A raíz de un informe de Amnistía Internacional de Argentina, el comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW), de la Organización de Naciones Unidas (ONU), examinó los derechos de las mujeres en Argentina, donde el Estado nacional debe responder sobre tres ejes centrales: aborto legal, derechos sexuales y reproductivos y violencia de género.
En el informe de Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra la mujer sobresale el punto sobre el aborto legal. Al respecto, Amnistía detalla que "con el fin de terminar con la práctica de judicializar, entorpecer y/o demorar el derecho al acceso al aborto legal, apenas 8 de las 25 jurisdicciones de todo el país han adherido al protocolo nacional", y señala que en caso de violación o de riesgo de la mujer, esta práctica es no punible.
Este es, precisamente, uno de los temas prioritarios de la agenda de trabajo de la filial argentina de la organización internacional, que desde septiembre de 2011 tiene como directora ejecutiva por primera vez a una mujer, Mariela Belsky. "Nosotros -dijo la funcionaria en una entrevista telefónica días pasados con El Tribuno- tenemos una agenda regional y una local, que siempre tiene que enmarcarse dentro de la internacional. "La prioridad regional y local es salud sexual y reproductiva e indígena (en Argentina es educación en salud sexual y aborto); a nivel regional es más aborto, además de situación de indígenas, migrantes y refugiados, temas de género, educación para jóvenes".
Mariela resaltó "el enorme desafío de poner los temas de la organización en la agenda pública argentina, por ser una organización conocida, una organización que se sienta a hablar con los organismos de derechos humanos o con quien tenga que hablar". Por eso, lo primero que hizo cuando asumió fue "jerarquizar" la organización en Argentina, porque "se la conocía como algo de afuera, no de acá. Durante muchos años no tuvo una actividad contundente, visible. Por eso el desafío de ponerla en la agenda pública para que se visibilice nuestro trabajo".
El acceso a los abortos legales se ve restringido por desconocimiento del derecho vigente, la falta de información jurídica y el abuso de la objeción de conciencia; es decir por mecanismos que ejercen violencia institucional contra las mujeres. "El Estado debe incorporar, a nivel federal y como servicio básico y obligatorio del sistema de salud, las prestaciones necesarias para interrumpir embarazos en los casos contemplados por la ley vigente", explicó Mariela.
El martes pasado, en Ginebra, una comitiva del Gobierno nacional rindió cuentas ante la Organización de Naciones Unidas sobre el estado de los derechos femeninos en el país.
"Es un gran desafío, porque las políticas de derechos humanos no son una prioridad para este Gobierno y aquí quedará expuesto una vez más", destacó Belsky, quien trabaja con un equipo formado en derechos humanos. "Fue un gran acierto que se ve en lo que hacemos y en los resultados que hoy podemos mostrar", remarcó.

¿Qué te pareció esta noticia?

Aparecen

Sección Editorial

Comentá esta noticia



Se está leyendo ahora