El gerente general y el gerente de atención a las personas, del hospital Joaquín Castellanos de General Güemes recibieron un revés tras la decisión de la fiscal Verónica Simesen de Bielke de ampliar la imputación contra ellos por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Actuaciones legales que surgen a partir de la denuncia de Carlos Javier Aragañaraz realizada el 18 de junio del año pasado en nombre de su esposa, Marta Eugenia Braga, embarazada de 38 semanas. La mujer llegó al hospital de Güemes con contracciones y problemas de presión, tenía los debidos controles médicos, y por falta de anestesista fue derivada a esta capital, donde su bebé nació sin vida.
Los informes médicos y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) indicaron que la paciente sufrió desprendimiento de placenta, lo que ocasionó que el bebé llegara sin vida. Además, hubo sufrimiento fetal, todo esto porque no se practicó la cesárea que la mujer necesitaba. Negligencia que se originó porque el hospital de Güemes no contaba con anestesista en ese momento. Por eso la fiscal imputó a los médicos Marcelo Quiroga -gerente de Atención a las Personas- y a Jorge Barni -gerente general- el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La señora Braga no recibió la asistencia médica necesaria y terminó perdiendo su bebé.

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