El fiscal federal Guillermo Marijuán dictaminó ayer a favor de abrir una investigación sobre el origen del dinero que le fue sustraído el año pasado a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, la noche en que Mauricio Macri ganó el balotaje presidencial.
El dictamen sostiene que el origen de los fondos podría configurar un "delito de acción pública" y, en tal sentido, le recomienda al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba para avanzar en ese sentido.
Casi al mismo tiempo, pero en otra causa, ayer se supo que el fiscal Federico Delgado consideró probado el enriquecimiento ilícito de José López y que su esposa María Díaz colaboró en esconder el dinero, que la monja debe ser procesada por "encubrimiento" y dos empresarios, por "testaferros".

El caso Michetti

El 22 de noviembre pasado se llevaron de la casa de la ahora vicepresidenta de la Nación, en el barrio porteño de Balvanera, 245 mil pesos y 50 mil dólares que estaban guardados en distintos ambientes de la vivienda. Michetti explicó que 200 mil pesos eran parte de una donación a la fundación SUMA, que preside; 45 mil pesos estaban dedicados a gastos corrientes y de una refacción edilicia, y los 50 mil dólares eran un préstamo de su pareja para un posgrado que realizaría su hijo.
El fiscal acogió favorablemente las denuncias presentadas por el abogado Leonardo Martínez y por los diputados Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade, y decidió impulsar la investigación sobre el origen de ese dinero.
Al hablar de la denuncia en su contra, Michetti había sido clara al afirmar que no tenía "ningún problema" en ser investigada por el hecho. "Está mi declaración jurada donde consta lo que yo digo, y la constancia de lo que había pasado con el dinero de la fundación", declaró.
A través de su cuenta de Facebook, la titular del Senado publicó un descargo cuando se conoció el robo, el pasado 17 de julio. "En primer lugar, quiero dejar bien en claro que no tengo nada que ocultar. ¿Con qué sentido denunciaría con detalle ante la Justicia lo que me robaron si no tuviera la tranquilidad de poder explicarlo perfectamente?", arranca la carta de la vicepresidenta.

Dólares en el convento

Las declaraciones de José López, realizadas el jueves ante la Justicia por la causa de los bolsos llevados a un convento en General Rodríguez, fueron por lo menos extrañas; mezcla de delirio, insólitas elucubraciones y dudosas verdades. Terminado el trámite, el fiscal Federico Delgado le pidió al juez Daniel Rafecas el procesamiento de el exsecretario de Obras Públicas, de su esposa María Amalia Díaz, de dos empresarios sindicados como "testaferros" y de la religiosa Inés Aparicio.
El fiscal consideró que hay suficientes pruebas que muestran el enriquecimiento ilícito del exfuncionario y la colaboración de Mary, su mujer, en el incremento patrimonial injustificado. Para el fiscal, ambos construyeron la casa de Dique Luján en la que vivían y tenían ocultos los millones de dólares. Luego, la mujer habría coordinado telefónicamente la llegada de López al monasterio.
Respecto a Celia Inés Aparicio, conocida como la "hermana Inés", el fiscal pidió el procesamiento por la colaboración que le brindó a López la noche en la llegó con bolsos llenos de dólares al monasterio. Se basó para esto en dos pruebas.
Por un lado, las numerosas llamadas telefónicas registradas entre López, su mujer y la hermana Alba en la horas previas al escándalo. Por otro lado, las imágenes registradas por el sistema de seguridad del convento, que muestran a Aparicio colaborando con el ingreso de los bolsos. "Todo ello prueba que en el convento sabían que iba a ir López y de hecho lo estaban esperando en plena madrugada", señalo el fiscal.
En tanto, Delgado también pidió el procesamiento del contador Andrés Galera y del constructor Eduardo Gutiérrez, quienes en los papeles figuraron como dueños de la casona de Dique Luján que habitaba López. Para el fiscal, estos actuaron como testaferros para que el exsecretario de Obras Públicas disimulara que era el verdadero propietario del inmueble. El fiscal recordó que en 2008 Galera le encomendó al arquitecto que construyó la casa que se reuniera con López y Díaz para las ampliaciones y refacciones a encarar en la casa de Dique Luján. Por su parte, el segundo dueño de la vivienda, Eduardo Gutiérrez, se mantuvo pasivo y dejó que López y su mujer construyeran a "su gusto y parecer".
De este modo, el fiscal le solicitó hoy al juez que se le amplíe el procesamiento a López con relación a la propiedad de la casa construida en Dique Luján, que procese a María Amalia Díaz por su participación en el enriquecimiento ilícito y que la misma medida disponga respecto de Andrés Galera y a Eduardo Ramón Gutiérrez en su carácter de testaferros.
También requirió que procese a la hermana Inés por el "encubrimiento" de la acción de López.

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Sección Editorial

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GORILA  CONVERSO
GORILA CONVERSO · Hace 1 mes

Tenian razon cuando pedian tiempo...en 8 meses ya estan imputados los dos: presidente y vice!!que impresentables HDMP..aparte que empeoraron la situacion general del pais..traian supuestamente la transparencia..la honestidad,venian a combatir la corrupcion etc..Renga en todo sentido!!

gio vergara
gio vergara · Hace 1 mes

Que boluda la mina, no era más facil decir que era ahorro personal???? si es una cagada de plata la que robaron

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