Mariela Belski es directora de Amnistía Internacional en Argentina, organización que lucha por los derechos humanos y tiene presencia en más de 150 países.
En diálogo con El Tribuno evaluó la emergencia por violencia de género en Salta y cuestionó al Gobierno de la Provincia por tener un reglamento "restrictivo" para el acceso al aborto legal en casos de violación.
Además, consideró que los temas de derechos humanos no son una prioridad para el Gobierno de la Nación y afirmó que, hasta ahora, solo hubo respuestas "espasmódicas" en la materia.
Salta tiene uno de los índices más preocupantes de violencia de género. Hace casi dos años la provincia se declaró en emergencia por este tema y ahora se evalúa prorrogar esta medida ¿Le parece que puede servir como estrategia?
Me parece que reconocer la situación de violencia de género estructural en la provincia es un buen gesto por parte del Gobierno. El problema sería si solo lo reconocen y no hacen nada para resolverlo.
Salta es la provincia con los peores indicadores y eso se sabe en el país. Lo que es importante es que no sea solo una declaración sino que se implementen políticas tendientes a disminuir estos números, que son bastante preocupantes.
El presidente de la Nación anunció un plan nacional contra la violencia de género y es bastante interesante.
Creo que, teniendo un presidente que sale a avalar una política integral para todo el país, es interesante ver cómo el Gobierno de Salta va a mirar ese plan, si va a adherir, si va a sacar su propio programa o va a implementar acciones tendientes a la disminución de estos índices.
Nosotros veníamos pidiendo siempre un plan integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
“El Gobierno tuvo que recibir, medio forzadamente, a Abuelas de Plaza de Mayo y a otras organizaciones ”.
Lo que lanzó el Gobierno nacional, en algún punto, da un signo de que hay un problema que se reconoce y se desarrolla una política prioritaria y transversal en torno a eso.
Estas políticas tienen sentido si se las dota de recursos financieros, humanos e institucionales o si la mirada es integradora de todas las manifestaciones de violencia contra la mujer.
Con respecto al aborto, ¿le parece que está dado el contexto para debatir este tema en el país?
Tenemos dos líneas de trabajo con respecto al aborto. Por un lado, Amnistía Internacional está a favor de la despenalización del aborto. Por eso trabajamos con la campaña nacional por el aborto seguro, legal y gratuito con un montón de organizaciones. Y hacemos mucho hincapié en que se debata la despenalización del aborto en el país.
Debatir significa compartir ideas con aquellos que piensan como nosotros y los que piensan lo contrario. Significa tener debates que duren lo que tengan que durar para tener una norma como tienen México o Uruguay. Para eso hace falta debatir. Lo que pide por ahora Amnistía es que se debata y eso le toca al Congreso, que tiene que generar los espacios. Es un reclamo que tenemos específicamente hacia los legisladores.
Pero tenemos un reclamo diferente, que es hacia los Poderes Ejecutivos provinciales y nacionales y tiene que ver con el aborto legal, que existe en nuestro país desde 1921 en el Código Penal.
En general, lo que ha sucedido en nuestro país es que la práctica ha desvirtuado lo que la norma decía. Se han ponderado los valores morales de operadores de la salud y de la Justicia.
Desde 1921, distintos operadores judiciales, de la salud y políticos han interpretado de manera equivocada la aplicación del aborto legal en nuestro país, ponderando valores morales personales por sobre normas institucionales. Entonces, tenemos una norma que dice una cosa y una práctica que no se condice.
Esto queda aclarado en el año 2012 con el fallo FAL de la Corte Suprema, que dice: "El aborto legal existe en la Argentina desde 1921 y se implementa de esta manera". Y da un montón de indicaciones al Poder Ejecutivo para implementar el aborto legal.
La realidad es que esto no fue aplicado por el Gobierno anterior, que ni siquiera lo menciona ni lo tiene en cuenta.
Como el tema de salud es de aplicación local en materia de derecho, lo que debería pasar es que el Gobierno nacional saque un protocolo en materia de atención de aborto legal y las provincias puedan adherir o sacar sus propios protocolos.
Salta tiene un protocolo, que sale después del fallo FAL. En realidad lo que hace Salta es poner un protocolo mucho más restrictivo. Saca una resolución de 2012 y lo que hace es limitar mucho más lo que dice la Corte.
Hace una lectura restrictiva. Dispuso que la mujer debía completar una declaración jurada o ser asistida por un defensor oficial. Además, reguló de manera medio confusa el tema del consentimiento en caso de menores de 18 años. La realidad es que genera un protocolo mucho más restrictivo de lo que el fallo FAL de la Corte establece.
“El protocolo de protesta social es sumamente contradictorio con los estándares en materia de derechos humanos”.
Cualquier salteña podría pedir la declaración de inconstitucional de esa resolución porque está dando menos derechos de los que da la Corte a nivel nacional interpretando el Código Penal.
Hoy hay un escenario más amigable para trabajar el aborto legal, que eso sí les toca a los Poderes Ejecutivos provinciales. Por otro lado, está la legalización del aborto, que es un tema más del Congreso y que en algún momento se debatirá o no de acuerdo a las voluntades de quienes estén a cargo de las distintas comisiones que deben poner este tema en agenda.
¿Cómo evalúa las políticas de derechos humanos que viene implementando el Gobierno de la Nación en estos meses?
Nosotros en Amnistía Internacional no calificamos a los gobiernos en términos de si son buenos o malos sus estándares en materias de derechos humanos.
Lo que sí puedo decir es que claramente la agenda de derechos humanos no ha sido prioritaria para el Gobierno. No lo fue en las elecciones. De hecho, nosotros hicimos una campaña de compromiso en relación con los derechos humanos de parte de los potenciales presidentes. Es un documento que le pedía a los presidenciables que firmaran algunos compromisos en algunas materias y este presidente no los suscribió.
Tampoco este presidente ha salido a mostrar o presentar un plan de derechos humanos. Me parece que hasta ahora hubo reacciones espasmódicas ante situaciones concretas.
Las llegadas de Barack Obama y Francois Hollande hicieron que el Gobierno tenga que poner en agenda el tema de memoria, verdad y justicia porque, obviamente, los mandatarios querían hablar con organizaciones de madres o víctimas y visitar los espacios de la memoria.
Y esto se explica claramente porque Argentina es un país muy conocido internacionalmente por su experiencia en la materia, Entonces, cuando viene un mandatario de afuera, quiere ver este proceso de nuestro país, que es muy loable y está muy bien visto afuera. De hecho todavía hay países que copian nuestro modelo.
Ahí el Gobierno tuvo que recibir, medio forzadamente, a Abuelas de Plaza de Mayo y a organizaciones de derechos humanos que defienden a víctimas de la dictadura. La sensación es de que le pusieron este tema en agenda al Gobierno. No es un tema que el Gobierno solo hubiera salido a trabajar o a decir "es un tema que vamos a seguir trabajando".
Me parece que lo mismo pasa en el caso Belén (una joven tucumana condenada a ocho años de prisión bajo la acusación de homicidio luego de sufrir un aborto espontáneo). Otra vez, no es el Gobierno el que sale a decir "vamos a tener una política de implementación del aborto legal porque esto existe en el país desde 1921", sino que es la sociedad la que presiona al Gobierno para que haga algo en casos como este.
Lo mismo con la protesta social. Sacan un protocolo de protesta social que es sumamente contradictorio con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Las organizaciones salen a criticar el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad porque es violatorio de normas internacionales y de la Constitución y ahí el Gobierno sale a corregir. Y no queda claro qué pasa, porque al final ni siquiera fue aprobado por una norma el protocolo del Ministerio de Seguridad.
No observamos que haya una política activa en derechos humanos. Por ahora lo que estamos percibiendo es que, ante determinadas situaciones, la sociedad presiona y el Gobierno sale a responder.
No queda claro cuál es la agenda en materia de derechos humanos. No es que el Gobierno haya dicho "esta es la agenda de derechos humanos" o "estos son los temas". Por lo menos no la difundieron y la sociedad no la conoce. Si existe, es algo que manejan hacia el interior del gobierno. También podemos decir que es prematuro. Están hace pocos meses y, quizás, si uno es paciente, algo aparezca. Pero es cierto que no es una agenda que el Gobierno sale a visibilizar. No es una agenda que al Gobierno parezca preocuparle demasiado. Hasta ahora hay otras agendas prioritarias.
Era de esperar que se nominara a mujeres para las vacantes de la Corte Suprema. ¿Eso hubiera mejorado la perspectiva de género?
Eso es muy interesante. Si uno ve las fotos del Ministerio de Ciencia, son todos varones. En las fotos de los empresarios con Macri, son todos varones. En el Gabinete de la Nación son tres mujeres y todos varones. Y los dos candidatos que nombra el presidente para la Corte Suprema son dos varones. Claramente, pensar cómo se va a dar espacios de poder a las mujeres es un tema que se viene.
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Sen sei
Sen sei · Hace 1 mes

Ojalá ya dejen de boludear con los derechos humanos de los delincuentes y vea. Realmente por los derechos de los ciudadanos y las víctimas

Re KennethU
Re KennethU · Hace 1 mes

Que el gobierno atienda los derechos humanos de los que lo merecen, no de los delincuentes como se hizo hasta ahora.

Matias Astorga
Matias Astorga · Hace 1 mes

No puedo compartir la opinión de Belski de que proteger al niño por nacer es una restricción de derechos. Es todo lo contrario: significa ponerse a favor de la parte más débil. Y recordemos que así como Amnistía se juega por los derechos humanos cuando reclama la liberación de los prisioneros políticos, hace todo lo contrario cuando promueve el aborto, que nunca ha sido reconocido como derecho humano.

Matias Astorga
Matias Astorga · Hace 1 mes

Es digno de reconocer lo que Amnistía ha realizado por las libertades civiles. Seguramente es sincera la preocupación de Bielski por la defensa de la integridad de las mujeres. Sin embargo no parece igualmente coherente decir que una legislación es restrictiva de los derechos humanos cuando protege al niño que todavía no nació. Es todo lo contrario: le da más garantías a la parte más débil. Una vez, hablando con un miembro de Amnistía internaiconal le expresé mi pesar por la incoherencia que significa defender las libertades civiles y no proteger la vida del no nacido, ya que Amnistía ha abrazado la causa de promoción del Aborto, que no es un derecho humano y jamás ha sido así reconocido. Mi interlocutor dio por terminada la conversación como única respuesta.

oscar  fabian
oscar fabian · Hace 1 mes

Derechos Humanos ya se ganaron el repudio de toda la sociedad y la condena social va a ser terrible , se encargaron de defender los derechos de los delincuentes y jamas se los vio asistiendo a sus victimas, dan real asco

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