Se ha informado sobre un debate en el seno del Gobierno, relativo al cumplimiento o no de un denominado "mandato" del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, para que se ponga en libertad a Milagro Sala. La detención de Milagro Sala ha sido dispuesta por un tribunal argentino competente, en una causa judicial en la que se la investiga y se le ha dictado procesamiento, por diversos delitos que se le atribuyen y algunas de cuyas pruebas han sido difundidas por los medios. Ya es inoficioso el argumento si la detención fue primeramente por una protesta callejera.
Su condición de detenida mientras se tramita el proceso, se ha dispuesto según normas procesales que le permiten al juez disponerla, sea porque entienda que puede presumirse su fuga o porque podría obstaculizar el trámite de la causa. Llama la atención que se considere en algún sector del Gobierno, que se correrá el riesgo de un costo político, por el alto impacto internacional que tendría el no cumplir con lo que se ha llamado el "mandato" de la ONU para que se la ponga en libertad.
En primer lugar, en lo referido al organismo del que proviene la supuesta orden, no se trata de una instancia jurisdiccional supraestatal, como lo sería una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisdicción internacional ha sido acatada por la Argentina al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos. No es una cuestión en la que se ha expedido un tribunal internacional, con competencia para entender en presuntas violaciones de los derechos humanos por nuestro estado.
Además, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, del que emana la "orden", es un cuerpo creado en 1991 por la Comisión de Derechos Humanos, hoy Consejo de Derechos Humanos, cuya función es la de investigar los casos de detención arbitraria, recibir información de los gobiernos, de organizaciones y de personas interesadas, y presentar un informe al referido Consejo. Ninguno tiene poder decisorio vinculante. Solamente pueden formular recomendaciones, opinar sobre los casos en los que intervienen, valorar las situaciones, pero no deciden ni mucho menos tienen facultades sancionadoras. No pueden emitir un "mandato" al Gobierno.
En el año 2007, el Consejo decidió (Resolución 6/4) impartirle al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, entre otras directivas: recabar y recibir información de los gobiernos, organizaciones y particulares; actuar con arreglo a la información que se haya señalado, sobre casos de detención arbitraria enviando llamamientos urgentes a los gobiernos para aclararlos; realizar misiones sobre el terreno por invitación del Gobierno, a fin de comprender mejor las situaciones. Además, lo alentó para que "coopere y dialogue con todos los interesados ... y en particular con los Estados que proporcionen información a la que se haya de prestar la debida consideración".
Entendemos que en el caso de Milagro Sala, el Grupo de Trabajo cumplió con esa demanda de información a la Justicia de Jujuy, en un pedido de informes de 170 puntos, aunque desconocemos si fue respondido y si se le efectuó algún llamamiento al Gobierno para aclarar el caso. Como tampoco parece haberse requerido todavía por parte de éste, una "misión sobre el terreno".
La detención de Milagro Sala obedece a la decisión de un juez competente, que admite recursos dentro de la estructura institucional del poder judicial de un país soberano, pero que en modo alguno autoriza a un requerimiento para que el poder político del Estado intervenga para exigir la libertad, desconociendo el principio republicano de la división de poderes.
Y el supuesto mandato de la ONU, no es tal.

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