panamá Papers
A diferencia de los años kirchneristas, la Justicia dio estos días una noticia que sorprendió a propios y ajenos: imputó al presidente Mauricio Macri por el escándalo de los Panamá Papers. Si bien la causa aún no tiene un delito comprobado, el solo hecho de que se abra una investigación contra el jefe de Estado en ejercicio ya representa un hecho político negativo por sí mismo. Macri, pese a haber hecho un descargo, todavía no dio todas las explicaciones que tiene que dar sobre el caso ni aceptó preguntas de los periodistas que destaparon la información. ¿Para qué abrir una sociedad en Bahamas si la operación de la compañía sería en Brasil? ¿Cuál es el objetivo de registrar una sociedad offshore y que no haya tenido ningún movimiento económico? El presidente, que todavía goza de un amplio respaldo popular, aún está a tiempo de aclarar estos y otros interrogantes más que quedaron en el aire.

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