El año pasado para esta misma época -luego de Navidad y encima del Nuevo Año- publiqué una nota de opinión sobre el "trabajo esclavo en el Ministerio Público".
Allí se ilustraba a la ciudadanía del ilegal proceder de las autoridades del Ministerio Público que habían dispuesto que los contratados -con contratos en fraude a la ley- que habían pasado a planta permanente debían hacer la feria judicial de enero completa sin derecho a compensación económica y sin derecho a descanso compensatorio alguno -violando abiertamente elementales derechos humanos y laborales y el Reglamento Interno del Ministerio Público-, porque así lo había dispuesto el abuso y la arbitrariedad de quienes detentan el poder.
Una vasta proporción de esos empleados que trabajarían de manera esclava pertenecían al Ministerio Público de la Defensa a cargo de la Sra. Defensora General Dra. María Inés Diez. Luego de aquella publicación se logró que se les reconociera únicamente los días de descanso compensatorio violándose por las autoridades nuevamente el reglamento que ampara ambos derechos para quienes trabajan durante la feria judicial.
Este maltrato por parte de quien ejerce la jefatura de la Defensa Pública se repite este fin de año ahora con los magistrados y funcionarios de la Defensa Pública, es decir, con los señores defensores oficiales civiles y penales y con los secretarios letrados de dichas defensorías.
El 16 de diciembre, faltando tan solo 8 días hábiles para fin de año y cuando todos los defensores públicos a quienes les tocaba quedar a trabajar durante la feria de enero 2016 ya habían presentado el listado de los funcionarios y personal que los acompañaría durante toda la feria, la Sra. Defensora General notificó por un memorándum de escasas cinco líneas dirigido a todos los Defensores Oficiales de la Provincia que : "a fin de reconocer el descanso anual de quienes prestan servicio en el Ministerio Público de la Defensa, durante el receso del mes de enero del 2016, deberán optar entre la primera o segunda quincena, quedando vedado la prestación del servicio en todo el mes de enero".
Contradicciones e ilegalidades
En primer lugar cabe decir que la misma funcionaria pública que el año anterior había dispuesto el trabajo esclavo, ahora fundamenta su arbitrario memorándum en el reconocimiento del descanso anual, derecho que se encuentra reconocido por el reglamento del Ministerio Público desde el origen mismo de esta institución. En segundo lugar es claro que quienes trabajan durante el receso de enero -quedando como guardia para trabajar los casos urgentes- saben con años de antelación qué año les tocará trabajar en feria, pudiendo programar así sus vacaciones, derecho este laboral y humano. Este año la arbitrariedad e improvisación de la Defensora General fue tal que sacó el memorándum que relato sin tener la precaución de asegurarse previamente que contaba con magistrados del fuero, funcionarios y empleados para reemplazar a aquellos que les tocaba, según el cronograma, hacer la feria.
Terminó así nombrando a abogados que pertenecen al estamento de profesionales y técnicos para que desempeñen las funciones que cumplen los secretarios letrados en una Defensoría produciendo la desjerarquización de los funcionarios de la Defensa Pública y un acto de ilegalidad manifiesta, ya que un secretario solo puede ser reemplazado por otro secretario; un abogado del estamento profesional no es un funcionario público con todas las consecuencias que ello conlleva en la realización de los actos realizados por estos.
De los nueve defensores públicos civiles del Distrito Centro, por ejemplo, terminaremos, por disposición de la Sra. Defensora General, trabajando en enero durante esta feria siete defensores, en cambio de los tres que debían hacerlo según cronograma, con lo cual no se entiende cuál es el derecho al descanso al que se refiere su memorándum.
Autoritarismo rancio
Por otro lado dicho memorándum contraría abierta y arbitrariamente el Reglamento Interno del Ministerio Público en sus artículos 62 y 63 y cuando así se lo hice saber a la Sra. Defensora General por presentación realizada recibí por toda respuesta que "en lo sucesivo deberá abstenerse de efectuar comentarios o consideraciones y dar cumplimiento a las instrucciones que, en razón del servicio, se dispongan desde esta Defensoría General...".
Es decir, como en un sistema del más rancio autoritarismo las órdenes aunque sean injustas e ilegales no se cuestionan se cumplen, lo que se llama Obediencia Debida.
Es así que por ejemplo que la Defensoría que dirijo, la segunda quincena de enero quedará en manos de dos magistrados, un defensor realizará la tercer semana y el otro la cuarta siendo este último de la Defensa Civil pero con especialización, no en el fuero de personas y familia, sino en el fuero civil y comercial común. Quedarán sin secretario letrado la segunda quincena; el cargó estará ocupado por un abogado del estamento profesional y con dos empleados. Es decir, una Defensoría en feria con un defensor que no es del fuero, con un abogado que no es secretario letrado y con dos empleados únicamente (siendo que desde la Defensoría General se había dicho que lo mínimo eran cuatro) para atender todos los asuntos urgentes en materia de personas y familia de tres defensorías de personas y familia. Lo que escribo es en defensa de la legalidad y fortalecimiento del Ministerio Público de la Defensa; en defensa del derecho de los magistrados y funcionarios a no recibir este maltrato por parte de quien ejerce temporalmente la jefatura, y sobre todo en defensa de la comunidad que acudirá este enero con casos y causas urgentes y no será defendida por un defensor especializado en la temática, a quien no acompañará un secretario especializado en la temática y todo por un memorándum autoritario, antojadizo, ilegal, improvisado e irresponsable de la Sra. Defensora General.
En el entorno de un gobernador que habla de diálogo y consensos y que quiere distanciarse lo más posible del autoritarismo kirchnerista, la Defensora General puesta en ese cargo por el mismo gobernador no parece consustanciada con la nueva postura gubernamental, o ¿es que se trata solo de un discurso del gobernador para los porteños?

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Sección Editorial

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miguel hugo rojo
miguel hugo rojo · Hace 10 meses

La Defensora General, María Ines Diez es la suegra de Juan Manuel Urtubey. Así se maneja el Estado como en la estancia o finca propiedad de éstos sujetos. Además de nombrar o designar a los jueces para que resuelvan estafas de los familiares.


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