De la investigación que condujo el fiscal Eduardo Villalba surgió que la empresa proveedora de alimentos diferenciaba el servicio que le daba a los internos y al personal penitenciario. Se acreditó que en reiteradas ocasiones a estos últimos se les preparaba asado, llegando a contabilizarse un total de 789 kilos entre cortes de chinchulines, chorizo, morcilla y vacío. Ese contraste con "la deficitaria situación alimentaria, crónica y extendida que se acreditó entre los presos" tiene relación, a juicio de los fiscales, con un escenario "plagado de irregulares contrataciones millonarias gestionadas por las autoridades penitenciarias".

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